La falta de secretarios e interventores paraliza la gestión en los municipios de Canarias

El baile de secretarios, interventores y tesoreros –los funcionarios con habilitación nacional– sigue dando quebraderos de cabeza a los ayuntamientos y cabildos de Canarias. Lejos de estabilizarse los puestos, las vacantes siguen siendo numerosas y el trasvase de este personal entre corporaciones es la tónica habitual en muchas corporaciones, sobre todo las más pequeñas. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública convocó el año pasado 1.000 plazas para todo el país de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. De esta cantidad 39 plazas eran para Canarias, cifra insuficiente para cubrir las necesidades de los ayuntamientos y cabildos de las Islas. De hecho, datos recientes reflejan que cerca de la mitad de las plazas de secretarios, interventores y tesoreros de las 269 existentes en los 88 consistorios y siete cabildos insulares están sin cubrir.

La publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la provisión temporal para el desempeño de puestos reservados a este tipo de funcionarios es una constante desde hace años. La Dirección General de Función Pública publica los nombres de los empleados públicos que tienen que cubrir las vacantes ante la necesidad perentoria que tienen los ayuntamientos para poder funcionar. Los consistorios que carecen de personal habilitado deben recurrir a otros empleados para sacar adelante funciones y asuntos que pueden provocar la parálisis en cuestiones como los gastos ordinarios, presupuestos, actas de acuerdos y comisiones, licencias, obras, etcétera. Y es que los secretarios velan por la legalidad de las decisiones que se adoptan y los interventores fiscalizan el gasto público municipal.

La última publicación en el BOC data de hace dos semanas y en la misma continúa la misma tónica, es decir, nombramientos temporales de uno a dos meses de funcionarios para «la realización de aquellos actos de administración ordinaria que resulten imprescindibles para evitar la paralización de la Administración», según reza la resolución. Funcionarios interinos, auxiliares administrativos, técnicos y hasta policías locales engrosan los nombramientos provisionales que realiza Función Pública a petición de la corporaciones locales para evitar la ralentización de la maquinaria administrativa.

Raúl Afonso, vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Moya, lamenta la «inestabilidad» en la que se encuentran los ayuntamientos más pequeños y menos poblados por una situación que se está convirtiendo en crónica. En el caso de su consistorio un policía local ejerce las funciones de interventor porque el puesto está vacante, mientras que otro funcionario ejerce de forma accidental como secretario porque el titular pidió excedencia. Afonso resalta que es algo habitual, es decir, los habilitados titulares toman posesión de su plaza pero con el tiempo terminan pidiendo excedencia o traslado hacia otros ayuntamientos más grandes, habitualmente por una cuestión meramente de mayores retribuciones o por temas personales y familiares.

La Fecam ha reclamado de forma insistente que el Gobierno central convoque más plazas o, en su caso, que autorice a la Comunidad Autónoma a hacerlo pero ni una cosa ni otra, por lo que el Gobierno regional se ve obligado cada cierto tiempo a nombrar y a cesar a personal para cubrir temporalmente este tipo de puestos a petición de los alcaldes.

También estuvo en la incertidumbre hasta hace poco el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, cuyo alcalde, Pedro Suárez, advierte que la movilidad de este personal es muy frecuente. De hecho la corporación aldeana tenía vacante el puesto de la Secretaría hasta hace poco, mientras que la plaza de la Intervención se asignó recientemente. «Ahora hay ayuntamientos que están peor que nosotros, pero la movilidad y los procesos de estabilización provocan incertidumbre y una paralización absoluta», añade el regidor de La Aldea.

Plazas insuficientes y resistencia a las Islas

Convocatorias insuficientes, jubilaciones, bajas y resistencia de los funcionarios a venir a Canarias y a los ayuntamientos más pequeños son los motivos por los que se ha llegado a esta situación de precariedad, que los ayuntamientos parchean como pueden con enormes dificultades que ralentizan la gestión. La situación afecta de forma más elocuente a los municipios pequeños, que acumulan graves dificultades para contar con un secretario o un interventor y se ven obligados a nombramientos provisionales que deben ser autorizados por la Dirección General de Función Pública, que los publica en el BOC.

El Gobierno canario ha solicitado en varias ocasiones que se le permita convocar tantas vacantes como necesidades hay en Canarias porque salen pocas plazas para toda España. El Ejecutivo incluso se ofrece a que la convocatoria sea con los requisitos que marque el Estado, sus temarios y con los tribunales que designe el Gobierno central. Sin embargo, esta reclamación no ha sido atendida, por lo que los ayuntamientos se ven abocados a tener problemas debido a la dependencia que tienen en asuntos que comprometen la legalidad y los gastos de las corporaciones.

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