El amianto de Canarias halla una salida, pero solo para los casos urgentes

El próximo viernes, las empresas canarias que gestionan los residuos con amianto entran en punto casi muerto. Andalucía cierra el último día de abril la puerta a los envíos canarios de este material, altamente nocivo para la salud y señalado como agente cancerígeno. El Archipiélago solo ha hallado hasta el momento una alternativa en una planta de Toledo, pero únicamente para pequeñas cantidades, que serán más caras de enterrar al viajar más lejos. Solo el material que sea más urgente sustituir podrá seguir esa ruta.

«Lo que sea muy vital», detalla Eduardo Rivera, que trabaja en la gestión de estos residuos y asesora a la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa). Y entre esa recogida estratégica cita como ejemplo la de «una tubería de la red de saneamiento» que se quiebre. Es decir, aquello que pueda generar «contaminación».

La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (7/2022) faculta a las comunidades autónomas a decidir si continúan aceptando desechos de otras regiones. Andalucía y otras, como Cataluña, han dicho que no. Y el portazo llega justo cuando se acerca un 2028 en el que tienen que estar retirados todos los elementos públicos de mayor riesgo, como los colectores. El cambio de la norma andaluza está enraizado en la filosofía europea que defiende que cada territorio debe hacerse responsable de los desperdicios que genera. Nada que objetar a que cualquiera manifieste y dé rango normativo al deseo de no convertirse en el vertedero de otros.

Sin riesgos

La comunidad andaluza está dispuesta a recibir contenedores hasta el último día de abril, pero las cuatro empresas canarias de alta especialización que se encargan del tratamiento de estos residuos tienen que garantizarse un tiempo más que suficiente para organizar los envíos, el llenado del contenedor y la llegada a puerto del barco por muchas inclemencias que existan. El cierre de varios recintos portuarios andaluces durante días por culpa de la meteorología adversa es un recuerdo reciente en la mente de todos los operadores.

Ahora bien, ¿dónde están y cuáles son las alternativas? Según esa doctrina europea, habrá de ser Canarias la que se encargue de hacer desaparecer las miles de toneladas de amianto que aún quedan en las cubiertas de sus fábricas, las tuberías o los bidones de las azoteas, por citar solo algunos ejemplos. El amianto –fibrocemento o uralita– fue totalmente legal hasta el 2001 y, por tanto, se empleó con absoluta normalidad en un sinfín de construcciones. Edificaciones que hoy cuentan ya con muchos años y manifiestan problemas que han de ser reparados. Difícilmente se hará si no hay dónde llevar el amianto.

Se prohibió su utilización cuando se descubrió que al romperse libera unas microfibras que, de ser respiradas, pueden quedar alojadas en los pulmones durante 40 años y provocar cáncer en dichos órganos vitales. El problema es que todas las obras, bien para subsanar averías, bien para sustituir cañerías, o bien de construcción, tendrán que aplazarse a la espera de que la comunidad autónoma halle alguna manera de deshacerse del amianto. «Enterrarlo», señala Rivera, porque no hay un modo distinto de gestionarlo. Y de no solucionarse el problema, se irán sumando ciudadanos que, con problemas en sus cañerías de amianto, tendrán que buscar dónde ducharse; empresas de construcción que verán mermada su agenda de trabajo, con el consiguiente impacto para el empleo en el sector, y compañías de gestión de estos residuos que también tendrán que reestructurar sus plantillas ante la disminución abrupta de la demanda.

La cercanía de ese 2028, límite para la retirada total del amianto de las infraestructuras públicas, ha provocado un intenso crecimiento de la recogida de estos residuos en los últimos años. Si en 2022 salieron del Archipiélago 1.058 toneladas, un año después lo hicieron 1.079. Nada que ver con las 4.145 contabilizada en 2024, último ejercicio dado por cerrado al completo hasta el momento por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Sí existe un dato que avanza la progresión geométrica que muestra la variable; durante 2025, solo la principal gestora de las Islas tramitó 7.600 toneladas de amianto.

El Ejecutivo autonómico explora con los cabildos la posibilidad de habilitar celdas en los complejos ambientales existentes para que cada isla se haga cargo de su amianto. Además de las resistencia de quedarse ahora con un material de desecho altamente peligroso cuando hasta la fecha no han tenido que hacerlo, existe otro problema aún mayor: el alto índice de colmatación que presentan los vertederos existentes.

Sin embargo, empezar uno de cero se presenta como un posibilidad a descartar. Primero porque sería difícil hallar una isla dispuesta a recoger el amianto que se retira en toda la comunidad autónoma y, segundo, porque construirlo conllevaría una demora que juega contra los intereses de todos. Para ganar tiempo, se explora también un cambio normativo que permita a los gestores tener en sus almacenes el material tóxico descartado por un plazo mayor de los seis meses con los que cuentan en este momento.

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