Zapata sobre la pérdida de fondos europeos: "No es que piense que va a llegar una solución, es que tiene que llegar"

El reloj corre hacia el 30 de abril y por el momento no aparece una solución para evitar que se evaporen cerca de 300 millones de euros de fondos Next Generation destinados a la descarbonización de Canarias. Una suma que permitirá poner «214 megavatios más de renovables» en el sistema eléctrico de las Islas, cantidad que lleva al consejero para la Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, a no contemplar un escenario distinto de la concesión de una prórroga de al menos un año.

De lo contrario, en menos de dos meses todos los proyectos que no estén ejecutados –autoconsumo o comunidades energéticas, en gran parte– perderán las subvenciones. En la actualidad, el Archipiélago tiene implementados en su sistema eléctrico «24o megavatios» de potencia renovable. El dato permite al consejero, que es quien lo aporta, sostener que la comunidad autónoma necesita los fondos para no perder la oportunidad de dar el «salto definitivo hacia la transición energética».

Groizard no vino

Ayer estaba prevista la visita a las Islas del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. Problemas de agenda de última hora impidieron su presencia para dar a conocer la asunción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) del proyecto de la central hidroeléctrica reversible de Güímar (Tenerife).

El Gobierno de Canarias espera que él o algún otro responsable del ministerio –la ministra Sara Aagesen también tuvo que suspender recientemente un viaje a Tenerife por los problemas que el temporal causó en Andalucía– aparezca pronto por las Islas con una solución. Zapata «no es que confíe» en que se produzca ese anuncio, «es que tiene que darse».

Más plazo para el IDAE

El propio Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que apadrina desde el ámbito estatal estos fondos, cuenta con más plazo para sacar adelante los proyectos que gestiona directamente. Entre ellos, los que se dirigen a la búsqueda de energía geotérmica de alta entalpía en el Archipiélago. El primero de los sondeos exploratorios ha arrancado este mismo mes en la localidad tinerfeña de Vilaflor. Esta autoconcesión de dos años más animó a Hernández Zapata a llevar hace meses a la Comisión Sectorial de Energía la solicitud. «Nos dicen que es inviable», señaló el consejero autonómico.

«El Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) es un plan basado en el cumplimiento de hitos y objetivos, que deben acreditarse mediante los mecanismos de verificación negociados con la Comisión Europea», señalan desde el IDAE. Y «la normativa europea vinculada al PRTR contempla la posibilidad de definir inversiones como instrumentos financieros, pudiendo ser gestionados por entidades públicas empresariales [como el IDAE], pero no por comunidades autónomas».

No hay solución sin pasar por Bruselas

Y aquí estriba la dificultad. Mientras que el IDAE tiene un resquicio por el que colarse para disponer de más tiempo, cualquier decisión en el mismo sentido para las comunidades autónomas requiere de la negociación y posterior autorización de Bruselas.

A favor de Canarias juega el hecho de que no está sola. El consejero Hernández Zapata mantuvo ayer una conversación con su homólogo balear. «Están en la misma línea y trabajando con nosotros porque tienen la misma preocupación», expuso. Los dos territorios insulares españoles merecieron una especial atención en el reparto por las especiales dificultades que presenta para ellos alcanzar el objetivo de la descarbonización. «En el reparto nos tocaron a Canarias 150 millones en un principio y, finalmente, 301», detalló Zapata; «gestionamos el triple de fondos que cualquier comunidad autónoma».

Circunstancias especiales

Además, tanto desde el ámbito público como del privado se comparte la queja de no haber visto atendidas sus especiales circunstancia a la hora de fijar los plazos. Las organizaciones del sector del metal de ambas provincias lamentan que nadie se parara a pensar que la relación con los proveedores no es la misma que la de las empresas que están en el continente. Los plazos para la entrega de materiales, por ejemplo, es mucho mayor en el caso de Canarias.

«Más de 265 millones de euros están en juego», lo que, según los representantes empresariales se traducirá en pérdida de negocios y empleo. «Les están negando una ampliación de plazo que ellos se han dado para sí», insistió el consejero de Transición Ecológica y Energía autonómico. Un problema que afecta asimismo a «administraciones públicas, incluso de su color político [PSOE], que también tocan en la puerta de esta consejería para saber qué hacen».

"Un atropello"

De ese modo se refirió Zapata a las comunidades energéticas impulsadas por cabildos y ayuntamientos. «Tenemos hecho el trabajo, no pedimos que amplíen el plazo para sacar nuevas líneas de subvenciones, para inventarnos algo, sino para poder ejecutar lo que ya tenemos concedido», enfatizó el consejero regional.

Faltan incluso profesionales para atender todas las instalaciones que demandan los beneficiarios de las subvenciones. Mano de obra especializada que tampoco es fácil de encontrar en el mercado laboral canario, a decir de los empresarios. El Archipiélago espera la llegada de la prórroga, lo contrario sería, en opinión de Zapata, «un atropello».

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