Canarias amarra en la futura ley de Costas el control del mar y ordenar el uso turístico del litoral

La futura Ley de Costas de Canarias se erige en una apuesta "de máximos" en la defensa del autogobierno, según Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del espacio marítimo. El Ejecutivo aspira a asumir todas las competencias que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de 2018, muchas de las cuales siguen bajo la tutela del Estado, pese al traspaso de Costas de 2022.

El texto que prepara la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad busca el control sobre su mar, ordenar el uso turístico del litoral y los núcleos urbanos, además de gestionar los cánones del dominio público marítimo-terrestre.

Exposición pública

Este proceso ha arrancado ya con la exposición pública previa del informe que define los objetivos de la norma, abierto a la ciudadanía desde el pasado lunes y durante un mes.

El objetivo es recabar aportaciones de ciudadanos, administraciones y sectores implicados antes de redactar el borrador del anteproyecto de Ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias, que será posteriormente sometido a un nuevo proceso participativo. El Ejecutivo espera que la norma salga adelante en esta legislatura.

Control sobre el mar

Uno de los pilares fundamentales de esta ley es la gestión integral de la denominada "lámina de agua" o espacio marítimo, explica Antonio Acosta. Tradicionalmente, se ha pensado en el litoral solo como tierra, olvidando que Canarias tiene “más mar que tierra” y que ese espacio forma parte de su realidad territorial, añade.

La ley pretende ordenar actividades que hoy se enfrentan a una compleja tramitación con el Estado, desde usos recreativos hasta proyectos ambientales o energéticos, como la eólica marina. “Cuando tocamos la lámina de agua tenemos muchos componentes ahí y estamos en una batalla continua con El Estado", explica.

Turismo

En cuanto al turismo —que representa en torno al 80% del PIB en Canarias y se concentra en la costa— la filosofía de la ley es mejorar la calidad de las instalaciones existentes. Esto abarca desde los servicios de temporada en las playas, como quioscos, hamacas y sombrillas, hasta la remodelación de infraestructuras hoteleras que ya ocupan el litoral, aunque no se cierra la puerta a nuevas construcciones.

Cánones

El conflicto económico es otro de los grandes puntos de fricción. Actualmente, el Estado recauda el 100% de los cánones por la ocupación del dominio público marítimo-terrestre —hoteles, concesiones o negocios en playas— mientras Canarias asume los costes de gestión tras los traspasos de competencias. Según Acosta, esta recaudación ronda los 16 millones de euros anuales, frente a una inversión estatal “prácticamente nula”, que apenas llega al millón de euros, mientras la comunidad soporta gastos de gestión de más de dos millones.

Núcleos costeros

Respecto a los núcleos costeros, la ley busca equilibrio. El Gobierno trabaja en un censo para identificar asentamientos con valor patrimonial que puedan mantenerse, frente a situaciones ilegales que deberán revisarse. “No podemos plantearnos echar todo para atrás”, advierte Acosta.

Un proceso participativo

El proceso será participativo. Tras esta fase inicial, el Gobierno elaborará un borrador y volverá a abrirlo a aportaciones. También prevé reunirse con la Fecam, la Fecai, departamentos de planificación y sectores económicos, además de organizar un foro en Canarias con otras comunidades autónomas. El objetivo es que la norma entre en el Parlamento en 2026, aunque el calendario dependerá del volumen de aportaciones.

En paralelo, se mantiene un frente común con regiones como Galicia, Cantabria o Baleares para reclamar cambios en la ley estatal de 1988, especialmente en cuestiones como el canon o las concesiones.

Antonio Acosta sostiene que esta ley ha quedado obsoleta porque la realidad de las comunidades autónomas, la morfología del litoral y las relaciones socioeconómicas han cambiado drásticamente desde entonces.

Tribunales

El precedente de otras comunidades que ya han aprobados sus propias leyes anticipa un posible recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional. Aun así, el Ejecutivo lo tiene claro. “Nuestra ley va a ir a máximos”, insiste Acosta. Y, si no hay acuerdo, el conflicto volverá a resolverse donde ya ha ocurrido otras veces: en los tribunales.

Conflictividad permanente con el Estado

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, sostiene que esta ley busca "acabar con la conflictividad permanente" con la Dirección General de Costas del Gobierno de España. Desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía en 2018, la relación con el Estado ha sido tensa, especialmente tras el traspaso en Costas en 2022 que el consejero califica como "absolutamente insuficiente, cicatero e incluso contrario a la ley".

Rodríguez remarcó que el Estado se reservó competencias que deberían ser exclusivas de la Comunida Autónoma, tratando de ir más allá del marco legal. Como ejemplos de esta "invasión", el consejero señaló la apertura de expedientes de derribo en poblaciones costeras con décadas de antigüedad y la interferencia estatal en concesiones de hoteles en Fuerteventura.

En este último caso, se trata de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica sobre la caducidad de la concesión y, por tanto, del eventual derribo del hotel Riu Oliva Beach en las Dunas de Corralejo (Fuerteventura), un asunto que aún está judicializado.

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