Desarrollo autonómico
Canarias blande el Estatuto ante el portazo del Estado a la cogestión aeroportuaria
El Gobierno de Clavijo mantiene la baza del artículo 161 de la máxima norma autonómica aprobada por las Cortes en 2018

Pasajeros en uno de los aeropuertos de Canarias. / Juan Carlos Castro

El 10 de abril se celebrará una reunión técnica, que no política, entre Canarias y el Estado para abordar una de las principales reivindicaciones de la Comunidad Autónoma: participar, junto a la empresa semipública Aena, de la cogestión de los aeropuertos del Archipiélago. Un cónclave que comienza mal, pues desde el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente se apresuraron a manifestar fuentes oficiales que "se podría establecer un instrumento de colaboración, coordinación y participación en materia aeroportuaria", pero nunca la cogestión.
La baza del contraataque de Canarias es "el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, la máxima norma del Archipiélago, aprobada por las Cortes, y que no puede interpretar un técnico del Ministerio, sino el Tribunal Constitucional", afirman desde Presidencia y la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
"Vamos a esperar al 10 de abril y a ver qué se pone sobre la mesa, pero no vamos a confrontar con el ministro Puente sobre la base de unas declaraciones que en este caso él no ha hecho personalmente", insisten.

Fernando Clavijo saluda al presidente de Aena, Maurici Lucena, en 2025. / Acfi Press
Rebajar la tensión
Desde el Gobierno que preside Fernando Clavijo se quiere rebajar la tensión, precisamente, porque las manifestaciones no vienen de forma directa del ministro Puente, sino de su "entorno", y consideran que son "una interpretación que ha hecho algún técnico de su gabinete sobre el Estatuto de Autonomía que es ajena al espíritu de la norma".
El Ministerio de Puente solo ofrece "cooperación en conectividad, planificación y medio ambiente"
Este análisis, añaden, es "el que de forma tradicional ha mantenido el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena" y los antecesores de Puente en el Ministerio, tanto Íñigo de la Serna (PP) como los socialistas José Luis Ábalos y Raquel Sánchez.
De hecho, ya el pasado mes de febrero, en el Parlamento, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, afirmó que "Lucena habla más en nombre del 49% de los accionistas privados que componen el consejo de administración del ente aeroportuario, a los que defiende" y lamentó que el Ministerio, "que representa el 51% de la empresa", no se imponga.

El consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, en una intervención en el Parlamento. / Álex Rosa
Conflicto competencial
"Es el mismo mensaje que lanzan cuando se pide que se cumpla el Estatuto, ya sea con la Ley de Costas o con las tasas aeroportuarias que aplica Aena", insisten.
Una tesis que ya avanzó el propio viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, tras la reunión que celebró el martes el Consejo de Gobierno y donde dio cuenta de la reunión prevista para abril: "nuestra línea roja es participar de las decisiones que se tomen en Aena con respecto a los aeropuertos canarios, tal y como dice el artículo 161 del Estatuto".
El Ejecutivo de Clavijo cree que el Estado no quiere que el conflicto acabe ante el Tribunal Constitucional
"No creo que quieran que esto acabe en un conflicto ante el Constitucional", afirman en la Consejería que dirige Rodríguez.
Fue el presidente Clavijo el último en hacer declaraciones al respecto, cuando en el Parlamento, y en el escenario del debate sobre el 'decreto Canarias', propuso "una cogobernanza similar a la de las Autoridades Portuarias".

Pasajeros en uno de los aeropuertos de Canarias. / José Pérez Curbelo
Carácter consultivo no decisorio
Pero, además del Estatuto, ahora se une el acuerdo suscrito el lunes entre el Estado y Euskadi, aunque tanto desde Transportes como el propio Lucena salieron de forma rápida a rebajar las expectativas. "No se ha pactado una cogestión aeroportuaria real, sino un instrumento de coordinación institucional dentro del marco legal vigente", aseguraron las fuentes ministeriales.
"En esa misma línea se puede avanzar en otros territorios, pero no en otras", insistieron desde Transportes.
Por su parte, el presidente de Aena, en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informó de que el acuerdo entre los gobiernos español y vasco "no supone una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena", al tiempo que recordó que la participación de las autonomías contemplada en la legislación de 2014 tiene "carácter consultivo y no decisorio".
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