Candelaria Delgado hace balance del traslado de menores: "Algunas comunidades no han recibido aún financiación del Estado para abrir centros"

El objetivo era que a estas fechas la cifra de los menores en centros canarias fuese de 2.211, ¿cuál es la situación actual?

Tenemos que tener en cuenta que los menores con protección internacional, aunque estén en centros del Estado, siguen bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Estamos hablando de unos 486 menores en esta situación, a los que se suman alrededor de 150 que no han sido trasladados fuera del Archipiélago y que también continúan bajo nuestra tutela. Actualmente manejamos una cifra aproximada de 3.300 menores en nuestros centros. Es cierto que hay 297 correspondientes a nuevas llegadas, que deberán ser derivados a otras comunidades. Si descontamos los menores con protección internacional, la cifra se sitúa en torno a los 2.600 menores que permanecen plenamente en nuestros centros.

En la práctica, habría unos 400 menores que tendrían que salir mediante el mecanismo de contingencia, además de las nuevas llegadas

Sí, pero es importante subrayar que los menores con protección internacional siguen computando dentro de las cifras de Canarias, ya que, aunque estén en recursos del Estado, continúan bajo la tutela del Gobierno autonómico y, por tanto, no pueden excluirse de nuestros datos.

El ministro Ángel Víctor Torres ha afirmado que Canarias saldrá "muy pronto" de la contingencia migratoria

Entendiendo que las comunidades autónomas seguirán colaborando para recibir menores y no se nieguen, aunque sus expedientes estén en tramitación, sí creemos que podemos alcanzar la cifra de 2.211 menores. Pero esto sin contar las nuevas llegadas. Una vez alcanzada la cifra establecida, no podemos seguir sumando las nuevas llegadas. Deben seguir siendo distribuidos entre las distintas comunidades.

¿Cuál ha sido el papel de Torres a lo largo del procedimiento?

Siempre hemos mantenido un diálogo fluido con todos los ministerios implicados. Uno de los más relevantes, por ser del que dependen las Delegaciones del Gobierno, es el de Política Territorial. Cualquier esfuerzo que se sume para que este proceso continúe adelante es de agradecer, incluso por parte de aquellas comunidades que, aunque inicialmente pusieron trabas o realizaron reclamaciones que retrasaron los traslados, finalmente han acogido a los menores. Esto no es un problema exclusivo de Canarias; es de todo el Estado, y requiere la implicación de todas las partes para poder seguir avanzando.

"Los pasos que se han dado son correctos, porque cambiar la normativa estatal era prioritario"

Y en lo que respecta al papel de Canarias, ¿hay decisiones que podrían haberse hecho de manera diferente?

Los pasos que se han dado son correctos, porque cambiar la normativa estatal era prioritario. Hubiéramos preferido que este marco normativo se aprobara en el Congreso de los Diputados, en lugar de que el Gobierno de España tuviera que recurrir a un real decreto-ley. Desde el Gobierno de Canarias, y también desde la sociedad en general, incluido el Parlamento de Canarias, se aprobó una hoja de ruta a seguir, el Acuerdo Migratorio Canario, y creo que hemos seguido al pie de la letra esos acuerdos. Podríamos haber presionado más, pero, honestamente, no sé de qué manera; nuestro presidente incluso visitó a todos los partidos políticos en el Congreso para que apoyaran la norma. Hemos logrado la mejor normativa posible. En el futuro será necesario que esta normativa tenga rango de ley. Si observamos las llegadas recientes, la mayoría se produce en territorio balear. Sabemos cómo funciona la migración: cuando se cierran unas rutas, se abren otras. Esto es una cuestión en la que Europa debe intervenir. Esta Comunidad Autónoma ha estado sola durante mucho tiempo; ahora la situación ha mejorado, pero no debemos olvidar de dónde partimos. Ha sido necesario que se emitiera una sentencia del Tribunal Supremo para que el Estado ejerciera sus competencias en materia de protección internacional, y que se aprobara un real decreto-ley para obligar a acoger. Seguimos echando de menos que Europa se haya posicionado de manera clara en este asunto.

Usted ha señalado las trabas a las que se ha enfrentado el mecanismo. Entre ellas se encuentra el bloqueo por parte de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). ¿Cómo se explica que un socio de gobierno pueda obstaculizar la ejecución de este mecanismo?

Han presentado recursos contra cada resolución de traslado, y hemos tenido que esperar a que un juez confirmara que esas resoluciones eran legales, lo que implicaba que los traslados debían llevarse a cabo. También ha habido algunas comunidades autónomas, que no son del PP, que nos han solicitado más tiempo porque no contaban con recursos abiertos y, al no tener declarada la emergencia migratoria, les ha costado más poner en marcha nuevos centros. En algunos casos nos explicaban que aún no han recibido la financiación del Estado necesaria para reabrir los centros y garantizar la atención y el cuidado de los menores. Si una comunidad autónoma con la que has trabajado durante años te pide retrasar la salida de esos menores un par de semanas, lo comprendemos. Otra cosa es que, jurídicamente, consideren que la normativa para su comunidad no es legal y presenten todos los recursos posibles. Eso es completamente lógico y normal en un estado de derecho: cualquier resolución que tenga un pie de firma puede ser recurrida, y eso es precisamente lo que ocurrió en este proceso. A medida que los fallos judiciales confirmaban que las resoluciones no eran ilegales, no quedaba otra opción que proceder con los traslados según lo establecido.

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