Ni endeudamiento ni déficit: Canarias se queda sin recursos para afrontar la crisis

Las arcas autonómicas están atadas de pies y manos para afrontar con fondos propios medidas para amortiguar la crisis que está provocando la guerra en Irán y sus consecuencias en el encarecimiento del petróleo y de la energía. La Comunidad Autónoma dispone de margen para endeudarse hasta cerca de los 1.400 millones de euros sin incumplir el objetivo máximo de deuda, que es del 13% del PIB, ya que se encuentra actualmente en el 10,8%, que supone un ‘debe’ de unos 6.600 millones de euros. Sin embargo el primer paso para poder hacerlo sería que el Gobierno central apruebe una senda de estabilidad que autorice a Canarias a solicitar nuevos préstamos, algo que no se ha concretado cuando ya se ha entrado en el segundo trimestre del año.

El Gobierno regional insiste en su petición de que se suavicen las reglas fiscales en la línea de lo estipulado por la Comisión Europea en 2024, sobre todo para una comunidad que está por debajo del nivel máximo permitido de endeudamiento y que no puede gastar todo lo que recauda por los límites impuestos por la regla de gasto. En un escenario de crisis abierto por el nuevo conflicto bélico se hace más urgente disponer de recursos para asumir rebajas de impuestos y ayudar a los sectores más afectados con líneas de créditos y subvenciones de los que ahora no se puede disponer.

La consejera de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Matilde Asián, se muestra taxativa: «La situación se agrava por dos razones, porque no tenemos presupuestos pero tampoco senda de estabilidad, sin autorización del Estado no podemos endeudarnos ni tener un objetivo de déficit para contar con más recursos». Y es que el requisito para renovar el nivel de deuda hasta el límite y poder contraer nuevo endeudamiento es que haya senda de estabilidad, una competencia del Gobierno central que fija los márgenes y límites a las comunidades autónomas.

La exministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó en dos ocasiones aprobar una nueva senda de estabilidad en el Congreso para 2026 pero fue rechazada por la negativa de la oposición, más el voto de Junts. Ante este rechazo se aplican las metas del plan fiscal estructural, que tiene la misma cifra global de déficit (2,1 % del PIB para 2026), pero obliga a las comunidades autónomas a cerrar en equilibrio en lugar de con una décima del PIB de déficit, lo que constriñe el margen de maniobra de Canarias para elevar el déficit y poder gastar más.

Cuando se desestimaron los nuevos objetivos no había estallado el conflicto de Oriente Próximo y ahora el escenario ha cambiado totalmente ante una nueva crisis que impacta en la inflación y en la subida de precios, especialmente en los combustibles. El Gobierno español ya ha aprobado un primer paquete de medidas y con el Ejecutivo regional se alcanzó un acuerdo para compensar las rebajas fiscales que se aplican con el IVA en la Península.

Medidas anticrisis

Pero los objetivos de estabilidad han quedado rebasados por la nueva crisis. De hecho la consejera de Hacienda advierte que en el decreto ley aprobado por el Gobierno central no se concreta cómo van a afectar las medidas anticrisis a las reglas fiscales vigentes. La salida de Montero de Hacienda y la llegada de Arcadi España, por un lado, y el encumbramiento del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por otro, supone un impasse que debe resolverse de inmediato con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para Canarias es esencial que se clarifique la senda de estabilidad o que el Estado flexibilice las reglas fiscales para las comunidades que tienen margen suficiente para endeudarse sin vulnerar los límites establecidos por Bruselas. Para el Archipiélago serían hasta 1.380 millones de euros que podrían utilizarse para ampliar el abanico de rebajas de impuestos tanto propios como cedidos, aumentar el nivel de ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis y dotar de más financiación a los servicios públicos.

«No nos sirve de nada la situación saneada en la que se encuentra la Comunidad Autónoma porque no nos podemos gastar todos los ingresos de los que disponemos, ni tenemos capacidad de endeudamiento; no nos dejan hacer nada, ni siquiera nos podemos endeudar hasta el objetivo del 13%», critica la titular de Hacienda.

Tampoco se puede contar con los fondos del superávit, remanentes que en 2024 –147 millones de euros– el Ministerio de Hacienda permitió utilizar a la Comunidad Autónoma para destinar 100 millones de euros a la recuperación de la isla de La Palma. Asián recuerda que esta excepción aprobada por el Gobierno central evitó que cumpliera su compromiso de transferir a las arcas autonómicas los 100 millones comprometidos en los últimos presupuestos estatales, los de 2023, en los siguientes ejercicios. Aún no está liquidado el ejercicio de 2025 para conocer la cifra exacta del superávit, si bien la indefinición actual sobre la flexibilización de las reglas fiscales impide saber a ciencia cierta si se puede utilizar para afrontar las consecuencias de la crisis ya que, hoy por hoy, la autorización de los remanentes es para inversiones financieramente sostenibles, una condición que también va destinada a los ayuntamientos y cabildos.

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