Las agresiones a médicos alcanzan 68 casos en 2025 en la provincia de Las Palmas

El Colegio de Médicos de Las Palmas y el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria han firmado un acuerdo de colaboración para mejorar la atención judicial a los facultativos que denuncian agresiones, en un contexto en el que en 2025 se registraron 68 casos en la provincia, según los datos presentados este lunes por la institución colegial. De la totalidad, solo 12 fueron intervenidos por la policía.

El convenio busca reducir la revictimización de los médicos cuando deben acudir a los juzgados y facilitar que puedan denunciar estas agresiones sin que el proceso judicial suponga una carga añadida. La presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, advirtió de que los casos registrados representan solo una parte del problema. «Esto es la punta del iceberg, porque sabemos que hay muchas agresiones que no se denuncian», señaló.

Acompañamiento y orientación

El acuerdo establece un sistema de coordinación directa entre la asesoría jurídica del Colegio y el decanato del tribunal para organizar la comparecencia del profesional agredido en la Ciudad de la Justicia. Entre las medidas previstas figura el acompañamiento y orientación el día de la citación, la posibilidad de fijar señalamientos a primera hora para evitar esperas y la concentración de diligencias en una sola jornada, de modo que el médico no tenga que acudir varias veces a los juzgados.

El presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, explicó que el objetivo es «hacer un poco más humano el tránsito del profesional médico víctima por el juzgado». Según indicó, la iniciativa no requiere recursos adicionales y se basa principalmente en coordinación y voluntad institucional. «Detrás de cada número de procedimiento hay una persona», afirmó, al subrayar que el sistema judicial no debe perder de vista ese componente humano.

El proyecto, que se plantea como una experiencia piloto, también pretende fomentar que más profesionales denuncien las agresiones. Avello apuntó que facilitar el proceso puede generar un efecto similar al observado en otros ámbitos judiciales especializados: «Es más fácil dar un paso que no suele ser sencillo cuando sabes que lo que va a venir después es más amable y más humano».

Cifras de agresión a sanitarios

Los datos presentados por el Colegio de Médicos reflejan que en 2025 se registraron 68 agresiones a facultativos en la provincia de Las Palmas, una menos que el año anterior. De ellas, el 23 % provocó baja laboral. Más de la mitad de las víctimas fueron mujeres. Según explicó Hernández, el 54 % de los profesionales agredidos eran médicas, un dato que, a su juicio, evidencia que «hay un componente de género clarísimo”. Además, el grupo de edad más afectado se sitúa entre los 46 y 55 años, con un 38% de los casos.

En cuanto a la distribución territorial, el 71 % de las agresiones se produjo en Gran Canaria, el 23 % en Fuerteventura y el 6 % en Lanzarote.

El ámbito hospitalario concentra la mayor parte de los incidentes. El 40 % de las agresiones ocurrió en hospitales, seguido de Atención Primaria (22 %), urgencias hospitalarias (16 %) y urgencias de Atención Primaria (15 %), mientras que otros ámbitos, incluido el privado, representan el 7 % restante.

En cuanto a la tipología de los ataques, el 93 % corresponde a amenazas o coacciones y el 7 % a acoso. Además, el Colegio destacó que el 57 % de las amenazas o coacciones fueron sufridas por médicas.

Perfil del agresor

Los datos también muestran un cambio en el perfil del agresor. Mientras que en años anteriores predominaban los familiares del paciente, actualmente en la mayoría de los casos se trata del propio enfermo. De hecho, el 85 % de las agresiones fueron cometidas por pacientes con citas no programadas, frente al 15 % atribuido a acompañantes. El motivo declarado en todos los casos registrados está relacionado con discrepancias con la atención médica recibida.

Para Hernández, las agresiones no solo afectan al profesional, sino que repercuten en el funcionamiento del sistema sanitario. La presidenta del Colegio alertó de que, tras un episodio violento, el médico puede comenzar a trabajar en estado de alerta permanente y adaptar su forma de ejercer. «Cuando hay una agresión, la consulta cambia», afirmó.

Ese proceso, explicó, puede derivar en una práctica de «medicina defensiva», en la que el facultativo intenta anticipar conflictos, mide sus palabras y evita determinadas situaciones. «La consulta pierde naturalidad, se empobrece la comunicación clínica y se debilita la confianza en la relación médico-paciente», advirtió.

Medidas institucionales como respuesta a las agresiones

El Colegio recordó además que la respuesta institucional frente a las agresiones se ha reforzado en los últimos años con diferentes medidas, como la creación en 2012 de un protocolo interno de asesoramiento jurídico y acompañamiento a los profesionales, la consideración de estas agresiones como delito de atentado desde 2015 o la incorporación en 2017 de la figura del interlocutor policial sanitario.

Con el acuerdo presentado esta mañana, ambas instituciones pretenden completar ese sistema de protección mejorando el recorrido judicial de los profesionales que deciden denunciar. Hernández insistió en que la violencia en el ámbito sanitario no es solo un problema individual: «Es una amenaza directa a la calidad asistencial y a la confianza en la relación médico-paciente».

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