Canarias se queda sin medidas específicas en el decreto anticrisis de Sánchez

Canarias se beneficia de algunas de las medidas anticrisis aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al conflicto de Irán, pero no hay en este primer decreto ley iniciativas específicas para las Islas. A expensas de lo que se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el grueso de las bonificaciones fiscales anunciadas hacen referencia al IVA de la electricidad, del gas natural o de los combustibles, deducciones que no tienen efectos en las Islas porque el sistema fiscal canario cuenta con el IGIC, que tiene tipos diferentes, y varios de los impuestos afectados están cedidos a la Comunidad Autónoma, por lo que su modulación y las rebajas que se realicen depende del Gobierno canario, que tomará una decisión sobre sus propias medidas la próxima semana. Cuestiones como la ayuda de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas y agricultores, la prórroga del bono social eléctrico, el respaldo a las familias más vulnerables para impedir el corte de suministros esenciales, la congelación del precio máximo de la bombona de butano o el refuerzo de los incentivos y subvenciones a las energías renovables son medidas que sí impactan en Canarias.

El Ejecutivo regional se ha mostrado prudente hasta conocer el detalle de los decretos leyes cuando se publiquen hoy en el boletín oficial. El Gabinete regional trasladó al Gobierno central, por mediación de la diputada de CC Cristina Valido, la necesidad de que se tomara en cuenta la situación específica de Canarias y que se modulara las medidas teniendo en cuenta que el Archipiélago depende más que otras comunidades del transporte por ser región ultraperiférica y cuenta con un sistema energético singular. Asimismo se demandó, entre otras cuestiones, incentivos temporales a los sueldos bajos y medios para evitar que las familias pierdan poder adquisitivo y flexibilizar la regla de gasto en las Islas para destinar fondos de los remanentes a las medidas que se adopten frente a la crisis. Valido mantuvo contactos con miembros del Ejecutivo de Sánchez prácticamente hasta la víspera del Consejo de Ministros pero no hubo concreción de iniciativas propias para Canarias y, de hecho, hasta el propio Gobierno estaba dividido como se comprobó antes de que los ministros entraran a la reunión por el plante de los cargos de Sumar. Hoy tanto los grupos parlamentarios como los partidos políticos están expectantes ante lo que se publique en el BOE.

Medidas autonómicas

La próxima semana será decisiva para que el Gobierno canario precise las medidas que va a adoptar una vez conocidas las del Estado y que escuche las propuestas de los agentes económicos y sociales y los grupos políticos. El presidente Fernando Clavijo ha convocado el lunes por la tarde al Consejo Asesor -la convocatoria del jueves se suspendió por el temporal- para debatir las medidas anticrisis con patronales y sindicatos y el martes se reunirá con los portavoces de los grupos políticos coincidiendo con el pleno del Parlamento. No se descarta que haya un Consejo de Gobierno extraordinario antes de finalizar la semana para aprobar las acciones o se dejarán para la reunión del Consejo de Gobierno ordinario del 30 de marzo.

Ya los empresarios del transporte han reaccionado advirtiendo que las medidas anunciadas por el presidente Sánchez no van a tener el mismo efecto en Canarias que en el resto del país. Los transportistas sí se congratulan de la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, pero el resto de iniciativas se basa principalmente en una serie de reducciones del IVA que no tendrán repercusión en Canarias por su régimen fiscal especial. Por lo tanto la patronal del transporte espera que el Gobierno autonómico y los cabildos aprueben urgentemente "un paquete de medidas para equiparar el nivel de ayudas del Estado en Canarias", advierten.

Lo que sí denuncian las patronales españolas y canarias es su preocupación por la inclusión, en el segundo real decreto-ley, de iniciativas en materia de vivienda "ajenas a dicho contexto y fruto de una presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo". En particular, expresan su firme rechazo a las medidas que introducen nuevas limitaciones al mercado del alquiler.

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