Canarias reduce papeleos y permite a los pequeños autónomos liquidar el IGIC solo una vez al año

Menos papeleo y burocracia. Los pequeños autónomos canarios pueden eliminar de su lista de tareas las declaraciones trimestrales del IGIC. El Gobierno de Canarias anunció esta mañana una nueva medida que beneficiará a los trabajadores por cuenta propia de las Islas cuyo volumen de operaciones no supere los 50.000 euros anuales. Se beneficiará unas 11.000 personas que a partir de julio no tendrán que repercutir el IGIC en sus facturas, a cambio de no deducir las cuotas soportadas en las compras. "Era una de las mayores demandas de los autónomos y los hemos escuchado", afirmó al anunciar a medida el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez.

Hasta ahora el umbral de la franquicia del IGIC estaba en los 30.000 euros, y el Ejecutivo ha decidido elevarlo a los 50.000 para llegar a un número mayor de pequeños empresarios y profesionales. "La liquidación cada tres meses les crea un grave problema en cuanto a liquidez, destinan tiempo y dinero para subcontratar servicios de asesoría y pueden ahorrarse ese dinero y llevarlo a su beneficio", explicó Domínguez sobre la medida que, según aclaró, tiene carácter voluntario. Los autónomos isleños tendrá que decidir ahora si les compensa acogerse la fórmula que está planteada para beneficiar, en total -con la subida de la franquicia- , a 33.000 autónomos de los 146.701 que existen en Canarias. Un 22,5% del total.

La medida ha sido bien recibida por el colectivo. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias, Pedro Andueza, valoró que se trata de "una apuesta real y decidida de apoyo al tejido productivo canario" y puso cifras al impacto económico. Según los cálculos de la organización, la ampliación de la franquicia hasta los 50.000 euros permitirá un ahorro global de unos 22 millones de euros para el conjunto de autónomos del Archipiélago, derivado principalmente de la reducción de costes administrativos y del tiempo dedicado a gestiones. Solo el tramo ampliado entre 30.000 y 50.000 euros, que incorpora a unos 11.000 nuevos beneficiarios, supondría un ahorro estimado de siete millones.

De cinco a una

Ese porcentaje, si así lo decide, podrá reducir de cinco a una sus declaraciones anuales, simplificando su relación con la Agencia Tributaria Canaria. "Hablamos de menos burocracia, menos papeles y más tiempo para sus negocios. Cada minuto para atender la presentación de documentación es tiempo que se le roba a su negocio, a su actividad y a su familia", explicó el consejero del área sobre los beneficios de la propuesta que, si todo va bien, comenzará a aplicarse en el mes de julio. "Empezaremos en esa fecha porque ahora están en periodo de liquidación del segundo trimestre, entonces iremos al inicio del segundo semestre y a partir del 1 enero del 2027 se acabó la liquidación trimestral del IGIC para autónomos que facturen 50.000 euros en nuestra tierra", insistió Domínguez.

Esta iniciativa no llega sola. Forma parte de una batería de medidas que la Consejería que dirige Domínguez ha ido desplegando desde el inicio de la legislatura, con la creación por primera vez de una Dirección General específica para autónomos como punto de partida. A ello se suman la conocida cuota cero, con la devolución de las cotizaciones del primer año, ayudas a la conciliación para cubrir bajas por enfermedad o maternidad, incentivos para la contratación de mayores de 52 años y líneas de apoyo a la inversión mediante bonificaciones de intereses. Un conjunto de acciones con el que el Ejecutivo autonómico busca acompañar al trabajador por cuenta propia en distintas fases de su actividad. "Apoyamos a los autónomos con medidas que lo acompañan de principio a fin, desde que pone en marcha su actividad hasta su consolidación, reforzando la protección frente a situaciones de vulnerabilidad", añadió el vicepresidente canario.

Posición singular

La franquicia del IGIC sitúa además a Canarias en una posición singular dentro del mapa nacional. Se trata de la única comunidad autónoma que plantea aplicar este tipo de régimen inspirado en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta los 50.000 euros de facturación anual. Una cifra que se sitúa por encima de la media de los países del entorno europeo, donde este límite ronda los 40.000 euros, según los estudios manejados por el propio Gobierno autonómico.

La propuesta, no obstante, deberá superar ahora su tramitación parlamentaria para poder entrar en vigor en los plazos previstos. El Ejecutivo confía en recabar el respaldo suficiente en la Cámara regional para sacar adelante una medida que presenta como técnica y de simplificación administrativa, aunque no se descarta el debate político en torno a su alcance real y al número de beneficiarios. "Hay distintas fórmulas para llevarlo, yo he nombrado el decreto ley pero estaremos atentos a lo que nos digan los servicios jurídicos para encontrar la vía más rápida para que se tramite con normalidad", aseguró el consejero.

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