Canarias confía en una prórroga ‘in extremis’ para los fondos ‘Next’ de energía

Lograr una prórroga in extremis para no perder 242 millones de euros del fondo Next Generation que pueden dar forma más de 1.200 proyectos que buscan impulsar la energía renovable en las Islas. Esto es lo que espera conseguir Canarias en la negociación que mantiene con el Estado. El Archipiélago ya lamentó el pasado jueves que el plan que la Consejería de Transición Ecológica y Energía presentó al Gobierno de Pedro Sánchez para articular una prórroga de estos fondos quedara fuera del real decreto de medidas anticrisis, que se convalidó en el Congreso de los Diputados. Un decreto del que Canarias no salió muy beneficiada, ya que aunque su grueso se basa en rebajas de impuestos que no se aplican en las Islas, pasó por alto incluir medidas compensatorias para el Archipiélago. Ahora, el Gobierno canario trabaja para que la prórroga de la ejecución de estos fondos sí esté incluida dentro de las medidas compensatorias para las Islas que negocia durante este fin de semana con el Ejecutivo central.

Tanto la Consejería como las patronales sectoriales mantuvieron la prudencia y la expectación ante lo que puede cerrarse este fin de semana y que se dará a conocer el lunes, por la importancia que puede tener para la economía y las empresas del Archipiélago que esta prórroga quedara fuera.

Canarias dio la voz de alarma hace semanas ante la posibilidad de que se pudieran perder esos 242 millones -cuyo plazo de ejecución finaliza el 31 de julio– destinados a desarrollar proyectos la transición energética, la penetración de las renovables y la descarbonización de Canarias. Proyectos que pretenden incrementar en 170 megavatios de potencia renovable y otros 140 megavatios hora de almacenamiento.

Efecto de la guerra

Si lograr un aplazamiento ya era importante entonces, la medida cobró todavía más relevancia el 28 de febrero, tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo, que ha provocado la desestabilización del sistema energético internacional, ante la subida del precio del crudo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20% de la producción de petróleo mundial. Ante esto, desarrollar proyectos que puedan reducir la dependencia energética del crudo en la región es determinante y, de ahí, que si el ahínco por conseguir una prórroga era férreo hace un mes, lo sea ahora todavía más.

El Ejecutivo regional exige una prórroga hasta diciembre de 2028, tal y como se ha hecho en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo público dependiente del Ministerio, que negoció directamente con Bruselas para lograr ese aplazamientos. Una reclamación en la que también están alineados los sectores económicos afectados por esta paralización.

Pero, ¿por qué Canarias quiere ampliar este plazo? A pesar de que los proyectos vinculados a estos fondos están tramitados, en el mes de junio Canarias debe enviar a la Administración central todos los expedientes con las ayudas plenamente justificadas. ¿Qué ocurre? Pues que para ello hubiera sido necesario que los proyectos se hayan ejecutado, pero no ha sido así. Son casi 27.000 expedientes que se deberían gestionar, una cantidad ingente para la que no existen recursos suficientes para poder llevarlo a cabo en el plazo necesario. Un plazo que, insisten, no se correspondía con la realidad, porque los beneficiarios no tienen tiempo material para hacer realidad los iniciativas que han presentado con escasas semanas de margen. El tejido empresarial está desbordado. Los instaladores de placas fotovoltaicas no tienen manos para atender una intensa demanda concentrada en este limitado tiempo. Además, hallar trabajadores formados les resulta imposible.

Mismo trato

Canarias no quiere otra cosa que lo que el IDAE ya ha logrado para sí mismo, ya que el organismo logró a finales del año pasado añadir dos ejercicios más de plazo para ejecutar los proyectos que él gestiona de manera directa. Fondos entre los que también hay destinados a proyectos para impulsar la búsqueda de energía geotérmica en las entrañas de las Islas. El Gobierno de Canarias ha defendido desde entonces que lo que vale para unos debe valer también para otros y se ratifica en su posición de solicitar igualmente una prórroga.

En medio de las negociaciones, el Archipiélago remitió una estrategia jurídica pormenorizada para poder sacar esta ampliación adelante. Un plan que remitió a Madrid con la intención de obtener su beneplácito para incrementar el plazo los mismos dos años que ha logrado el IDAE o, al menos, ampliar el plazo de ejecución solo hasta el 31 de julio de los proyectos considerados claves, lo que permitiría poner en funcionamiento 66 megavatios de potencia renovable.

Un plan que esperaba fuera incluido en el decreto de medidas anticrisis frente a los efectos de la guerra en Irán, aunque finalmente no fue así. Y esto, a pesar de que el Gobierno central es consciente de los problemas que está teniendo la penetración de renovables en la comunidad autónomas. Por lo que el Ejecutivo regional no quiere dejar pasar esta oportunidad y redobla esfuerzos en la negociación que se mantiene con el Estado para que sea incluido en las medidas compensatorias que ha acordado con Canarias.

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