Espadas en alto para ‘fortificar’ el autogobierno de Canarias frente al Estado

En un lado de la mesa estarán los representantes del Estado Myriam Álvarez, secretaria general de Coordinación Territorial; Rafael Briet, director general de Cooperación Autonómica; y Gonzalo Díaz, director general de Régimen Jurídico Autonómico. En frente se colocarán Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia; Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, y Ceferino Marrero, secretario general. Estas seis personas se reúnen este viernes en la sede tinerfeña de Presidencia con el cometido de allanar el camino para encontrar un acuerdo que desbloquee importantes asuntos vitales para profundizar en el autogobierno: cogestión de los aeropuertos del Archipiélago, control de los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la ampliación de los plazos para ejecutar proyectos ligados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos MRR, destinados a la Consejería de Transición Ecológica.

El Gobierno de Canarias acude con la intención de abrir una negociación con contenido y el Estado acepta sentarse, pero ya ha dejado ver que no comparte el alcance de algunas de esas exigencias. La cita, por tanto, no se limita a cuestiones técnicas. Lo que se juega hoy en la capital tinerfeña es el margen político que el Estado está dispuesto a conceder a Canarias en sectores estratégicos. Y también la capacidad del Ejecutivo regional para convertir una reunión bilateral en algo más que una foto institucional.

Y todo ello en un contexto en el que las Islas insisten en que están siendo infrafinanciadas por el Estado y que, además, no se deja las manos libres a las arcas canarias para poder dedicar más recursos a impulsar políticas básicas que refuercen el estado del bienestar.

2.800 millones bloqueados

Un asunto nada baladí y que se entremezcla con las reivindicaciones que tienen más que ver con el desarrollo autonómico. Según las cifras que maneja el Ejecutivo, el Estado tiene bloqueados un total de 2.800 millones de euros a la Comunidad Autónoma, lo que equivale a una quinta parte de los presupuestos autonómicos para 2026.

Canarias dispone de margen para endeudarse hasta cerca de los 1.600 millones de euros sin incumplir el objetivo máximo de deuda, que es del 13% del PIB, ya que se encuentra en el 10,8%, pero el Estado no otorga el plácet. A esos millones hay que sumar otros 1.200 de las entregas a cuenta para 2026 que debe remitir la Hacienda estatal –y que aún no ha hecho–, por lo que la consejera Matilde Asián se quejó de que "el Estado no nos deja hacer nada".

Cogestión aeroportuaria

Y en este contexto aparece la reivindicación de cogestionar los aeropuertos, pues en ningún otro terreno se ve con tanta claridad la dependencia estructural de Canarias respecto a decisiones tomadas fuera de las Islas.

El Archipiélago sostiene buena parte de su actividad sobre la conectividad aérea y, sin embargo, carece de presencia efectiva en el núcleo donde se decide la política aeroportuaria:Aena.

Esa es la base de la reclamación del Gobierno canario: no puede seguir considerándose normal que un territorio fragmentado, alejado del continente y completamente condicionado por el avión quede fuera de las decisiones que afectan a su principal red de comunicación.

Canarias ampara esa reivindicación en el Estatuto de Autonomía. Su tesis es que no se trata de romper el modelo estatal ni de cuestionar la titularidad pública general, sino de desarrollar de forma efectiva un marco competencial ya reconocido. El Gobierno central ha marcado distancia y el ministro Ángel Víctor Torres ha dejado abierta la posibilidad a un órgano bilateral o paritario de participación, pero evitando asumir el concepto de cogestión en sentido pleno: sí a tener voz, pero no a tener voto.

El fuero canario

La segunda gran carpeta es el REF, el auténtico fuero del autogobierno canario. El Ejecutivo de Fernando Clavijo quiere asumir mayor capacidad de control sobre los incentivos fiscales isleños. No es una discusión menor ni puramente técnica.

El debate alcanza de lleno a uno de los instrumentos históricos con los que Canarias ha intentado compensar su lejanía, atraer inversión y modular su desarrollo económico. En este punto el Gobierno regional sostiene que hay margen para pactar fórmulas que permitan a Canarias participar de manera más directa en la gestión, supervisión o control de incentivos sin quebrar ni la estructura tributaria del Estado ni el encaje europeo del REF. Moncloa no ha cerrado la puerta, pero tampoco ha concretado hasta dónde estaría dispuesta a llegar.

Fondos MMR

El tercer frente es que Canarias quiere que el Estado respalde una prórroga de los plazos de los fondos MRR para evitar que proyectos en el ámbito energético, queden fuera por las rigideces del calendario europeo. La argumentación del Ejecutivo autonómico se apoya en la condición de región ultraperiférica, en los sobrecostes derivados de la insularidad, en la complejidad administrativa y en los condicionantes territoriales que ralentizan la ejecución de los fondos.

Canarias defiende que no se puede medir con la misma vara al continente que a un archipiélago ultraperiférico, con limitaciones logísticas y energéticas, máxime cuando el propio Estado se prorrogó los plazos a sí mismo.

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