El Tribunal de Cuentas da carpetazo al 'caso mascarillas'

El Tribunal de Cuentas ha acordado poner fin de forma definitiva al procedimiento de investigación abierto por la compra fallida de un millón de mascarillas durante la pandemia en Canarias, cerrando la vía contable sin que se haya declarado responsabilidad alguna en la gestión de los fondos públicos y respaldando, así, la gestión del Servicio Canario de Salud (SCS) en el conocido como caso mascarillas. El organismo fiscalizador da, con esta decisión, carpetazo a la causa vinculada a la empresa RR7, a la que el SCS abonó cerca de cuatro millones de euros en 2020 por un lote de un millón de mascarillas que nunca llegó a entregarse a los hospitales canarios.

Ya en diciembre de 2023 el Tribunal de Cuentas acordó el archivo provisional del procedimiento y ahora, al haber pasado dos años sin que ninguna de las partes hiciera alegaciones –así lo fija el artículo 237 de la Ley de Enjuiciamiento Civil–, el organismo ha declarado «la caducidad de la instancia de acuerdo».

En el caso mascarillas estuvieron imputados el exdirector del SCS, Conrado Domínguez –en el Gobierno del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres–, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; y la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa; además del administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales.

Posibles irregularidades

En 2022 la Audiencia de Cuentas de Canarias trasladó al órgano fiscalizador estatal la existencia de posibles irregularidades contables en torno a este contrato. A partir de ese momento, el Tribunal de Cuentas abrió diligencias para analizar si procedía exigir responsabilidad por el uso de fondos públicos. En diciembre de 2023, tras recabar documentación y escuchar a las partes, la instructora del procedimiento concluyó que los hechos no eran susceptibles de generar responsabilidad contable, al constar que el propio Servicio Canario de Salud había activado mecanismos para tratar de recuperar las cantidades abonadas. Entonces se archivó de manera provisional y durante los dos años siguientes no se han producido novedades sustanciales en el expediente.

El efecto práctico es claro. La causa queda definitivamente cerrada en el ámbito del Tribunal de Cuentas sin que se haya impuesto responsabilidad contable ni obligación de reintegro por esta vía. En términos administrativos, la resolución avala la actuación seguida por el SCS en la tramitación del expediente en un momento de extrema complejidad.

El episodio de las mascarillas de RR7 se enmarca en los primeros meses de la pandemia, cuando las administraciones públicas –el Gobierno canario entre ellas– se vieron obligadas a operar con rapidez en un mercado volátil y con proveedores en muchos casos desconocidos. Con el paso del tiempo, algunas de aquellas operaciones fueron objeto de revisión desde distintos ámbitos.

La resolución del Tribunal de Cuentas introduce ahora un elemento de cierre en la jurisdicción contable, encargada de fiscalizar el uso de los fondos públicos, sin que se haya apreciado responsabilidad en este ámbito.

No obstante, el recorrido del caso no se agota completamente. Las actuaciones en la vía penal continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea, centradas en esclarecer si pudo existir un delito vinculado a la operación y el destino de los fondos.

Todavía el Gobierno canario no ha recuperado un céntimo del dinero que se pagó a RR7, pero fuentes cercanas a la investigación confirman que en el procedimiento para la recuperación de los 4 millones de euros ya se han producido incautaciones a los implicados en el presunto fraude.

Suscríbete para seguir leyendo