El PP justifica su ‘no’ al plan de vivienda de ASG en la “falta de medidas concretas”

El PP justificó este jueves su rechazo al plan específico de vivienda para los dos archipiélagos del país –Baleares y Canarias– presentado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Senado en una pretendida falta de concreción. La portavoz en materia de Vivienda del Grupo Popular en el Senado, Paloma Martín, hizo hincapié en que la propuesta del senador Fabián Chinea "no está acompañada de las reformas legislativas necesarias".

Los populares, que gobiernan tanto en las islas mediterráneas como en las atlánticas (junto a Coalición Canaria), se amparan en estos argumentos para justificar su voto en contra a una iniciativa parlamentaria que justamente pretendía contribuir a aliviar la crisis inmobiliaria que golpea a ambas regiones y que se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. No en vano, Baleares y Canarias, por su componente turístico –las compras de viviendas por extranjeros y el auge del alquiler vacacional agravan un problema que sufre todo el país– han soportado los mayores incrementos de precios de los últimos años, tanto en el segmento del alquiler como en las compraventas.

La propuesta, impulsada junto al senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, exigía al Gobierno de España la puesta en marcha de un programa extraordinario que buscaba la construcción de 44.000 nuevas viviendas públicas en Canarias y 30.000 en Baleares para equilibrar un mercado actualmente roto por la falta de oferta. El plan también ponía el foco en las casas vacías, con la idea de sacarlas al mercado y que la rebosante demanda encontrara un alivio. Además se pretendía dar preferencia en el acceso a los jóvenes, familias y trabajadores residentes en las Islas, y aplicar mecanismos para frenar la especulación sobre el mercado inmobiliario.

Propuesta de los populares

En cualquier caso, los populares han presentado su propia propuesta en materia de vivienda este jueves en Canarias, en la que consideran necesario edificar más vivienda y contar con "una administración más eficaz para que los trámites burocráticos democráticos no alarguen sine die la construcción", explicó Paloma Martín. A su juicio, se precisa más seguridad jurídica "para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler y para que los inversores tengan la confianza suficiente que les permita traer aquí a España sus inversiones".

La portavoz también criticó el intervencionismo del Gobierno central como la limitación al 2% del incremento del alquiler y la obligación a los propietarios de renovar por otros dos años más los contratos de arrendamiento. "Porque las medidas que ha venido adoptando el Gobierno de Sánchez lo que han hecho es que no se construya vivienda al ritmo que se necesita, pero, sobre todo, han hundido la oferta. Han desaparecido del mercado del alquiler más de 120.000 viviendas en toda España en los últimos dos años, por las políticas intervencionistas del Gobierno", sentenció Martín.

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