Dos mandos de la Policía Canaria niegan ante el juez el acoso laboral a una agente

Dos de los cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía Canaria investigados por acosar a una agente negaron este martes los hechos de los que se les acusa durante su declaración ante el magistrado instructor, Florencio Barrera Espinel, y defendieron que su actuación no es constitutiva de ningún delito. Mientras tanto, el inspector señalado por agresión sexual se ha acogido a su derecho a guardar silencio hasta escuchar la versión de la denunciante y precisar qué ilícitos se les atribuye a cada uno de los superiores.

La denuncia relata tocamientos no consentidos con connotación sexual después de una práctica de tiro en abril de 2025. La oficial tenía puesto un chaleco antibalas cuando su jefe, identificado con las iniciales A. N. A., se acercó para colocarle un parche de identificación en el pecho izquierdo, a la altura del seno, en dos ocasiones. Este contacto se habría producido en presencia de una decena de funcionarios.

Además, la agente atribuye a los investigados, entre los que también se encuentran los oficiales J. P. V., F. M. P. y H. R., prevaricación administrativa y discriminación laboral por razón de sexo. Relató una situación de exclusión en el entorno laboral, con comentarios degradantes y menosprecios públicos. Esta situación, según alega, habría derivado en una revocación del destino "injusta" tras reincorporarse de una baja médica.

La denuncia habla de tocamientos no consentidos tras una práctica de tiro

La Dirección General de Seguridad emitió un comunicado el 20 de febrero en el que informaba de que había abierto una investigación contra estos mandos, aunque no precisaba los presuntos ilícitos. En ese momento, la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias precisó que la causa gira en torno a un supuesto acoso laboral a una agente y días después confirmó que la denuncia admitida a trámite por la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria incluye, además, otros tres delitos.

El juez decretó que las actuaciones, que se encuentran en fase de diligencias previas, tienen carácter reservado y tiene previsto tomar declaración en los próximos días al cuarto investigado, que se encontraba de viaje.

Medidas preventivas

El cuerpo autonómico tuvo conocimiento de los hechos el 10 de febrero tras recibir un correo electrónico en el que se identificaban las fechas señaladas por el juez para las comparecencias. En ese momento, dieron traslado a la Unidad de Planificación de Asuntos Internos para acordar las medidas preventivas necesarias para no interferir en las pesquisas.

La Dirección General recabó la información disponible sobre este asunto y acordó el traslado de los cuatro mandos a otra unidad para garantizar que no coincidan en el mismo espacio ni horarios que la denunciante. Por otro lado, el Gobierno de Canarias evalúa la posibilidad de personarse en la causa en caso de que las acciones supuestamente ilícitas hubiesen tenido lugar durante la prestación del servicio.

El juez investiga si incurrieron en prevaricación y discriminación por razón de sexo

Más allá de estos hechos, la Policía Canaria archivó los escritos presentados por vías internas por dos agentes debido a la vulneración del derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del Cuerpo.

Una vez abierto el trámite de información reservada, el cuerpo inició las actuaciones y Asuntos Internos emitió un informe de conclusiones, según informa el Gobierno autonómico. Esta parte asegura que en las resoluciones se les dio "respuesta detallada, en tiempo y forma" de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y de los que pueden tener conocimiento.

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