Freno al ‘sablazo’ de 600 euros: las ONG tramitarán la regularización de inmigrantes

Ante el reto administrativo que supone el proceso de regularización extraordinaria en España de inmigrantes impulsado por Pedro Sánchez, las entidades sociales y organizaciones no gubernamentales en el Archipiélago se preparan para actuar como piezas clave en la gestión de solicitudes.

Según el coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, el objetivo es aportar el «músculo de gestión» necesario para evitar el colapso de un sistema que debe atender las peticiones de entre 30.000 y 45.000 personas en las Islas, en principio antes del 30 de junio, frente a las 7.825 del año pasado, indica.

Evitar abusos

Pero su contribución no trata solo de aliviar a la Administración, sino también de evitar abusos en el cobro del papeleo a inmigrantes. Marcela Máspero, presidenta de la Asociación Social Solidaridad Venezuela, denuncia una situación de explotación económica y desinformación en torno a los trámites de regularización, señalando directamente a intermediarios que se aprovechan de la desesperación de los migrantes.

500 o 600 euros por plaza

Máspero expone que hay abogados que están cobrando entre 500 y 600 euros por una «plaza» para la regularización extraordinaria. Lo más grave, según ella, es que estos cobros se están realizando desde hace meses, incluso antes de que se haya publicado el decreto oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que establecerá cómo va a ser esta regularización masiva.

Para frenar estos abusos, Marcela Máspero indica que su asociación ya se ha registrado oficialmente como entidad colaboradora. Esto les permite actuar como un registro auxiliar para preparar y enviar expedientes directamente a la plataforma de Extranjería, ofreciendo una vía segura y gratuita para evitar que los migrantes caigan en manos de quienes buscan lucrarse con su situación.

Residencia humanitaria

Además, este proceso de regularización coincide con la decisión del Gobierno de España de suprimir el 30 de junio el mecanismo excepcional de residencia por razones humanitarias para los venezolanos, que ha estado vigente desde 2018, un sistema que ha permitido a cerca de 240.000 personas en España -la gran mayoría venezolanas- obtener residencia. En Canarias están pendientes aún más de 8.000 expedientes por esta vía, expone.

Por tanto, el 30 de junio coinciden dos procesos que van a generar un cuello de botella logístico y documental y, según Máspero, las oficinas de extranjería del archipiélago no están preparadas para gestionar toda la avalancha.

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias responden que aún esperan conocer cómo va a quedar el real decreto de regularización y quiénes les van a ayudar en el proceso.

Orden del 2 de marzo

La base jurídica que permite esta colaboración de las oenegés y sindicatos se encuentra en la Orden del 2 de marzo de este año, publicada en el BOE, que regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería. Esta normativa permite que entidades sin ánimo de lucro, con al menos tres años de antigüedad y dos de experiencia demostrable en la asistencia a personas migrantes, se inscriban para actuar como representantes legales en la presentación de trámites. Juan Carlos Lorenzo indica que entidades como CEAR ya se han registrado bajo este nuevo decreto para poder informar, asesorar y, lo más importante, tramitar formalmente las solicitudes.

Figura del colaborador

Esta figura de «colaborador» es fundamental, asevera Lorenzo, ya que permite que la documentación llegue a la Administración de forma «filtrada» y «afinada», con todos los requisitos técnicos ya verificados por expertos en la materia. Es decir, que los profesionales de las ONG (como los de Solidaridad Venezuela o CEAR) se aseguren de que el expediente cumple con todos los requisitos técnicos antes de enviarlo, reduciendo así los errores que causan retrasos administrativos.

Antes, las asociaciones solían realizar un asesoramiento que consistía en informar, ayudar a rellenar formularios o acompañar físicamente al interesado a las oficinas, apunta el coordinador de CEAR. Ahora, al convertirse en entidades colaboradoras bajo el nuevo marco legal (el registro de extranjería), pueden realizar la tramitación electrónica formal de la solicitud en nombre del migrante, cuenta Lorenzo. La inscripción en este registro tiene una validez inicial de cuatro años y exige que las entidades mantengan un censo actualizado de su personal habilitado, además de contar con un seguro de responsabilidad civil.

Cuello de botella

Pero esta es solo una de las formas de evitar el «cuello de botella» que se va a generar con la regularización. Para aliviar a Extranjería, además de las entidades colaboradoras, el Gobierno ha indicado que se habilitarán las oficinas de la Seguridad Social y las de Correos, aunque aún no hay una regulación al respecto.

El factor tiempo es la mayor preocupación para las entidades sociales en Canarias. Aunque el plazo inicialmente establecido para el proceso era del 1 de abril al 30 de junio, aún se está a la espera de iniciarlo con la aprobación del texto definitivo del Real decreto que regule los detalles finales, algo que, de manera oficiosa, se espera para el Consejo de Ministros del 21 de abril. «Los tiempos son escasos», advierte Lorenzo.

El borrador del proceso contempla un cronograma específico una vez presentada la solicitud: 15 días para la verificación inicial y, si es favorable, el solicitante recibirá una autorización provisional que le permitirá residir y trabajar de manera regular de forma inmediata. En tres meses debe haber una resolución definitiva. El permiso de residencia y de trabajo tiene una duración de un año.