Puertas abiertas a que Canarias negocie participar junto a Aena en sus aeropuertos

No hubo portazo. Ni veto. Ni líneas rojas. El Estado y Canarias abrieron este viernes en Tenerife una vía formal de negociación sobre la participación en la gestión de los aeropuertos del Archipiélago, una reivindicación política que el Gobierno de Fernando Clavijo había elevado al máximo nivel en las últimas semanas y que, por primera vez, entra de lleno en la agenda bilateral entre ambas administraciones.

Ese es el principal saldo político de la reunión celebrada en la sede de Presidencia, en Santa Cruz de Tenerife, donde el Gobierno de España y el Ejecutivo canario escenificaron un cambio de tono tras días de abierta fricción a cuenta del papel de Aena en las Islas. “Hay voluntad de llegar a un acuerdo”, aseguró al término del encuentro la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez. “Estamos seguros de que al final de las negociaciones estaremos mejor de como estamos ahora”, remachó la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto.

Y, para despejar cualquier duda, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, aseguró que tras la reunión "somos optimistas", sobre todo porque en las próximas semanas el Ministerio de Transportes que pilota Óscar Puente trasladará un documento a la Consejería de Pablo Rodríguez que Barreto definió como "la base para iniciar las negociaciones".

Un optimismo que también destila el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que horas después de la reunión expresó su certeza de que "se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes, siempre dentro de la Constitución y dentro del Estatuto de Canarias".

"Hoy se ha constituido esa comisión, se han sentado los representantes del Gobierno de España con los del Gobierno de Canarias y ahora empezará el intercambio de documentos, posiciones entre unos y otros", afirmó.

Camino abierto

La reunión no cerró un modelo. Tampoco concretó hasta dónde podrá llegar Canarias en su aspiración de tener presencia efectiva en las decisiones sobre sus ocho aeropuertos. Pero sí dejó algo políticamente relevante: el Gobierno central acepta abrir el debate, intercambiar documentación y comenzar una negociación técnica y jurídica para explorar fórmulas de participación del Archipiélago en la gestión aeroportuaria.

"Hoy hemos abierto camino y a partir de ahora ya esté dentro de la agenda de ambos gobiernos la cogestión de los aeropuertos, con el objetivo de poder empezar a trabajar y avanzar", aseguró la consejera de Presidencia.

Confianza en el acuerdo

"El Gobierno de Canarias está obligado, y es necesario que lo haga, a manifestar y expresar sus máximas aspiraciones de tener voz y voto, pero también el Gobierno de España está obligado a cumplir con el ordenamiento jurídico, pero existe confianza en que llegaremos a acuerdos", aseguró la secretaria de Coordinación Territorial.

Ese optimismo contrasta con el clima de choque institucional que había dominado las últimas semanas. El conflicto se agudizó después del acuerdo sellado en Moncloa con el lehendakari Imanol Pradales para que Euskadi pudiera participar en la gestión de sus tres aeropuertos. Canarias reaccionó invocando el artículo 161 de su Estatuto de Autonomía y exigiendo también “voz y voto” en las decisiones estratégicas que afectan a sus infraestructuras aeroportuarias.

Al respecto, Torres volvió a recordar que con Euskadi se acordó "un órgano bilateral donde participa el Gobierno vasco, pero no hay una cogestión de los aeropuertos".

El ministro Torres expresó su deseo de que "se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes"

De fondo late una idea que ambas partes evitaron verbalizar en exceso, pero que ya sobrevuela el proceso: si hubo margen para diseñar una fórmula singular con Euskadi, Canarias aspira a que también lo haya para un territorio donde la conectividad aérea no es solo estratégica, sino vital.

El momento más áspero de estas semanas se produjo el pasado 9 de abril, cuando el presidente Clavijo pidió el cese del presidente de Aena, Maurici Lucena, al acusarlo de defender más los intereses de los accionistas que los intereses públicos, especialmente los vinculados a Canarias.

Rebajar la tensión

Frente a ese escenario, la reunión de este viernes supuso un viraje. Las dos partes optaron por rebajar la tensión, encauzar la disputa y situarla en el terreno jurídico y técnico. Álvarez subrayó que la negociación arranca ya con un marco definido y con la incorporación próxima del Ministerio de Transportes y de la Consejería de Pablo Rodríguez a las reuniones específicas que deberán concretar el alcance del futuro entendimiento.

"Hay posibilidad de que el Gobierno de Canarias participe, pero tienen que dejarnos trabajar. Hoy, hemos decidido empezar a trabajar, y ahora tenemos que contar con el Ministerio de Transportes y con la Consejería del Gobierno de Canarias, y vamos a empezar a trabajar para llegar a un consenso y definir el modelo", concluyó la representante del Estado.

Por ahora no hay cifras, calendario cerrado -el acuerdo con Euskadi tardó diez meses en gestarse- ni arquitectura institucional perfilada. Pero sí un hecho político incontestable: Canarias ha conseguido sentar al Estado para hablar de la cogestión de sus aeropuertos. Y en una comunidad en la que el transporte aéreo condiciona la cohesión territorial, la movilidad, el turismo y la economía, ese primer paso no es menor.

Fondos europeos

La comisión técnica abordó también otros frentes abiertos entre ambas administraciones: la reclamación canaria sobre el control fiscal de los incentivos del REF y la petición de ampliar el plazo de ejecución de fondos europeos ligados a la transición energética.

La reclamación del Gobierno autonómico, respaldada también por las principales organizaciones del sector energético y empresarial del Archipiélago, pasa por extender el calendario actual, que concluye en julio de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2028. El objetivo es ganar margen para culminar proyectos clave de la transición energética y evitar que una parte de esos recursos quede sin ejecutar.

Myriam Álvarez aseguró que "vamos a trabajar para llegar a un consenso y definir el modelo" de gestión

La preocupación no es menor. Si no sale adelante esa ampliación, Canarias podría ver comprometidos unos 200 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento central de los fondos NextGenerationEU con el que la Unión Europea impulsa la recuperación económica y la transformación ecológica y digital.

La consejera Barreto subrayó que la intención del Ejecutivo canario es "ejecutar al máximo los fondos" y admitió que una prórroga permitiría alcanzar "un nivel mucho más alto de ejecución". Aun así, recordó que por ahora no hay una decisión tomada, aunque sí una inquietud compartida sobre los plazos sobre todo por la ampliación permitida al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en fondos vinculados a la transición energética. Ese precedente refuerza la posición de Canarias, que insiste en que necesita más tiempo para asegurar el aprovechamiento de unos recursos estratégicos.

A la espera del nuevo ministro de Hacienda

La reunión, sin embargo, no sirvió para avanzar en otro de los asuntos que el Ejecutivo regional mantiene abiertos con el Estado: el control fiscal de los incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF). La cuestión no se abordó en el encuentro y queda a la espera de que el Ministerio de Hacienda responda a la documentación remitida por el Gabinete canario.

Desde el Gobierno autonómico se considera lógico este compás de espera tras la marcha de María Jesus Montero y el nombramiento de sustituo, Arcadi España.

Suscríbete para seguir leyendo