Medio millar de personas en Canarias quedarán fuera del proceso de regularización por condenas de patronear pateras

Cerca de medio millar de personas en Canarias quedará fuera del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes anunciado por el Gobierno de España el pasado mes de enero. ¿El motivo? Mantienen antecedentes penales en vigor tras haber sido condenadas por ejercer como patrones de pateras. Son los resultados que se desprenden del análisis de 1.200 sentencias y 1.549 acusados de pilotar pateras realizado por el abogado Daniel Arencibia, especialista en extranjería, desde 2016.

La situación en el Archipiélago difiere de la del resto de comunidades autónomas. Además de mantenerse como la principal puerta de entrada a Europa para las personas que migran por vía marítima, Canarias sigue siendo un territorio especialmente tensionado. A ello se suma otro factor: las condenas impuestas a quienes son acusados de patronear embarcaciones suelen ser más elevadas que en otras partes del país. Esto tiene consecuencias directas, ya que los antecedentes penales permanecen vigentes durante más tiempo y, por tanto, dificultan el acceso a la residencia temporal en España, empujando a muchas personas a situaciones de extrema precariedad y mendicidad que, en la práctica, limitan su acceso al mercado laboral y a una integración plena en la sociedad.

Mientras que en Canarias las penas por patronear embarcaciones suelen superar los tres años de prisión, en otras regiones como Baleares a los acusados se les ofrece con frecuencia la posibilidad de declararse culpables a cambio de una condena de dos años. Este umbral permite, en muchos casos, la suspensión de la pena si la persona no tiene antecedentes penales. La consecuencia práctica es clara: en Canarias, al superar los tres años de condena, los antecedentes penales se mantienen durante cinco años una vez extinguida la pena, según establece el Código Penal. En la práctica, esto implica que durante unos ocho años —los tres de condena más los cinco posteriores— esa persona no podrá acceder a ningún proceso de regularización. En cambio, quien es condenado en Baleares a penas cercanas a los dos años afronta un periodo de antecedentes de tres años, lo que reduce a unos cinco años el tiempo durante el que no podrá regularizar su situación.

La diferencia no es menor: las penas que se vienen imponiendo en el Archipiélago se sitúan precisamente en un punto crítico del Código Penal, ya que superar los tres años de condena hace que el tiempo de cancelación de antecedentes prácticamente se duplique. Si la pena fuera tan solo un año inferior, el periodo de antecedentes se reduciría en dos años

¿Cuál es la situación en el resto de comunidades?

En este contexto, el número de personas condenadas desde 2016 —es decir, en los últimos diez años— asciende a unas 335 en la provincia de Las Palmas y a 91 en la de Santa Cruz de Tenerife. En total, alrededor de 430 personas quedarían fuera del proceso de regularización. Y la cifra podría ser mayor, ya que aún no están disponibles todas las sentencias dictadas en 2025 y prácticamente ninguna correspondiente a 2026.

En el caso de Baleares, por ejemplo, la cifra de personas en esta situación ronda las 64. La realidad de Canarias se asemeja a la de Almería, donde las penas también suelen figurar entre las más elevadas y, en consecuencia, los antecedentes penales se prolongan durante más tiempo una vez cumplida la condena. El escenario de Almería se ve agravado por la llegada de las llamadas pateras taxi: embarcaciones que trasladan a personas migrantes hasta la costa y regresan de inmediato. En la mayoría de estos casos no se trata de migrantes que intentan realizar su propio trayecto, sino de personas que se dedican profesionalmente a este transporte, lo que suele encuadrarse como parte de redes organizadas que operan con ánimo de lucro y justifica la imposición de penas más elevadas.

Así, el procedimiento para acusar a una persona de ser patrón de patera presenta ciertas dificultades. Uno de cada cuatro acusados se declara inocente en las Islas, pero, en conjunto, más de nueve de cada diez (92,2%) termina condenado. En Tenerife, de 122 personas juzgadas, 62 afirmaron ser inocentes y 31 fueron finalmente absueltas. En Las Palmas, en cambio, de 346 acusados, 69 negaron haber cometido el delito, pero solo 11 lograron la absolución. El resto recibió condenas que suelen rondar los tres años de prisión cuando existe conformidad con la acusación, y entre cuatro y cinco años cuando no la hay. Estas cifras reflejan una realidad clara: muchos acusados acaban en prisión pese a proclamarse inocentes, tras haberse declarado culpables y esto conlleva unas consecuencias para su futuro, como la imposibilidad de acceder a un proceso de regularización que les permita obtener un estatus administrativo estable y garantice derechos básicos.

La regularización

En cuanto a la regularización, el plazo para presentar solicitudes —que, según cálculos preliminares, podría beneficiar en Canarias hasta a 30.000 personas migrantes— se abrirá este mes y permanecerá vigente hasta el 30 de junio. Podrán acogerse a este proceso quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar una residencia continuada en el país durante al menos cinco meses previos a la presentación de la solicitud. La medida también está dirigida a las personas solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025, independientemente de que esta haya sido finalmente admitida o denegada. Una vez presentada la solicitud, el Estado contará con un plazo máximo de tres meses para resolverla. No obstante, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite —un paso que, según las previsiones, no debería superar los 15 días desde su presentación—, las personas solicitantes podrán incorporarse al mercado laboral de forma inmediata.

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