Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional: "Es una aberración gobernar sin presupuestos"

¿Cómo describiría hoy la salud de la democracia en España?

Hay que evitar la autocomplacencia; conviene ser críticos. Sin describir una situación catastrófica, yo describiría una situación de deterioro institucional muy grave, como no se había producido, creo, en los 45 años de democracia. Hay señales de alerta y tenemos que reaccionar ante esa situación.

Cuando habla de esas señales de alerta, ¿dónde las ve con mayor claridad?

El propio presidente del Gobierno dijo: "Gobernaré con o sin el Parlamento". Y hoy el Gobierno está gobernando sin el Parlamento. Eso no tiene cabida en la Constitución, que diseña un sistema de gobierno parlamentario en el que la legitimidad del Ejecutivo procede de la confianza del Parlamento. Una confianza que debe renovarse cada año mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Gobierno gobierna sin presupuestos, y eso es una aberración. El origen de la democracia parlamentaria está precisamente en la facultad del Parlamento para aprobar los presupuestos. De hecho, se han publicado informes que señalan que, a través de transferencias entre partidas, se ha alterado aproximadamente un tercio del presupuesto sin pasar por el Parlamento. En la práctica, el Parlamento está neutralizado.

El poder ejecutivo ha ido ganando peso frente al legislativo y al judicial...

Y las implicaciones son negativas. Es muy grave que haya una injerencia del Gobierno. El Gobierno nombra a dos magistrados del Tribunal Constitucional, que es el órgano de garantía y debe actuar con imparcialidad. Pero si el Gobierno nombra a dos de doce, puede, en la práctica, influir en las mayorías dentro del propio tribunal. Durante 40 años, y así lo establece la Constitución, el Gobierno cada nueve años nombra a dos magistrados del Tribunal Constitucional. Es una facultad legítima del Ejecutivo. Sin embargo, a la hora de hacer esos nombramientos, se requiere prudencia y la designación de personas que no estén identificadas con el propio Gobierno. Pero el Gobierno de Sánchez designó a dos miembros de su propia administración: alguien que había sido ministro y alguien que había sido directora general de su propio Gobierno. La imagen de independencia ha sido destruida.

"La forma democrática de gobernar exige el apoyo del Parlamento"

Sin presupuestos, ¿Pedro Sánchez puede agotar la legislatura?

Lleva ya tres años sin aprobarlos y ha anunciado su voluntad de aguantar hasta 2027. Eso no se corresponde con el modelo constitucional. No está escrito que, si el Gobierno pierde la votación presupuestaria, tenga que dimitir; es una regla no escrita, propia de la lógica del régimen parlamentario, que se ha cumplido siempre. Felipe González, en 1996, presentó el proyecto de presupuestos y fue rechazado. Aunque las elecciones no tenían que celebrarse, Felipe González, como demócrata, aplicó esa lógica constitucional y disolvió las Cortes. Entendió que ya no tenía la confianza del Parlamento. Se ha impuesto una dinámica autoritaria: no solo se asume el rechazo de los presupuestos, sino que ni siquiera se presentan, que es más grave. La forma democrática de gobernar exige el apoyo del Parlamento.

Se ha pasado de la cultura del consenso a la confrontación permanente, ¿cuáles son las consecuencias para la gobernabilidad?

Tanto para la convivencia democrática como para la calidad de la democracia, las consecuencias son nefastas. La polarización puede destruir el propio fundamento político de la democracia. Entre las reglas no escritas que la sostienen, la primera es la tolerancia: en democracia no hay enemigos, sino adversarios políticos con el mismo derecho a gobernar. Cuando el adversario se convierte en enemigo y se le demoniza, se destruye esa idea de tolerancia y se debilita la convivencia democrática.

"La capacidad de acuerdo no es debilidad ni traición, sino la verdadera grandeza del sistema democrático"

Medidas como la Ley de Amnistía o el uso intensivo del real decreto - ley han generado críticas sobre la separación de poderes...

Es una muestra clara de deterioro institucional. El abuso del decreto ley venía de atrás, pero ahora se está agravando y se están cruzando líneas rojas. El decreto ley debería utilizarse solo en casos de urgente necesidad; su uso abusivo supone una práctica que reduce el papel del Parlamento, al privarlo de su función de debate. La ley no es importante solo por su aprobación parlamentaria, sino también por ese debate. La Ley de Amnistía es, desde el punto de vista de la arquitectura institucional, la que más graves consecuencias ha tenido en relación con la división de poderes, porque supone una injerencia en el poder judicial y tiene un efecto desactivador. En la práctica, impide que el juez penal cumpla su función respecto a delitos que se consideran graves desde la perspectiva constitucional.

¿Hay alguna salida a esta situación de bloqueo institucional?

La recuperación del consenso. Pero la cuestión es cómo reconstruirlo. Habría que superar la dinámica de polarización y bloqueo. Tenemos un Gobierno que tiene dificultades para gobernar, pero que tampoco sería sustituido por otro que necesariamente pudiera hacerlo con normalidad. La solución es la concertación, como ocurrió en otros momentos, por ejemplo en 1996: un partido pierde las elecciones y el otro asume el relevo. Solo cuando se restablece esa regla básica de tolerancia se pueden resolver las cosas. La democracia es, en esencia, compromiso, pacto y transacción: no es la imposición de unos sobre otros, sino el gobierno de la mayoría integrando a la minoría. Esa capacidad de acuerdo no es debilidad ni traición, sino la verdadera grandeza del sistema democrático.

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