Una investigación interminable: la 'comisión covid' de Canarias prorroga su finalización hasta el 31 de julio

Nueva prórroga, la tercera, para finalizar los trabajos y aprobar las conclusiones de la comisión del Parlamento de Canarias que investiga las posibles irregularidades en las compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia. La nueva fecha decidida este lunes por la mesa de la comisión es el 31 de julio, nueve meses más tarde de la que se estableció al inicio de los trabajos de forma oficial: el 20 de octubre de 2025.

De esta manera, la investigación se alarga por más de dos años, toda vez que CC y el PP registraron su creación el 28 de febrero de 2024 y su sesión constitutiva se llevó a cabo el 20 de mayo de ese mismo año. Este retraso también impide que hasta otoño, cuando se reanude en septiembre el período de sesiones tras el paréntesis estival, no se aprueben por el Parlamento las conclusiones definitivas de la investigación.

Ya la comisión decidió a principios del pasado octubre prorrogar hasta el 31 de diciembre sus trabajos tras constatar el poco tiempo que restaba para conformar un documento final, que es bastante complejo y en el que no solo se dirimirán las responsabilidades políticas de lo sucedido, sino que se pretende consensuar la mayoría de las propuestas referidas a mejorar los mecanismos de control de las contrataciones públicas en futuras situaciones de emergencia prolongada, como fue la pandemia del año 2020. Una fecha que se volvió a incumplir y, por tal motivo, se activó una segunda prórroga hasta el 31 de marzo que, de nuevo, los ponentes han considerado que no es factible.

Estafa agravada y blanqueo de capitales

Tras esta nueva prórroga se encuentra la petición del PSOE de solicitar "ampliación de información" a la Agencia Tributaria Canaria (ATC) sobre las "actuaciones que han supuesto un reintegro efectivo o embargo de cantidades económicas, especificando las cuantías recuperadas" respecto al contrato de cuatro millones de euros adjudicado por el SCS a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que nunca llegaron a Canarias.

Esta presunta estafa fue la que dio lugar al ‘caso Mascarillas’ y motivó que la Fiscalía Anticorrupción dictaminara que el administrador de RR7, Rayco Rubén González -investigado por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales- había "creado un entramado societario para el blanqueo de capitales tras el cobro de cuatro millones de euros al SCS por un millón de mascarillas que jamás se entregaron".

Los socialistas, que ya pidieron esta información a la ATC al inicio de los trabajos, en mayo de 2024, consideran que ha pasado tiempo más que suficiente para conocer qué ha hecho el organismo en estos dos últimos años para recuperar el dinero presuntamente estafado al Gobierno canario por González, sobre todo porque la directora del organismo, Raquel Peligero, aseguró en su comparecencia parlamentaria de enero de 2025 que al ser un caso de especial importancia, por el montante que hay pendiente, "no nos podemos permitir que prescriba".

Aunque en aquella comparecencia Peligero no desveló si ya se ha recuperado parte de los cuatro millones de euros, la ATC tiene "herramientas jurídicas" para cobrar pese a que existen "auténticos maestros en la ocultación del patrimonio".

Embargo de bienes

Por ello, los socialistas exigen conocer las "actuaciones que han supuesto un embargo de bienes, especificando los documentos de tasación y las cuantías estimadas de valoración".

Para los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI), a los que se une Vox, la responsabilidad política de los contratos fraudulentos está clara: el expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres y los exconsejeros de Sanidad Julio Pérez y Blas Trujillo.

Para el PSOE y NC-Bc, los dos grandes socios del gobierno del' pacto de las flores', la lectura es bien distinta: bajo una presión extraordinaria, el Gobierno de Canarias actuó movilizando recursos en tiempo récord para garantizar la protección de los profesionales sanitarios y de toda la ciudadanía y fueron otros los que se aprovecharon de la situación para llevar a cabo presuntas estafas al erario público.

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