Lola Padrón, diputada del Común: "Apoyo topar el alquiler, crecer en altura y reconvertir hoteles"

La vivienda, la dependencia, la discapacidad, los menores, la lentitud burocrática de la Administración en las respuestas a los problemas sociales... Son quejas de los ciudadanos en su informe 2024. ¿Siguen estos problemas en el que está elaborando del 2025?

Sí. Y la vivienda es el gran problema... Es un derecho constitucional y su escasez en Canarias es alarmante debido a la inflación, el modelo económico y la lentitud en los planes generales de los ayuntamientos, que pueden tardar hasta 12 años en aprobarse porque están bajo mínimos de personal. Por ello, propongo soluciones a corto plazo porque la construcción de vivienda pública es lenta. Entre ellas, está topar los precios del alquiler en zonas tensionadas para evitar una bolsa de pobreza mayor. También debemos ser valientes y considerar crecer en altura en ciertas zonas de las Islas. Esta idea surge de cuando fui alcaldesa de Puerto de la Cruz; con 9 kilómetros cuadrados de superficie no queda más remedio que crecer en altura o reutilizar lo ya construido, como reconvertir hoteles obsoletos en viviendas, siempre mediante negociación con la Administración. La Administración también debe recuperar y rehabilitar los edificios que quedaron parados desde la crisis de 2008 y que hoy están en manos de los bancos.

¿Y con las 200.000 viviendas vacías?

El dato está ahí, pero el censo no está hecho, lo hemos pedido, pero los ayuntamientos están bajo mínimos en personal técnico. Y debe haber colaboración de lo público y lo privado, es absolutamente necesaria. Nos encontramos respuestas lentas y hemos abierto mesas tanto con Visocan como con el Instituto Canario de la Vivienda y también con la Comunidad Autónoma. Quizás debería plantearse que, con dos organismos que gestionan la vivienda, la coordinación sea mucho mejor o efectiva, o generar un solo organismo. O sea, en vivienda hay mucho trabajo por hacer, pero también hay que hacerlo a corto plazo, para evitar desahucios. Y mi apuesta es el modelo austriaco: que las viviendas sociales que pagamos entre todos sean siempre propiedad del Estado y funcionen en régimen de alquiler según la renta.

«El silencio positivo es la solución: a los seis meses, el derecho a la discapacidad debe ser automático»

Canarias arrastra listas de espera en dependencia y discapacidad. ¿Cuál es su propuesta para romper este ciclo?

La situación es inaceptable, especialmente cuando familias pierden a sus seres queridos mientras esperan una pensión. En materia de discapacidad, hemos hecho un informe específico para impulsar mejoras. Sin embargo, la solución definitiva que planteo es el silencio administrativo positivo. Si la ley establece un plazo de seis meses y la administración no responde, el ciudadano debe obtener el derecho automáticamente.

¿Y cómo lo haría?

El primer paso fundamental es cambiar la Ley orgánica para que el silencio administrativo pase a ser positivo en materias como la discapacidad. No se puede hacer esperar a la gente cuatro años; si después hay que revisar el grado, que se haga, pero el derecho debe ser efectivo desde el primer momento para evitar que las familias tengan que invertir dinero de su bolsillo o dejar sus empleos para cuidar a sus familiares. ¿De qué sirve que me paguen la pensión con carácter retroactivo si mi familiar ya ha fallecido? Esta ineficacia es una fábrica de pobreza. Hay familias que empobrecen porque tienen que invertir sus ahorros en apoyos que no llegan o madres que dejan sus empleos para cuidar a hijos con enfermedades raras. El cuidado no debe ser gratis.

Usted critica la burocracia de la administración actual. ¿Qué propone?

Hay que ser realistas: sin el tercer sector, el sistema de servicios sociales de Canarias se cae mañana mismo; está absolutamente externalizado. La Administración hoy es incapaz de gestionar y financiar por sí sola todo lo que las leyes prometen. Por eso, mi gran apuesta es hacer la Ley del Tercer Sector. No podemos tener a las organizaciones mendigando subvenciones cada tres años con una burocracia asfixiante. Necesitamos darles estabilidad con financiación plurianual. Si queremos externalizar servicios porque la Administración no tiene capacidad, hagámoslo con una ley de bases que regule quién puede hacerlo. No puede ser cualquier empresa; deben ser entidades expertas, como los colegios profesionales de trabajadores sociales o psicólogos. Defiendo un modelo mixto con un cimiento público brutal, donde la colaboración público-privada sea un instrumento de eficiencia, no un fin para el beneficio descontrolado.

«La falta de personal en la Administración es brutal desde la crisis de 2008 y provoca lentitud »

¿Qué problemas tiene la función pública?

La estructura administrativa no está dando respuesta y, a veces, ni siquiera sabe cómo hacerlo. Tenemos dinero de Europa para niños tutelados que se queda sin gestionar por falta de capacidad técnica. La falta de personal es brutal; desde la crisis de 2008 no nos hemos recuperado. Un ayuntamiento pequeño, como el de Tinajo, no tiene ni quién le haga el registro de entrada, y así es imposible aprobar planes generales de vivienda. Esta carencia provoca que la estructura administrativa no sea capaz de responder a los problemas sociales, independientemente de quién gobierne. La Administración debe dejar de ser un fin en sí misma; es un instrumento para la ciudadanía, no una estructura para protegerse a sí misma.

¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación sanitaria en las islas?

Mire, los profesionales lo están dando todo y tenemos una sanidad pública excelente. El problema es que, cuando entras al hospital, te das cuenta de que la dirección que se toma en ciertos puntos no es la correcta. Yo misma he ido al Hospital Universitario a hacer cuatro inspecciones y sigo de cerca el Doctor Negrín, y lo haré isla por isla. Pero quiero ser cuidadosa con el mensaje.

¿Por qué quiere ser cuidadosa con el mensaje?

Si el mensaje que lanzamos es que la sanidad pública es horrorosa, estamos empujando a la gente a los seguros privados, y ahí es donde se pierden los más vulnerables y la clase media. Tenemos profesionales excelentes, pero la entrada a la sanidad pública es lo que está fallando; las urgencias y las esperas son el cuello de botella que nos está quitando el derecho a una atención digna. Una vez que el paciente logra entrar al sistema, la sanidad pública es la mejor, pero ese acceso inicial está muy dificultado. Además, hay áreas críticas como la salud mental, donde es evidente que faltan recursos humanos y materiales para dar una respuesta adecuada. Necesitamos modernizar la gestión, no destruir la confianza en lo público, y ahí está mi labor, en mediar. La crítica hay que hacerla, por supuesto, pero planteando soluciones y no solo como una disputa de todos los días.

Canarias vive una presión migratoria constante. ¿Cuál es su postura sobre los menores?

Los macrocentros deben desaparecer; solo llevan a la deshumanización y a cosificar a los niños. Mi modelo es el de centros pequeños e integradores. Por eso hablo de la necesidad de la Ley del Tercer Sector, para revisar qué organizaciones son las que deben encargarse, y además que no monopolicen la gestión de los centros. En mi opinión, hay que acabar con las distinciones: me da igual que sean migrantes o no; son menores tutelados por la comunidad autónoma y punto. Es vergonzoso que haya comunidades autónomas en la península que se nieguen a recibir niños migrantes. No se puede dejar a Canarias sola, Europa tiene que cumplir su parte, al igual que el Estado y las comunidades autónomas.n

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