Ascav denuncia que el Gobierno de Canarias "recrudece las condiciones" para los propietarios de vivienda vacacional

La Asociación Canaria de la Vivienda Vacacional (Ascav) ha acusado este martes al Gobierno de Canarias de intentar introducir “modificaciones sustanciales que recrudecen aún más las condiciones que los propietarios tendrán que asumir” en el sector del alquiler vacacional.

Según la asociación, el Ejecutivo pretende llevar a cabo estos cambios a través del Proyecto de Ley (PL-0013) para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas, mediante una serie de enmiendas relacionadas con la actividad turística que, a su juicio, “no guardan relación con el objeto inicial de la norma”. Así lo ha señalado Ascav en un comunicado, en el que denuncia que estas modificaciones fueron introducidas una vez el texto llegó a sede parlamentaria.

La organización sostiene que, además de la “desconexión” con la finalidad original del proyecto, las enmiendas “alteran significativamente el régimen jurídico” de la vivienda vacacional en Canarias. Por ello, considera necesario que el Consejo Consultivo de Canarias vuelva a emitir un informe jurídico, aunque este no sea vinculante.

Ascav recuerda que el propio Consejo Consultivo ya se pronunció sobre esta cuestión en el dictamen 99/2019, en el que señalaba que debe existir una conexión entre la norma que se tramita y las enmiendas introducidas, algo que, según la asociación, no se produce en este caso.

La patronal

La patronal también sostiene que “una enmienda no puede servir como mecanismo para dar vida a una realidad normativa nueva”, y cita la sentencia 4/2018 del Tribunal Constitucional, que, según expone, establece que estos cambios deberían surgir de una nueva iniciativa legislativa.

Entre las modificaciones planteadas, Ascav advierte de que se podría invadir competencias estatales al establecer que todos los alquileres inferiores a 31 días sean considerados turísticos, independientemente de su naturaleza. Asimismo, señala que la propuesta obligaría al arrendador no solo a solicitar información al inquilino, sino también a comprobarla y justificarla.

Además, la asociación destaca que se contemplan sanciones por incumplimiento que oscilarían entre los 1.501 y los 30.000 euros. Ascav considera que esta regulación afectaría a situaciones que, a su juicio, no pueden calificarse como alquiler turístico, como desplazamientos laborales de corta duración, estancias por estudios, alquileres vinculados a rodajes audiovisuales o desplazamientos entre islas por motivos sanitarios, especialmente desde las islas menores hacia las capitalinas.

Por todo ello, la asociación concluye que los cambios deberían remitirse nuevamente al Consejo Consultivo de Canarias, al considerar que se está utilizando una ley destinada a agilizar licencias urbanísticas para modificar de forma sustancial el régimen de arrendamiento turístico de viviendas, una materia que, según defiende, no guarda relación con el contenido original del proyecto legislativo.