Cambios en la adjudicación de vivienda pública en Canarias: ¿Cuáles son los nuevos criterios?

Cambios en el sistema de acceso a la vivienda pública en Canarias. El Consejo de Gobierno aprobó este lunes el nuevo decreto que regula la inscripción y adjudicación de vivienda protegida en el Archipiélago, una norma que pone fin al sistema de sorteo -que existía hasta ahora- y lo sustituye por un modelo de baremación basado en criterios sociales y económicos. El orden de las solicitudes dependerá ahora de un sistema de puntuación que tendrá en cuenta los ingresos de la unidad familiar, la necesidad de acceso a la vivienda y las circunstancias personales, familiares y de residencia.

Nuevo modelo de baremación para el acceso a la vivienda pública en Canarias

Del primer bloque dependerá un 35% de la puntuación y se priorizará a quienes tienen menor capacidad económica dentro de los límites establecidos para acceder a la vivienda protegida. Unos límites de ingresos que se establecen en hasta 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el caso de viviendas protegidas íntegramente públicas, es decir, hasta 21.000 euros anuales; y en hasta cinco veces el Iprem para el caso de viviendas protegidas privadas, esto es, 42.000 euros al año. Hay que precisar, eso sí, que este último límite se eleva hasta seis veces el Iprem en determinados casos, como los de familias numerosas.

Otro 35% dependerá de la necesidad de acceso a la vivienda. Se valorarán situaciones que acrediten mayor urgencia habitacional y tendrán prioridad perfiles como personas sin hogar, que se encuentran en procesos de desahucio o víctimas de violencia de género. Y el último 30% dependerá de factores sociales y familiares. Personas con discapacidad o dependencia, personas en situación de vulnerabilidad, familias numerosas o monoparentales, son solo algunos de los perfiles que obtendrán mayor puntuación.

Otra de las principales novedades del decreto es la introducción de un requisito de arraigo para optar a una vivienda pública en el Archipiélago. El texto establece la obligación de acreditar al menos doce años de residencia continuada en Canarias o quince en caso de residencia discontinua. El Ejecutivo autonómico defiende que esta medida busca garantizar que el parque público beneficie prioritariamente a quienes viven de forma estable en las Islas. De fondo, cabe recordar, late la batalla política y jurídica que ha emprendido el Ejecutivo autonómico para que, en última instancia, la Unión Europea permita que se limite la compra de casas por extranjeros en el Archipiélago.

Vivienda pública en Canarias "más justa"

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno que el objetivo es introducir un mecanismo "más justo y más objetivo" para asignar los inmuebles del parque público. "Buscamos garantizar el arraigo y, en definitiva, que la vivienda pública en Canarias sea para los que viven aquí", aclaró el consejero sobre los nuevos criterios.

El decreto también amplía los cupos reservados a determinados colectivos en cada promoción de vivienda protegida. La cuota destinada a jóvenes -menores de 35 años- aumenta del 5% al 20%, mientras que el porcentaje reservado para mayores de 65 años y para personas con limitaciones funcionales se eleva del 5% al 10%.

La norma, que previsiblemente se publicará este martes en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor de forma inmediata, modifica también el funcionamiento del registro de demandantes. Hasta ahora, los interesados debían solicitar cita previa, acudir presencialmente y aportar toda la documentación exigida para formalizar la inscripción. El nuevo modelo permitirá completar el proceso de manera telemática mediante una declaración responsable. La documentación se verificará posteriormente, en el momento en que el solicitante resulte adjudicatario o esté en disposición de recibir una vivienda. Según el consejero, se trata de adaptar el procedimiento “a los tiempos actuales” y simplificar el acceso al registro.

Plazas de garaje

En paralelo, el decreto regula por primera vez el procedimiento de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos asociados a las viviendas públicas. El consejero recordó que gran parte del parque construido hace décadas no disponía de aparcamiento, pero las nuevas promociones sí lo incorporan de forma habitual.

La norma también introduce referencias a nuevos modelos constructivos, como la vivienda prefabricada, industrializada o modular, que hasta ahora no estaban contemplados en la regulación autonómica. "Estos sistemas pueden facilitar la construcción de viviendas de forma más rápida y eficiente en los próximos años", apuntó Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo