Dos negociaciones paralelas de Clavijo con Moncloa: 'decreto Canarias' y escudo anticrisis

Canarias afronta un escenario complejo en plena crisis derivada de la guerra en Irán, con dos negociaciones abiertas con el Estado que avanzan por separado pero que, en la práctica, se entrecruzan. Por un lado, el desarrollo del ‘decreto Canarias’; por otro, la articulación de un escudo anticrisis bélica financiado gracias a lograr que Moncloa flexibilice la regla de gasto y permita a la Comunidad Autónoma elevar su endeudamiento sin penalización.

La coincidencia de ambos procesos añade dificultad a la respuesta institucional del Ejecutivo de Fernando Clavijo, con el añadido de que la principal interlocutora en ambos procesos, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abandona el Gobierno para hacer campaña electoral en Andalucía, lo que obliga a Canarias a poner al día a la persona que la sustituya en el ministerio. Con todo, desde Canarias se espera contar con la ayuda del expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres, para facilitar ese proceso.

Frentes simultáneos

La simultaneidad de mantener dos frentes diferenciados en la interlocución con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez condiciona los tiempos y la capacidad de reacción, lo que añade dificultad técnica y política a acuerdos que son estructurales -'decreto Canarias'- y urgentes -medidas anticrisis bélica-, pues su solapamiento complica el proceso.

El ‘decreto Canarias’ fue aprobado en febrero en el Parlamento, tres días antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra en Irán para asegurar financiación estatal a un amplio paquete de medidas económicas y sociales vinculadas al desarrollo del Archipiélago e incluidas en los acuerdos suscritos por CC con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez.

Esta negociación de gran calado político, iniciada antes del actual contexto internacional, se centra en sacar adelante un texto de 35 artículos, 12 disposiciones adicionales y tres disposiciones finales para dar solución a 50 medidas con un mandato claro del Parlamento: lograr que Moncloa y las Cortes Generales aprueben de forma "urgente" un Real Decreto-ley estatal "que permita hacer efectivas en Canarias las medidas recogidas en el documento como instrumento imprescindible para proteger la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico del Archipiélago".

La tesis que esgrime Clavijo en este caso es que Sánchez aceptó el pasado mes de agosto que, debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno del Estado en el Congreso que le impide aprobar nuevas leyes y cumplir sus compromisos -incluido los presupuestos estatales prorrogados desde 2023-, el Ejecutivo canario elaboraría un decreto que sería apoyado por el PP -la 'agenda canaria' también fue suscrita por el PP para lograr la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo- y que, sobre el papel, cuenta con el apoyo de 259 diputados -137 conservadores, 121 socialistas y el de la nacionalista Cristina Valido- en la Cámara Baja. De hecho, la conservadora Luz Reverón garantizó el apoyo de los diputados del PP en el Congreso si el hipotético decreto llegara a convalidarse.

Crisis bélica

El otro escenario, provocado por las consecuencias económicas de la guerra en Irán, se centra en la adopción de medidas urgentes para hacer frente al encarecimiento energético y su impacto en empresas y familias, lo que incluye la posibilidad de flexibilizar la regla de gasto y ampliar el endeudamiento autonómico para poder activar ayudas, ya que el decreto estatal "deja fuera a Canarias", como afirmó Clavijo.

De hecho, y al contrario de lo que sucedió con el ‘decreto Canarias’, las discrepancias entre la oposición y Clavijo en torno a las reuniones con Moncloa referidas al escudo anticrisis no se centran en no apoyarlas sino en que en paralelo el Gobierno canario apruebe un texto propio con "medidas autonómicas" para afrontar las consecuencias de la crisis bélica en Irán, hasta el punto de que el Ejecutivo regional si ha asumido gran parte de las propuestas alternativas presentadas por socialistas y ‘canaristas’.

Si la tesis del Gobierno de Clavijo para defender el ‘decreto Canarias’ era que se tenía que garantizar la financiación de los acuerdos de investidura de Sánchez, en lo que se refiere al escudo anticrisis los argumentos son que las 80 medidas que contiene el paquete aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario el 20 de marzo -y que tendrá que ser convalidado el día 26- "van a mermar en 150 millones de euros la financiación a Canarias a través del Fondo de Compensación", lo que a su juicio es una "situación doblemente injusta".

Este contexto contrasta con la actuación de otras comunidades autónomas, que han optado por activar medidas propias -como piden CC, PSOE y NC a Clavijo- sin esperar al resultado de sus negociaciones con el Estado: Euskadi, Asturias y Murcia ya aprobaron paquetes concretos de ayudas, centrados en garantizar liquidez empresarial, aliviar costes y sostener el empleo.

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