La sanidad canaria acepta negociar el fin de las 'multas' a los sustitutos que no respondan al teléfono

La Consejería de Sanidad ha aceptado sentarse a negociar con CemSatse, UGT y CCOO para abordar un cambio de su norma de contratación de personal temporal o de sustitución. Una orden de casi 15 años de vigencia que ha sido criticada por los trabajadores y sindicatos por ser "lesiva, ineficaz y punitiva", puesto que, entre otras cosas, penaliza a los sanitarios sustitutos que no descuelguen el teléfono a tiempo para recibir la oferta de trabajo. 

En concreto, a día de hoy, no coger el teléfono al Servicio Canario de la Salud (SCS) cuando la Administración ofrece un puesto de trabajo eventual o de sustitución puede conllevar a un año de penalización si no se justifica debidamente.

"Si te estás duchando o estás conduciendo, el SCS te deja fuera de lista de contratación durante un año". Así lo resumía Juan Trenzado, portavoz del sindicato de enfermería Satse, durante el verano de 2025.  "Hoy en día, con todos los medios tecnológicos que hay, la administración no puede valerse de una sola llamada telefónica", argumenta, por su parte, Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT.

Quince días de sanción

Esta letra pequeña de la contratación en el SCS parte de la Orden del 3 de junio de 2011, que establece que a la hora de hacer contrataciones eventuales o de sustitución tan solo se realizará una llamada telefónica a los aspirantes. De no contestar o no aceptar la oferta, el aspirante dispondrá de un plazo de quince días naturales para alegar y acreditar documentalmente ante la Unidad de Contratación de la Gerencia o la Gerencia a la que se encuentre vinculado, la concurrencia de alguna de las causas justificadas que establece la administración. Entre estos supuestos se encuentra estar de baja, casarse, asistir al nacimiento de un hijo, el cuidado de un familiar, prestar servicios en una empresa privada o una ONG, haber ingresado en prisión o ser víctima de violencia de género. 

Si no se entra en estos supuestos o no se justifica debidamente, el trabajador pasará a estar en una situación de "no disponible" en la correspondiente lista de empleo durante un año desde la fecha de no aceptación. Además, aún justificando el motivo, el trabajador permanece una media de 15 días sin recibir nuevos contratos mientras el SCS procesa su solicitud. "La norma es lesiva tanto para los trabajadores, porque pueden quedarse sin cobrar medio mes, como para el SCS, que se queda sin poder cubrir estas bajas", insiste Yoel Hernández, secretario general autonómico de Satse.

La reunión se llevará a cabo el próximo 30 de marzo en Gran Canaria en una Mesa Sectorial extraordinaria, en la que también se aprovechará para informar sobre el desarrollo de los procesos de estabilización y la creación de la categoría de personal estatutario de óptico u optometrista. "Tras las reivindicaciones y propuestas de reforma, hemos conseguido esta reunión para modificar la normativa", explica Bautista. La petición ha sido realizada, además de por UGT, por CCOO y el sindicato de enfermería Satse. 

Elegir el destino y no sancionar: las propuestas de los sindicatos

Cada uno de los sindicatos llevará su propia "lista de deseos" a la reunión, aunque hay varios puntos en los que los tres coinciden. Como punto principal, tanto Satse como UGT y CCOO proponen que rebajar el carácter sancionador de la normativa o eliminarlo de raíz. "Hay que respetar la dignidad profesional, no puede ser que me sanciones 15 días sin cobrar por no coger una llamada", critica Hernández.

UGT considera que se deben flexibilizar los motivos de renuncia y añadir a la lista el estar cursando estudios oficiales o por interés particular. En este sentido, también solicitarán que se reactive de manera inmediata a las personas que justifiquen el rechazo al contrato, para no tener a personas durante diez días en situación de penalización. "Los trabajadores del SCS también tienen derecho a conciliar", resume Bautista. 

Algo en lo que también coincide Satse, que argumenta que debe añadir todos aquellos supuestos que se encuentren en el Manual de Licencias y Permisos. Hernández, de hecho, hace hincapié en la formación, pues considera que, a día de hoy, la normativa "bloquea el desarrollo profesional". Por su parte, CCOO apuesta por un modelo de "sanciones cero" a los profesionales, en el que también puedan elegir llamamientos, gerencias y zonas de disponibilidad.

Esto último es, precisamente, otro de los puntos en los que los tres sindicatos coinciden que debe integrar la nueva normativa. UGT propone activar la posibilidad de "zonificar" el área de trabajo, pudiendo postularse para trabajar en distintas Zonas Básicas de Salud en diferentes islas. Satse lo llama "sectorización del destino", pero el objetivo es el mismo: que los profesionales puedan decidir dónde trabajar. "Cuanto más poder de elección tengan los trabajadores, más probabilidades habrá para la Administración para que acepten las ofertas", insiste Hernández, que recuerda que esta opción ya la tienen otros funcionarios públicos, como los profesores.

Acabar con los telefonazos

Otro de los puntos claves de la nueva normativa, a ojos de los sindicatos, debe estar en acabar con la costumbre de estar "pegados al teléfono". CCOO, en este sentido, propone nuevos modelos de llamamiento y respuesta, "más ágiles, rastreables y trasparentes". En su caso, UGT llevará varias propuestas para la modificación de la norma. Una de las más importantes es un cambio en la forma de contactar con los aspirantes.

En concreto, el sindicato propone que la Administración haga uso de SMS o correos electrónicos para contactar con el trabajador y que, además, lo haga con cierta antelación para que el aspirante pueda estar alerta a la futura llamada y valorar el contrato. La misma fórmula propuesta por Satse, que añade que también se debería crear una cartera para llamamientos de urgencia en el que los trabajadores puedan o no inscribirse. "Hay personal que, por conciliación familiar o causas personales, no puede estar aceptando un trabajo que va a comenzar unas horas después porque no le da tiempo de organizarse", insiste Hernández.

En este sentido, CCOO añade que esta nueva normativa deberían contemplar una simplificación de la gestión en los llamamientos, para que exista una mejor operatividad de los mismos.

Nuevos contratos

UGT pide crear, asimismo, nuevas modalidades de contrato, como el de jornada parcial o el de atención continuada –las conocidas guardias–. Asimismo, pone de manifiesto la necesidad de crear listas de aspirantes abiertas y permanentes, con méritos que se puedan actualizar de manera periódica. Misma reivindicación parte de CCOO que añade que esta modificación debe acabar también con las listas supletorias que emanan de la Orden de 2011.

Los sindicatos también plantean otras medidas más específicas. UGT, por ejemplo, plantea la creación de nuevas modalidades de contrato, como el de jornada parcial o el de atención continuada –las conocidas guardias–. Desde Tambén que se tenga cuenta el título de enfermera especialista para la priorización de las contrataciones en los respectivos ámbitos de todas sus especialidades como puede ser en Atención Primaria y Pediatría. Satse, por su parte, solicitará que se proteja también a las sanitarias embarazadas y de lactancia o quienes se encuentren disfrutando del permiso por paternidad.

Por último, UGT propondrá, por último, incluir una cláusula que garantice la evaluación permanente de la norma y su modificación en caso de que se comprobara que siguen existiendo incidencias. "Apostamos por una norma viva, que se adapte a las necesidades del momento de su aplicación", apostilla Bautista. 

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