Ley del Suelo de Canarias: Tres juristas exclusivos para dar soluciones exprés a cabildos y ayuntamientos

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, afirmó hace un año en el Parlamento de Canarias que la Ley del Suelo de 2017-y que se pretende "actualizar" antes de fin de año- era un «buen texto, pero en algunos casos no fue operativo, se entendió poco y se aplicó menos» debido, sobre todo, a la maraña de pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, agilizar los trámites y, sobre todo, hacer "entendibles" sus principales herramientas.

Estos handicaps se pretenden solventar en la primera quincena de marzo, cuando la Consejería ponga en marcha la oficina jurídica –dotada con 224.000 euros– en la que tres expertos "resolverán de forma rápida todas las dudas concretas que tengan los técnicos de los 88 ayuntamientos y siete cabildos", tal y como asegura el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz.

Tal y como confirma, esta oficina se configura como "un órgano colegiado de asesoramiento jurídico especializado", sin carácter vinculante pero con valor interpretativo, "destinado a atender las consultas de las administraciones públicas que lo requieran".

El futuro órgano de asesoramiento especial no tendrá carácter vinculante pero sí valor interpretativo

Seguridad jurídica

"Esta función resulta esencial para garantizar la seguridad jurídica, la coherencia en la aplicación del marco urbanístico y territorial y el cumplimiento efectivo del derecho en estas materias", insiste el director general.

Se da así respuesta a una de las peticiones más recurrentes de los 700 técnicos de los 88 ayuntamientos y los cabildos que participaron en el proceso de escucha que llevó a cabo durante un año Política Territorial para redactar el nuevo texto legal.

Cruz asegura que en estos momentos ayuntamientos y cabildos –sobre todo los que tienen menos músculo administrativo– se "atascan", por falta de personal, en los procedimientos para aprobar el planeamiento general o una modificación sustancial o menor del mismo, así como adaptar los planes parciales y especiales de iniciativa pública de conformidad con la normativa urbanística y ambiental y "cualquier otra que resulte de aplicación".

Unificar criterios

"Todas las dudas que recibimos ahora las trasladamos, a su vez, a los técnicos de las distintas consejerías implicadas, lo que conlleva una sobrecarga de trabajo y que la respuesta se demore hasta dos meses, lo que retrasa la decisión que debe tomar la corporación local que nos consulta", afirma Cruz.

Con este nuevo servicio se busca "unificar criterios jurídicos en la interpretación" de la Ley del Suelo, "agilizar la tramitación de las consultas remitidas por las instituciones locales y garantizar la seguridad jurídica» en la aplicación de la normativa territorial y urbanística, así como la "homogeneización de criterios jurídicos".

'Tridente' de apoyo

Ahora la información quedará "canalizada de manera exclusiva a través de un personal específico con el fin de dar mayor eficacia a esta labor demanda por las administraciones locales". Con esta oficina,"los plazos se reducirán de forma radical a uno o dos días y, al tener una base de datos, si ya se ha solventado una consulta de forma previa, si otra corporación pide ayuda sobre la misma cuestión, se resolverá sobre la marcha", aclara el director general.

La asesoría jurídica, junto a la Oficina Virtual del Reto Demográfico (OVRD) y la oficina técnica de apoyo, forma parte del ‘tridente’ de respaldo a las corporaciones locales puesto en marcha por la Consejería de Política Territorial para "apoyar a cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias", concluye Cruz.

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