Tres migrantes declaran que trabajaban jornadas completas en la finca del expresidente de la COAG Rafael Hernández

Menores migrantes del centro Tagororhan declarado este jueves y viernes ante el juez que trabajaron jornadas laborales completas en la finca del expresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández Reyes, y les pagaron un salario de 25 euros por cada día de trabajo. El empresario está siendo investigado por un delito de trata de personas con fines de explotación laboral por presuntamente emplear a los adolescentes atendidos por la Asociación Oportunidades de Vida, que dirige su hija.

Los primeros testigos que acudieron el jueves son tres de los nueve menores que se encontraban en los terrenos de Hernández en el momento de la inspección policial. El viernes respondieron ante el magistrado Tomás Martín, que dirige la investigación, otros tres migrantes supuestamente explotados por el empresario y declararon en la misma línea.

Según sus relatos, solían salir a las siete de la mañana del centro, trabajaban hasta las 11 en la finca de papas y, tras una parada de 20 minutos, proseguían hasta las dos de la tarde. Después, hacían otro parón para comer y volvían a trabajar hasta las cuatro o cinco. Todo ello, presuntamente, bajo la tapadera de que estaban recibiendo una formación profesional práctica.

Iban en furgones de la asociación

Los menores aseguraron que quienes les propusieron trabajar en la finca fueron los monitores del centro, supuestamente guiados por instrucciones de sus superiores. Cada mañana, conforme a sus versiones, se dirigían a las plantaciones en furgones de la asociación.

La causa que dirige la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria también investiga a la hija del expresidente de la COAG y directora del centro, Elisa Hernández; su marido y encargado de la finca, Cristian Ruano; el secretario de la COAG, Manuel Redondo; y la trabajadora social de la asociación, Cathy Godoy.

La única versión que ha dado hasta ahora Rafael Hernández es que los menores se encontraban realizando cursos de formación y que no se trataban de trabajos remunerados para favorecer a una única empresa. El programa en cuestión sí que existía y se desarrollaba junto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para impartir clases de agricultura a los menores, si bien la denuncia sostiene que en este caso los investigados se limitaban a explotarles en fincas particulares, con el consiguiente beneficio para el empresario.

Los testigos declaran que los monitores del centro los llevaban a una plantación por órdenes de sus superiores

Junto a la denuncia, se aportaron unas hojas de un cuaderno donde supuestamente se registraban las incidencias del día y se reflejaba si alguno de los menores iba al médico, si sufrían alguna dolencia o si salían a trabajar a las fincas. En ellas, se reflejaban por escrito las horas a las que los migrantes eran trasladados a la plantación del imputado y quiénes salían en cada ocasión.

La Inspección de Trabajo y la Policía de Extranjería se personaron en la finca del expresidente de la COAG el 20 de junio de 2023, donde encontraron a los menores supuestamente trabajando. Los agentes comprobaron que todos ellos pertenecían al centro Tagoror y se desplazaron hasta la entidad para entrevistarse con el personal, que aseguró que los jóvenes formaban parte de un programa de formación en agricultura.

El investigado trata de acreditar que se trataba de un programa formativo para favorecer la inserción

El denunciante, un extrabajador de la ONG, aseguró haber sufrido un "hostigamiento judicial fuerte y duro" tras poner los hechos en conocimiento de la Justicia. Pero la primera de las denuncias partió de un vecino de la propiedad de Hernández, que vio que acudían menores con frecuencia para trabajar en su plantación de papas.

Según señaló el denunciante después de testificar ante la fiscal de Extranjería, Teseida García, existen documentos y grabaciones de conversaciones entre Hernández y Redondo, el secretario ejecutivo de la COAG, en las que ambos reconocerían los hechos que se investigan.

El investigado afirmó en declaraciones a Efe, tras tener conocimiento de la denuncia, que no contrató "de manera ilegal a nadie" y se declaró "sorprendido" por haber sido objeto de investigación después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales. Aseguró que espera que el asunto se aclare cuanto antes, si bien al ser citado ante la Fiscalía se acogió a su derecho a guardar silencio.

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