Canarias reclama al Estado créditos blandos para salvar su tejido empresarial

El Gobierno canario no solo limita a rebajas fiscales las medidas anticrisis en la economía canaria por el impacto de la guerra en Oriente Próximo. El tejido productivo de las Islas, dominado por pymes y autónomos, corre el riesgo de sufrir problemas de liquidez, pérdida de ingresos y un aumento de los 'números rojos' en la cuenta de resultados por el encarecimiento de las materias primas y la posible caída del consumo. Por ello el Ejecutivo regional reclama que se abra una línea específica del ICO (Instituto de Crédito Oficial) con un formato similar a las acciones que se establecen en el decreto ley del Estado, en forma de créditos blandos para financiar a los sectores más sensibles a la crisis.

El decreto ley estatal establece un nuevo paquete de créditos a bajo interés por valor de 300 millones de euros como instrumento de financiación para los sectores agroalimentario y pesquero, que busca frenar los efectos de la pérdida de rentabilidad por el incremento de los costes energéticos. Además, la Consejería de Economía del Ejecutivo regional también incluye en esta línea ICO específica el transporte de mercancías, la logística y la distribución, además de la industria como consecuencia de la subida de los insumos, es decir, las materias primas para la elaboración de los productos. Asimismo, se demanda reforzar la línea de avales para mantener la liquidez y la financiación para las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

Estas y otras medidas formarán parte del decreto ley que prepara el Gobierno regional para aprobarlo en el Consejo de Gobierno que se celebrará después de Semana Santa. Aunque el Estado no ha garantizado aún su conformidad a estas peticiones, la línea de negociación abierta en los últimos días entre el presidente del Gobierno Fernando Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres supone a priori que habrá una consideración especial con Canarias a la hora de financiar a los sectores más afectados por las consecuencias de la crisis. Desde el Ejecutivo se advierte que no solo se trata de frenar el impacto directo mientras dure el conflicto, sino a posteriori si se mantienen las consecuencias sobre el precio del petróleo, los transportes y las materias primas.

Coste energético

El impacto en el coste de la energía también supone que se demande una actualización de determinadas partidas que están recogidas en los presupuestos del Estado de 2023, los últimos aprobados por el Congreso, y que se han quedado desfasadas por el nuevo escenario internacional. Una de las principales medidas que se piden a corto plazo es incrementar los fondos destinados a la desalación y extracción de agua de ocho a 9,5 millones de euros y las plantas potabilizadoras de ocho a 10 millones de euros para evitar el encarecimiento de la factura del agua por el mayor coste que supone la energía necesaria para la desalación. También se solicita un incremento de la partida destinada a la gratuidad del transporte por carretera de los 81 millones actuales a 150 millones. En el ámbito agrícola todavía se adeudan los 21 millones del programa Posei.

En el marco de las solicitudes al Gobierno central figura la deflactación del IRPF en el tramo estatal del impuesto, ya que esta medida la ha implantado la Comunidad Autónoma en su tramo, que supone el 50% del total. La deflactación consiste en un ajuste que amplía los tramos y deducciones del impuesto para adaptarlos a la inflación con el objetivo de evitar que los trabajadores paguen más impuestos al subir sus salarios debido al aumento del IPC, sin que haya mejorado realmente su poder adquisitivo. Aunque el Gobierno central se ha opuesto a esta medida en el decreto estatal tras la petición del PP, el Ejecutivo autonómico advierte que la media de los salarios en Canarias es más baja que la nacional por lo que el impacto de un incremento del IPC en las Islas tiene un impacto más negativo y más retenciones en las nóminas menoscaban aún más el poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores de las Islas.

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