Última oportunidad para que los negocios acrediten las ‘ayudas covid’: Canarias revisa el pago de 36 millones pendientes

Las empresas y autónomos que recibieron las ayudas directas para hacer frente a los estragos de la pandemia en el año 2021 afrontan una última oportunidad para justificar los fondos concedidos dentro del proceso administrativo todavía abierto por el Gobierno canario.

Aunque la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica ya ha resuelto el grueso de los expedientes, aún permanecen sin finalizar procedimientos por 36 millones de euros. Una bolsa económica que sigue pendiente de revisión, resolución o reintegro, de modo que no toda esa cantidad será justificada, si bien este proceso es la última oportunidad real que tienen estas empresas y trabajadores por cuenta propia para acreditar el destino de los fondos públicos antes de que la Consejería de Economía cierre definitivamente los expedientes que todavía están en proceso de revisión.

12.700 expedientes y 1.200 millones

Si bien es cierto que el plazo para presentar la justificación finalizó el 31 de marzo de 2022 para la totalidad de los 12.754 expedientes de ayuda que se solicitaron –por un total 1.270 millones de euros–, la Dirección de Promoción Económica sitúa en el 31 de marzo de este año la fecha en la que prescribirá el derecho de la Administración para reconocer o liquidar el reintegro en esos casos. Este calendario refuerza la presión sobre los expedientes que aún no han sido resueltos de forma definitiva, ya que es en este tramo final donde las empresas se juegan acreditar que cumplieron las condiciones exigidas o verse arrastradas a devolver las ayudas que consiguieron.

El 31 de marzo prescribe el derecho a liquidar reintegros en los expedientes que están todavía en revisión

Alexis Oliva, director general de Promoción Económica, aclara que "no se abre un proceso administrativo extraordinario para que se justifiquen las ayudas, sino que las empresas tienen la posibilidad de presentar la documentación antes de que se concluya el procedimiento".

Pagos a proveedores, deudas y sueldos

"Eran ayudas, sobre todo, para poder pagar a proveedores, deudas contraídas con los bancos o los sueldos de los empleados, que no se podían abonar porque la actividad empresarial cayó como consecuencia de la pandemia", recuerda el director general.

Oliva afirma que en estos momentos hay 112 expedientes con la categoría de "reintegro total pendiente de inicio" –por 16,5 millones–, otros 43 expedientes catalogados como "justificados pendientes de resolución" –10,4 millones– y 21 expedientes más en fase de revisión, sin catalogar, por un valor de 6,3 millones.

Es, por tanto, la última oportunidad para presentar la documentación, atender requerimientos y defender la justificación de las ayudas antes de que la Administración dé el paso hacia la liquidación de reintegros. No se trata ya de una fase más, sino del momento en que se decide qué expedientes quedan definitivamente validados y cuáles son las cuantías que al final tienen que ser devueltas.

La consejería de Manuel Domínguez dio salida a ocho de cada diez euros concedidos con cargo a la subvención

Ayudar a las empresas

"Desde el Gobierno queremos ayudar a todos los que están en esta situación", insiste Oliva.

En total, se han resuelto expedientes por valor de 1.093,4 millones de euros, lo que equivale al 86% del total concedido, es decir, la Consejería que pilota el vicepresidente Manuel Domínguez ha dado salida a más de ocho de cada diez euros concedidos dentro de esta línea extraordinaria de apoyo a empresas y autónomos como consecuencia de la pandemia.

Polémica con el 'pacto de las flores'

La polémica sobre las ‘ayudas covid’ concedidas por el Gobierno del pacto de las flores se desató en diciembre cuando el vicepresidente Domínguez desveló, en un foro organizado por las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias –El Día y La Provincia / DLP–, que el actual Ejecutivo que preside Fernando Clavijotuvo que "pagar 116 millones que no fueron abonados por el anterior gabinete y, además, durante todo el año 2024 nos tuvimos que enfrentar a desembolsar, por sentencias judiciales, 72 millones de euros más a empresas que habían quedado fuera de las ayudas pero que los tribunales dictaminaron que tenían derecho a las mismas".

Frente a ese relato, la exconsejera socialista Elena Máñez sostuvo que el problema no nace ahora y que el anterior Ejecutivo ya dejó la gestión administrativa en marcha y que la tramitación de estas ayudas fue "rápida, eficaz y transparente" , pues el 'pacto de las flores' dejó resueltos y contestados 435 recursos, así como los eventuales reintegros previstos en la normativa.

La socialista recordó que la obligación de reintegrar ayudas cuando no se justifican correctamente no es una decisión política nueva, sino una exigencia legal ya contemplada en la propia convocatoria de ayudas.

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