Las ampas de Canarias rechazan la nueva ley que garantiza la autoridad de los docentes: "Es una norma vacía y redundante"

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampas) de Canarias se oponen a la nueva ley que garantiza la autoridad de los docentes en las aulas, aun en fase de tramitación. Esta norma pretende proteger y reforzar la labor de los profesores, además de responder al aumento de la conflictividad en los centros escolares de las Islas. Sin embargo, las familias consideran que la ley deja fuera los problemas «reales» del sistema educativo, como el acoso escolar o los aumentos de suicidios. Y temen que pueda vulnerar los derechos del alumnado. Por ello, solicitaron ayer en Comisión de Educación ―celebrada en el Parlamento de Canarias―, que se tengan en cuenta sus propuestas para «reiniciar el contador y hacer bien las cosas».

De hecho, el representante de la Federación de Ampas de Gran Canaria-Galdós, Sergio de la Fe, calificó la medida de «vacía y redundante», dado que la autoridad del profesorado está ya recogida en la legislación actual. «El preámbulo de esta norma sitúa las familias y alumnado como el foco de un clima problemático, y sus herramientas se basan en recordar quiénes tienen la verdad y quién merecer ser protegido, en lugar de fomentar la corresponsabilidad», se quejó.

Propuestas

Su principal propuesta es, en cambio, abandonar esta norma a favor de un anteproyecto de ley en el que intervengan expertos y el Consejo Escolar de Canarias (CEC). Pues denunció que se ha limitado la participación de las familias en su tramitación. «Se debe abordar la corresponsabilidad, la convivencia, los derechos y deberes de los docentes en cuanto a su autoridad y su papel de ejemplaridad como empleados públicos, pero también pedimos que se tengan en cuenta los derechos y deberes de alumnos y familias», concretó.

Para una reforma más completa y consensuada, y que se centre en mejorar «realmente» la convivencia escolar, De la Fe propuso destinar una mayor financiación a la educación y garantizar el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación. «La no inversión supone una falta de respeto a la comunidad educativa y al ejercicio de la actividad docente, que trabajan en infraestructuras obsoletas, con ratios inasumibles y asumiendo competencias que no son propias de su formación», señaló. Además, solicitó blindar el CEC. «Hay que modificar la ley para que los informes de este órgano sean obligatoria incluso en las proposiciones de ley».

Más recursos y participación

Por otro lado, pidió la creación del ya demandado Observatorio de Convivencia y la incorporación de distintos perfiles distintos a los docentes en la Consejería de Educación. «Por ejemplo, habría que empezar por crear una dirección general de alumnado y familias», mencionó. Asimismo, insistió en legislar «en datos y no en sensaciones».

En esta línea, la también representante de la Federación de Ampas de Gran Canaria-Galdós, Mariam Álvarez, indicó que el porcentaje de docentes agredidos a manos de alumnos, y viceversa, es muy bajo. «Ha sido una irresponsabilidad formular esta ley desde este punto de vista, desde ese 0%de violencia», concretó. Y señaló otros datos que, bajo su punta de vista, sí merecen recibir atención como que el 70% de los casos de suicidio de menores son por acoso escolar, que hasta un 10,2% del alumnado sufre bullying o que el 63% del profesorado manifiesta que no dispone de formación suficiente para identificar situaciones de desprotección y violencia en menores.

Una ley similar

De la Fe recordó que hace 16 años, en Madrid, también se debatió una ley similar. La norma fue aprobada, pero recibió críticas de sindicatos, familias y partidos políticos, que la consideraron inútil y contraproducente. Y lamentó que ese mismo patrón se esté repitiendo ahora en Canarias. A su juicio, y en relación con los datos del CEC, los problemas de convivencia ni siquiera se encuentran entre las cinco principales preocupaciones de las aulas de Canarias. No obstante, la portavoz del Partido Popular, Sonsoles Martín, se mostró en desacuerdo más tarde y refutó que los conflictos en los centros escolares sí ocupan el cuarto puesto entre los principales problemas de la comunidad educativa.

Por su parte, la representante de la Federación de Ampas de Fuerteventura-Fimapa, Ismene de Santiago, defendió que uno de los errores de partida ha sido vincular el reconocimiento al profesorado con el concepto de autoridad. Y considera de inadecuado centrar el debate en el debate en situaciones que, siendo preocupantes, no representan la realidad mayoritaria de lo que ocurre cada día en las escuelas. «Las familias no nos enfrentamos al profesorado, pero lo que no podemos aceptar es que nos presenten como los responsables del deterioro de la convivencia en los centros», detalló. Y añadió que este asunto debería abordarse también desde la perspectiva de otros profesionales de la salud mental infantil, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y especialistas que trabajan directamente con menores.

Derechos del alumnado NEAE

Por otro lado, Santiago centró la mayor parte de su intervención en cómo esta ley puede llegar a vulnerar los derechos del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). «La crispación que hoy se vive en muchos centros no nace de la falta de autoridad, nace, sobre todo, de un sistema que no tiene recursos ni estructura suficiente para atender la diversidad», comentó. En este contexto, mostró su preocupación por la norma. «La ley refuerza la autoridad docente, pero no incorpora de forma clara garantías para el alumnado más vulnerable», detalló. Y añadió que aunque el profesorado cuente con mecanismos reforzados de protección jurídica las familias siguen sin respuestas del sistema», aclaró.

Santiago insistió en que muchas veces se sancionan conductas que forman parte de la discapacidad del alumnado. Por ello, exigió una protección efectiva de los derechos del alumnado NEAE. «Queremos garantías claras en la aplicación de medidas disciplinarias, protocolos específicos de actuación que orienten al profesorado antes de aplicar sanciones y formación práctica y especializada para la gestión de la diversidad y los conflictos», solicitó.

Pese a todo, las Ampas comparten la necesidad de respaldar al profesorado. «Necesitan apoyo institucional para poder desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas», señaló Santiago. Sin embargo, considera que el debate se ha orientado de una manera que no ayuda a resolver los problemas de convivencia en las aulas de Canarias.

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