Tener trabajo ya no basta: más de 560.000 personas viven en exclusión social en Canarias

Tener trabajo ya no garantiza estar al margen de la exclusión social. Para los canarios, la nómina ha dejado de ser el escudo que les ampara. Casi la mitad de la ciudadanía isleña sobrevive al filo de un gasto imprevisto (48,9%); hay familias que cumplen largas jornadas y no pueden pagar el alquiler, o jóvenes que acceden al mercado laboral con contratos temporales y anhelan independizarse como parte de una ficción inalcanzable. El nuevo Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias 2025, elaborado por la Fundación Foessa en estrecha colaboración con 12 Cáritas Diocesanas, revela que el 25,5% de la población de las Islas se encuentra en situación de exclusión social, una cifra que representa a más de 560.000 personas.

«No fallan las personas, falla el sistema», advierte Thomas Frederic Ubrich, sociólogo y principal impulsor de este diagnóstico en el que se alerta sobre la «cronificación de la vulnerabilidad». Dos décadas de crisis encadenadas han dejado «grietas» en la microeconomía difíciles de cerrar, entre las que está una tasa de exclusión social severa del 9,3%. Los logros en ocupación —la cifra de población activa se ha incrementado en Canarias en un 12,1% desde 2018—, acompañada del descenso del desempleo suponen factores que no bastan cuando los salarios pierden valor real y las políticas públicas no amarran «la estabilidad necesaria» para que el empleo constituya una verdadera protección.

Los más castigados, los que pagan alquiler

El encarecimiento de la vivienda ha vaciado de contenido la idea democratizada. Según el informe, constituye ya un «derecho fake» atravesado como principal factor de la desigualdad. La incidencia en el caso de los hogares en situación de exclusión social se extiende a algo más de cuatro de cada diez hogares (41,6%). El principal culpable de este fenómeno es el elevado precio de la vivienda en las Islas, que ha experimentado un incremento del 37,8% entre 2018 y 2024, superando el promedio del conjunto de España.

Esta presión económica ha provocado que unas 515.000 personas —el 23,1% de los canarios— vivan en situaciones de vivienda insegura o inadecuada, incluyendo casos de hacinamiento grave, insalubridad o tenencia precaria. De hecho, el 54% de los canarios considera que la administración pública debería garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Los altos precios de compra y alquiler, una oferta limitada por el empuje turístico y regímenes de tenencia precarios son los responsables del llamado «cuello de botella social», en el que más de 218.000 personas viven en situación de vivienda insegura y 342.000 en condiciones de infravivienda, como el hacinamiento, mala habitabilidad o incluso insalubridad, «afectando con más fuerza a hogares de origen extranjero encabezados por mujeres, familias numerosas y monoparentales». Según Ubrich, 122.000 hogares soportan un «sobreesfuerzo» que los conduce a la pobreza severa.

Si bien es verdad que el estudio refleja una recuperación macroeconómica, en Canarias se convive con una normalización de la precariedad y una expansión del «suelo frágil» que hace crecer las raíces de la exclusión social. Los aumentos salariales se disuelven ante la inflación y el salario medio en Canarias sigue por debajo de la media estatal en un 12,5%.

Por otro lado, el sistema de garantía de ingresos mínimos existe, pero no llega a todos sus posibles beneficiarios. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cubre un espectro inferior al de otras comunidades y la Renta Canaria de Ciudadanía, otra prestación económica a la que pueden acogerse los canarios, no compensa la brecha. «Más de la mitad de los hogares en pobreza severa señala no haber recibido información suficiente sobre el IMV. Es el conocido problema del non-take up. La prestación existe pero no llega efectivamente a quienes más la necesitan», subraya Ubrich.

Informe de la Fundación Foessa sobre exclusión y desarrollo social

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1 de cada 3 personas no acceden al Ingreso Mínimo Vital

Además, más de 186.000 hogares renuncian a medicamentos o a tratamientos por ausencia de recursos, mientras que un tercio de la población no puede costear atención odontológica necesaria y uno de cada cinco no adquiere gafas o audífonos imprescindibles. «Cuando enfermar implica empobrecerse y cuidarse depende de la capacidad de pago, el derecho de la salud pierde contenido y la exclusión se hace más profunda y persistente», denuncia el sociólogo. En Canarias, casi una de cada cuatro personas evalúa su salud física como regular o mala por encima del 20% estatal.

La soledad y el deterioro del apoyo social enquistan esta crisis. Más de 114.000 personas sufren aislamiento o algún tipo de conflicto relacional. Además, dos de cada diez hogares reconocen un empeoramiento en sus lazos cercanos y un 4% no tiene a nadie a quien recurrir ante una dificultad grave. «En familias en exclusión esta proporción se duplica y alcanza el 8%», matiza Ubrich.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2025, solo una tercera parte de la población (33,3%) disfruta de una situación de integración plena, una cifra sensiblemente inferior al 45% registrado a nivel estatal. Por el contrario, la integración precaria ha crecido hasta alcanzar al 41,1% de los canarios, lo que indica que una gran parte de la sociedad vive en una situación de equilibrio inestable, susceptible de caer en la exclusión ante cualquier crisis.

Los datos que desprende el informe revelan que el uso en exclusiva del Servicio Canario de Salud (SCS) ha caído cuatro puntos desde el año 2018. A cambio, la cobertura combinada de sanidad pública y seguro privado se ha duplicado pasando del 5% al 12% de la población. «Este modelo mixto no es para todos», avisa el sociólogo: lo utiliza el 15% de la población integrada, pero apenas el 5% de la población en exclusión. n

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