El traslado de menores migrantes a la Península se mantendrá hasta el final de legislatura

El traslado de menores migrantes a la Península se mantendrá hasta el final de la legislatura. Los jóvenes que aún se encuentran en territorios en situación de contingencia migratoria –como Canarias, Ceuta y Melilla– continuarán siendo derivados, al menos mientras se prolongue el actual mandato, pese a que el jueves venció el plazo establecido por el decreto que avala su reparto. Así lo aseguró el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante su visita a Melilla, donde presidió una reunión de coordinación con delegados del Gobierno de distintos territorios. Un encuentro enmarcado en el primer aniversario de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Un año después de su entrada en vigor no se han alcanzado –o al menos de manera plena– algunos de los objetivos fijados: reducir el número de menores en centros de Canarias hasta los 2.211. En la actualidad, la cifra se sitúa en 3.596.

El anuncio del ministro no pasó desapercibido en Canarias. «Celebramos que se dé continuidad a la senda marcada por el decreto y que se apruebe uno nuevo que contemple una situación de contingencia para 2026 y 2027. Eso permitirá avanzar en el trabajo ya iniciado y mejorar la gestión que hemos desarrollado en los últimos meses», apuntó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado.

El Estado ya había garantizado a Canarias la salida –una vez superado el 19 de marzo, fecha en la que vence el decreto– de aquellos menores cuyos expedientes estaban en tramitación o contaban ya con una resolución firme de traslado. Una situación en la que se encontraban 113 chicos. La incertidumbre se centraba en el futuro de cerca de 400 jóvenes que aún permanecen en los recursos del Archipiélago y que, al expirar el plazo fijado por el decreto, quedaban abocados a un limbo institucional o a la voluntad de las comunidades autónomas dispuestas a acogerlos.

¿Qué pasará a partir de 2027?

En este sentido, el Ejecutivo central –según garantizó Torres– aprobará antes de agosto de 2026 un nuevo real decreto que dará continuidad al que expiró el jueves y permanecerá vigente hasta 2027. La norma renovará las medidas previstas para hacer frente a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. A partir de 2027 –cuando, en principio, finalice la legislatura– la continuidad del decreto quedará en manos de lo que decidan Las Cortes. «Este sistema solidario de acogida de niños y niñas dependerá de las mayorías que se conformen en Las Cortes. Por esa razón, nos gustaría conocer de antemano cuál será la posición de la oposición al respecto», subrayó el ministro tras la reunión celebrada en Melilla.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha señalado en numerosas ocasiones la necesidad de que la normativa pase a tener rango de ley. Un escenario que garantizaría estabilidad jurídica al sistema, mayor seguridad en su aplicación y su continuidad al margen de los vaivenes políticos o los cambios de Gobierno. «Aspiramos a que la medida se aplique de manera constante, desde la responsabilidad que corresponde como Estado», subrayó la directora de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez.

La batalla de cifras se mantiene

Un argumento que toma especial relevancia si se tiene en cuenta el contexto político. «Tengo que ser claro, y lo digo en un territorio frontera donde gobierna el Partido Popular. Se lo traslado también a Ceuta y a Canarias, donde igualmente gobierna el PP. No tengo ninguna duda de que, si esto dependiera del actual Partido Popular y de las exigencias de la ultraderecha, la ley moriría», defendió Ángel Víctor Torres, quien añadió además que, aunque el reto «está encauzado», la eventual derogación de la norma «condenaría a los territorios fronterizos», al dejarlos sin un mecanismo en la acogida. El decreto salió adelante con el voto en contra del Partido Popular y Vox. En cuanto a su prórroga, depende del Consejo de Ministros y no requiere convalidación en el Congreso.

Durante el encuentro, Torres aseguró que 1.143 menores procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla ya han sido reubicados. En el caso de Canarias, la cifra de menores reubicados, según el ministro, asciende a 202. No obstante, dijo, el número de resoluciones ya culminadas se eleva a 1.015, lo que sitúa el grado de ejecución en el 19,9%.

Unas cifras con las que discrepa el Ejecutivo autonómico. «No entendemos que se sigan difundiendo datos sobre Canarias que no se corresponden con la realidad. En cumplimiento del decreto, tanto en la disposición adicional como en el artículo 5, se han derivado 701 menores. Esas son las cifras reales», aclaró Delgado. Por su parte, Rodríguez añadió que, cuando el ministro se refiere a los datos de Ceuta y Melilla, incluye las reubicaciones realizadas por los distintos procedimientos. En cambio, en el caso del Archipiélago, «solo hace referencia a la disposición adicional».

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