Candelaria Delgado, sobre el traslado de menores a la Península: "No se puede hablar de éxito"

Ha pasado un año desde la aprobación del real decreto. ¿Qué balance hace de la aplicación?

Aunque se aprobó en marzo, su aplicación efectiva no se produjo hasta el 29 de agosto, cuando se activó la contingencia migratoria y se determinó la capacidad de acogida de cada comunidad autónoma. Ha sido una labor ardua y no ha sido fácil poner en marcha todo el engranaje. Desde Canarias hemos reforzado el personal en este ámbito y hemos mejorado los mecanismos de coordinación. Ahora, con las subdelegaciones del Gobierno, el proceso está siendo mucho más ágil que hace unos meses. El siguiente paso es analizar las necesidades de cara al futuro próximo.

Pero lo definiría como un éxito o un fracaso...

Desde que las derivaciones por contingencia se decretaron el 29 de agosto, junto con los traslados de menores con protección internacional, creo que hemos conseguido empezar a trasladarlos en tiempo y forma. En cuanto a las nuevas llegadas, los expedientes se están resolviendo con relativa agilidad. No se puede hablar de un éxito absoluto, pero sí de trabajo que, en ningún caso, puede calificarse de fracaso. Estamos hablando de un mecanismo que ha permitido derivar a menores hacia la Península, en línea con lo que establecía el propio auto del Tribunal Supremo respecto a los solicitantes de asilo. Canarias partía de una necesidad: descongestionar sus centros de acogida ante las situaciones de hacinamiento que se estaban produciendo. También es cierto que ha contribuido a ello la disminución de las llegadas en estos momentos. No sabemos qué repercusiones puede tener la guerra de Irán en la ruta canaria. Debemos estar preparados ante un posible repunte. Es fundamental evitar que se vuelvan a producir situaciones de saturación en Canarias.

La medida, sin embargo, no ha estado exenta de tensiones entre Canarias y el Estado, especialmente con respecto a la gestión de cifras y expedientes. ¿El Gobierno central ha actuado con lealtad institucional?

No sé si por parte del Estado ha habido o no. Lo que sí está claro es que, desde el Gobierno de Canarias, hemos cumplido con nuestra responsabilidad, poniendo todos los medios disponibles, tanto materiales como humanos, para sacar adelante este trabajo. No se trata de un procedimiento sencillo. Requiere carga documental, con informes complejos, y al inicio del proceso el sistema no estaba bien engranado ni estaban claramente definidas las competencias de cada parte. Además, nos hemos encontrado con numerosos obstáculos a lo largo del camino, como las reclamaciones planteadas por distintas comunidades autónomas en diferentes fases del proceso, lo que ha contribuido a ralentizarlo aún más. Por eso, nos sorprendió que se señalara a Canarias como responsable de la lentitud, cuando en realidad no era precisamente Canarias quien estaba dejando de trabajar en este ámbito.

"Si las disposiciones del decreto se hubieran aplicado desde el momento de su aprobación, habría sido efectivo"

Les ha sorprendido que se les achaque la lentitud del proceso. Sin embargo, el Estado mantiene que los expedientes de todos los menores debían estar enviados en noviembre, algo que asegura que la comunidad no ha cumplido.

No hay ninguna disposición en el decreto que establezca noviembre como fecha límite. Lo único que se fija es que las subdelegaciones del Gobierno disponen de un plazo máximo de cuatro meses para resolver los expedientes. Nosotros podemos seguir remitiéndolos a día de hoy a las subdelegaciones, que además son conscientes de que no se trata de trámites simples, sino de expedientes complejos. Hasta el mes de julio no existió una normativa clara, lo que también ha condicionado los tiempos. Por tanto, no es razonable exigir una mayor agilidad. Del mismo modo, también nosotros podríamos preguntar qué actuaciones se llevaron a cabo por parte del Estado entre marzo y agosto.

Entonces, ¿fueron demasiado optimistas a la hora de fijar los plazos?

No lo creo. Si las disposiciones del decreto se hubieran aplicado desde el momento de su aprobación, o incluso en el mes siguiente, en el plazo de un año habría sido plenamente efectivo. Ahora mismo, no sé si a esta norma le quedan todavía algunos meses de recorrido.

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