Domínguez vigilará los precios del fuel para sancionar las subidas artificiales

La vertiginosa e inmediata subida del precio de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio del Archipiélago, sin que casi haya dado tiempo a que los efectos de la guerra en Irán y del cierre del estrecho de Ormuz se pudiesen percibir en las Islas, donde el producto que viene sirviéndose ya estaba almacenado en Canarias cuando estalla el conflicto, ha despertado las sospechas del Ejecutivo canario. En apenas doce días desde el inicio del conflicto, la gasolina 95 ha escalado ya un 8,4% y casi un 12% el gasóleo. O lo que es lo mismo, los conductores isleños pagan ya diez y 14 céntimos más por litro al repostar.

El incremento ha sido tan notable y en un tiempo récord que la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias ha encargado a la Dirección General de Comercio y Consumo –el organismo encargado de velar por el respeto a los derechos de los consumidores-- un informe en el que se analice el encarecimiento “inmediato” de los precios del combustible en Canarias tras el estallido de la guerra de Irán.

El ascenso ha extrañado por su velocidad y el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Manuel Domínguez, señaló que resulta “sorpresivo que justo el mismo día del inicio del conflicto suban los precios en el Archipiélago”. Además, añadió que “esta subida inmediata supone una anomalía, nunca había ocurrido, y por esta razón hemos encargado un expediente para determinar las causas”. Tanto es así, que durante la guerra de Ucrania --un conflicto que también afectó al precio del crudo-- tuvo que pasar casi un mes para que los surtidores de las gasolineras de las Islas anotasen un alza de tal calibre. Algo más habitual, ya que sí que constituye un tiempo prudente para que los distribuidores hayan tenido que aprovisionarse de más producto afectado ya por el ascenso de los precios en tiempos de carestía.

Sanciones

Ante lo sospechoso de la inmediatez de esos ascensos, el Gobierno regional aseguró este jueves que no le temblará el pulso si es necesario aplicar sanciones. "Si se demuestra que hubo alguna conducta irregular o de abuso de poder, actuaremos en consecuencia. Daremos traslado del expediente al Consejo Canario de la Competencia, que concluirá lo que ha ocurrido”, manifestó Domínguez.

El vicepresidente no quiso dejar de señalar que, en un contexto en el que se esperan subidas de precios, el coste de la gasolina supone uno de los mayores gastos básicos que deben hacer muchas familias canarias, además de que constituye un coste determinante para la actividad de infinidad de empresas del Archipiélago. Por eso, sostuvo, el Gobierno no puede dejar pasar esta situación y recordó que ya se han establecido sanciones anteriores, no por subidas de precios en las gasolineras, pero sí por los diferentes apagones, por ejemplo, que se han producido en los últimos años en las Islas.

Ante la previsión de que el conflicto se extienda en el tiempo y siendo conscientes de que, aunque finalizara ya, sus efectos se dejarían sentir durante muchos meses, las administraciones públicas maniobran ya para tratar de paliar sus efectos en el bolsillo de los ciudadanos y en los resultados de las empresas. En este sentido, el Gobierno de Canarias está manteniendo reuniones con las patronales del sector para estudiar "de manera quirúrgica" qué medidas podemos adoptar. Asimismo, Domínguez destacó que si el Ejecutivo central “nos permite endeudarnos o flexibilizar la regla del gasto, aunque sea de forma temporal, tendremos margen de maniobra para tomar medidas y aliviar a la ciudadanía canaria”. Una maniobra que, al menos por el momento, no cuenta con el beneplácito de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno de Canarias, a través de la petición de la celebración de una Conferencia de Presidentes con motivo de la guerra de Irán, quiere coordinarse con el Estado para tratar de evitar duplicidades en las medidas que se deben aplicar, con el objetivo de multiplicar su efecto.

Desde otras administraciones, como el Cabildo de Gran Canaria, su presidente, Antonio Morales, señala también que la actual situación refuerza la necesidad de que el Archipiélago potencie su soberanía energética, lo que tendría un impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

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