Tirón de orejas de la Audiencia de Cuentas al Parlamento: la dejadez de los diputados debilita la estructura operativa de RTVC

La Radiotelevisión Pública de Canarias (RTVC) continúa arrastrando debilidades estructurales en su funcionamiento interno pese a las medidas extraordinarias aprobadas en los últimos años. La ausencia de una reorganización administrativa tras asumir la gestión directa de los servicios informativos mantiene abiertas deficiencias en el control de los expedientes de contratación y deja sin resolver la aprobación del mandato marco y la constitución de órganos como el Consejo Asesor y los Consejos de Informativos.

Según el último informe de la Audiencia de Cuentas al Parlamento, y que fue expuesto el 23 de marzo por su presidente, Pedro Pacheco, a los diputados, incide en las carencias relevantes que la inacción de los diputados provocan en el ente público al no acometer las modificaciones legales a las que están obligados.

Entre esas debilidades de control interno figura la falta de trazabilidad documental en los expedientes de contratación de Televisión Pública de Canarias (TVPC), un aspecto especialmente sensible al afectar al seguimiento y justificación de los procedimientos. En concreto, el informe denuncia adjudicaciones directas acumuladas que superan los 15.000 euros anuales al mismo adjudicatario o que la adquisición de derechos de producciones se haga sin informe jurídico y sin posibilidad de verificar si los precios son de mercado.

El órgano fiscalizador también detecta que existen informes jurídicos que se emiten la misma fecha de la formalización del contrato o incluso después.

Situación insólita

¿Y por qué sucede todo esto? Pues, según la Audiencia de Cuentas, por culpa de una situación que roza lo insólito: la radiotelevisión pública carece de servicio jurídico propio y depende de contratos externos para algo tan esencial como el asesoramiento legal. Además, la Intervención General y los servicios jurídicos del Gobierno o del Parlamento apenas participan en las mesas de contratación: en todo 2023 –año al que se refiere el informe– solo estuvieron presentes en un expediente aunque el ente público solicita su presencia constantemente.

A ello se suma que el Consejo Asesor y los Consejos de Informativos continúan sin constituirse, ya que dependen de la aprobación y publicación del reglamento orgánico del ente público RTVC, un texto que sigue sin ver la luz.

Además, siguen sin cubrirse puestos considerados fundamentales, como la Secretaría de la Junta de Control de RTVC, y la radiotelevisión pública canaria continúa sin disponer de un servicio jurídico propio, lo que obliga a recurrir a contrataciones puntuales para obtener asesoramiento legal.

Este tirón de orejas de la Audiencia de Cuentas a los grupos parlamentarios pone en evidencia que derivada política de los últimos 11 años imposibilitó aprobar definitivamente el mandato marco que facilitaría que RTVC fuese totalmente pública. Un documento que está incluido en la Ley de RTVC, que fue impulsado en el primer mandato de Clavijo (2015-2019) por PSOE, Podemos y NC y refrendado por mayoría pero que luego quedó paralizado durante la etapa del pacto de las flores.

Siete años perdidos

De hecho, el texto base del mandato marco está aprobado desde finales de la legislatura que concluyó en 2019, por lo que los grupos parlamentarios han perdido siete años para ponerse de acuerdo en su ratificación final.

A este ‘punto negro’ del parlamentarismo canario con respecto a RTVC se une el hecho de que en cuatro votaciones distintas (dos en mayo de 2021 y otras dos en octubre de ese año), el pleno de la Cámara rechazó a los candidatos propuestos por los distintos grupos para formar la Junta de Control, pese a que previamente habían pasado el examen de idoneidad en la propia Comisión de la Cámara regional.

Ese desacuerdo fue debido a que Sí Podemos, PSOE y NC vetaron a uno de los candidatos propuestos por los nacionalistas y les llevó a votar en contra incluso a los que ellos mismos habían propuesto para evitarque la elecciónpudiera salir adelante.

El bloqueo ha sido constante y visible fruto del disenso permanente entre los siete grupos del arco parlamentario.

Los servicios jurídicos del Gobierno y de la Cámara regional obvian participar en las mesas de contratación del ente

Más allá de la denuncia del pago de 123.116 euros a 72 colaboradores de RTVC sin contratos legales –incumpliendo los principios de transparencia y concurrencia–, que fue lo que trascendió del debate del informe el pasado 23 de marzo, el órgano fiscalizador también incidió en el hecho de que el Parlamento mantiene con su inacción una RTVC debilitada, sin órganos plenamente operativos, con controles insuficientes y sostenida a base de soluciones provisionales.

Habrá que ver si la nueva, y polémica, ley del sector audiovisual, soluciona estas carencias.

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