El PP revienta la reunión para fijar el nuevo reparto de menores migrantes

Déjà vu. El PP lo ha vuelto a hacer. Las comunidades gobernadas por los populares -excepto Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta- plantaron ayer a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que no pudo celebrarse por la falta de quórum. El encuentro debía abordar, entre otros asuntos, la actualización del real decreto que regula la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, pero el boicot de los populares lo hizo imposible.

No es la primera vez. Ya ocurrió en julio de 2025 y la justificación fue la misma. Los populares se agarraron al argumento de que la cita fue convocada de manera «ilegal» al incluir puntos en el orden del día que no habían sido aprobados por la comisión sectorial. Solo los territorios del PP afectadas por la contingencia migratoria, Canarias y Ceuta, fueron capaces de dejar ese argumento en un segundo plano y dar prioridad al fondo de la cuestión. Aunque de nada les sirvió, ya que en el resto de territorios del PP se impuso la postura defendida desde Génova. El interés de los menores volvió a quedar en un segundo plano.

Compañeros de filas

Los populares canarios no se salieron del guion. Formar parte del Gobierno canario -el más afectado por la contingencia migratoria- no les impidió ayer justificar la actitud de sus compañeros de filas. «Yo entiendo a aquellas comunidades que no quieren participar, es algo que no se ha hecho de forma legal», defendió ayer el vicesecretario de Organización y Comunicación del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, quien criticó que el Estado continuara con la convocatoria del encuentro de forma «caprichosa, pretenciosa y déspota» a pesar de que las regiones del PP habían avisado de su «ilegalidad» previamente.

El plantón no puso en una situación cómoda a Coalición Canaria, socio de los populares en el Gobierno canario. La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno autonómico, Candelaria Delgado, intentó -tras el boicot del PP- mantener una postura neutra y salió del paso afirmando que «las comunidades autónomas son libres de hacer o no hacer lo que estimen conveniente». Y dejó claro que cuenta con el respaldo interno del Ejecutivo regional. «Tengo todo el apoyo del vicepresidente y de todo el Consejo de Gobierno», aseguró, remarcando que el pacto en Canarias «está funcionando muy bien».

La buena relación con su socio no le impidió mostrar su rechazó al plantón. «En un estado democrático, lo lógico es venir, y si hay que protestar, se viene y se protesta en el órgano que está creado para eso», defendió.

El acto reivindicativo de los populares de poco sirvió, ya que la sectorial tenía carácter informativo y la prórroga del real decreto que regula la distribución de menores migrantes sigue en marcha. Desde el Ministerio que dirige Rego aclararon ayer que el texto continuará su curso e irá al Consejo de Ministros en las próximas semanas. La ministra defendió ayer el sistema de reparto aprobado el año pasado y lo calificó de «caso muy exitoso». Además, avanzó que el planteamiento para la prórroga es mantener los mismos criterios, variando únicamente las plazas disponibles en cada comunidad autónoma. «El hecho de que las comunidades ya se den por informadas nos permite seguir con el trámite», defendió la ministra, quien aclaró que el plantón «no tiene consecuencias» a nivel jurídico.

Delgado también puso el foco en continuar trabajado con el marco normativo vigente. La consejera explicó que el Ejecutivo autonómico ha pedido al Ministerio que agilice la aprobación en Consejo de Ministros de un nuevo real decreto que prorrogue el sistema actual. Delgado defendió, además, la coordinación existente con la Administración General del Estado. Según indicó, tras las dificultades iniciales, el sistema de traslados funciona con mayor fluidez en Canarias, tanto en lo relativo a menores bajo el amparo del real decreto como en los casos de aquellos con solicitudes de protección internacional, en colaboración con los ministerios competentes. La titular de Bienestar Social avanzó, además, que el Gobierno autonómico continuará personándose en los procedimientos judiciales relacionados con esta materia, como ya ha hecho en recursos anteriores actualmente en curso en el Tribunal Supremo y el Constitucional.

La ausencia del PP no sentó nada bien al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien describió el gesto como una «absoluta deslealtad institucional, falta de respeto y acto antidemocrático». Torres acusó directamente al partido que lidera Alberto Núñez Feijóo de bloquear el funcionamiento de los órganos del Estado.

El ministro fue especialmente crítico con el trasfondo político de la decisión y cuestionó la coherencia del PP en materia de acogida. En este sentido, aludió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al señalar la diferencia entre la disposición mostrada en el pasado con menores procedentes de Ucrania y la negativa actual en relación con menores africanos. «Absolutamente inaceptable esa falta de humanidad de un Partido Popular que pone permanentemente palos en las ruedas», sostuvo.

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