Los datos de la prostitución en Canarias: 1.659 casos, trabas para padrón y tarjeta sanitaria

La Asociación In Género atendió en Canarias a 1.659 personas durante 2025, una cifra que representa en torno al 16% del total nacional de intervenciones de la entidad, que ascendió a 10.367 personas. El informe de la organización dibuja un perfil marcado por la feminización, la migración y la vulnerabilidad administrativa, además de poner el foco en las dificultades de acceso a derechos básicos como el padrón, la tarjeta sanitaria o los servicios sociales.

Un perfil mayoritariamente femenino, migrante y con cargas familiares

Los datos recogidos por In Género en su sede canaria reflejan que la mayoría de las personas atendidas fueron mujeres cis, con un 91,14%, seguidas de mujeres trans, con un 5,12%, y hombres cis, con un 3,74%. La franja de edad predominante se sitúa entre los 23 y los 42 años, donde se concentra el 74,08% de los casos.

El origen también aparece claramente definido en el informe. Colombia encabeza la lista con el 59,10%, seguida de Venezuela, con el 22,50%. A más distancia figuran Brasil, Cuba, República Dominicana, Paraguay y Perú. Solo el 11,49% de las personas atendidas de origen migrante tenía nacionalidad española.

El documento subraya además el peso de las responsabilidades familiares. El 43,87% sostiene económicamente a entre tres y cinco familiares, mientras que el 89,55% mantiene a entre uno y veinte. Solo el 10,45% asegura no tener familiares a cargo. A ello se suma que la mayoría cuenta con formación: el 66,79% tiene estudios secundarios o de FP y el 20,47% estudios superiores.

Más de la mitad, en situación de vulnerabilidad administrativa

Uno de los datos que más preocupan a la entidad es la situación administrativa de las personas atendidas. El 41,43% se encontraba en situación irregular y el 14,12% tenía su regularización en trámite. En conjunto, el informe concluye que el 55,55% de las personas migrantes sin nacionalidad española atendidas en Canarias se hallaba en una situación de especial vulnerabilidad.

La asociación advierte de que esta realidad condiciona de forma directa el acceso a otros derechos y servicios esenciales, y remarca que la intervención en Canarias se desarrolla desde una sede operativa desde 2024, con un equipo compuesto por dos mediadoras interculturales, dos trabajadoras sociales, una orientadora laboral, una abogada y una psicóloga.

Pisos privados y casas típicas, los principales espacios detectados

Durante 2025, la unidad móvil de In Género en Canarias visitó 302 lugares de intervención. El informe señala que el principal espacio donde se ejerce la prostitución son los pisos privados, mencionados en el 64,10% de los casos. Les siguen las casas típicas, con un 22,45%; los clubes de alterne, con un 12,17%; y, en último lugar, el espacio público, con un 1,28%.

La distribución de estos espacios es una de las singularidades que recoge el estudio canario, en contraste con la imagen más asociada tradicionalmente al ejercicio en la calle. El trabajo en ruta, según la entidad, permite detectar esa diversidad de escenarios y adaptar el acompañamiento social, jurídico y psicológico a cada contexto.

Padrón, tarjeta sanitaria y servicios sociales: las principales barreras

El acceso a derechos básicos aparece como otro de los grandes ejes del informe. En Canarias, solo el 54,25% de las personas atendidas estaba empadronada, frente al 45,75% que no lo estaba. En cuanto a la tarjeta sanitaria, el 54,50% disponía de ella, el 41,45% no la tenía y el 4,05% la tramitaba.

También hay carencias en el conocimiento de los recursos públicos. El 40,53% afirmó conocer los servicios sociales en España, mientras que el 59,47% dijo no conocerlos. Entre quienes sí los conocían, el uso tampoco era mayoritario. El informe recuerda que el padrón es un requisito clave para acceder a otros derechos, por lo que su ausencia termina arrastrando dificultades en cadena.

El 18,34% presenta indicadores de explotación sexual

En relación con el ejercicio de la prostitución, el informe señala que el 54,27% de las personas atendidas manifestó que no vino a España con la intención de ejercerla. Además, el 50,90% llevaba menos de un año ejerciendo en el país. Por otro lado, el 2,74% afirmó que alguien le obliga o le ha obligado a prostituirse, frente al 97,26% que respondió que no.

Aun así, la detección de indicadores de explotación sigue siendo relevante. In Género identifica en Canarias un 18,34% de posibles víctimas de explotación sexual y un 2,31% de posibles víctimas de trata de personas. Entre los indicadores observados por los equipos figuran la coacción para ejercer, las deudas vinculadas al proceso migratorio, la retirada de documentación, las amenazas, el control por terceras personas o la imposibilidad de salir solas.

En sus conclusiones, la entidad sostiene que los datos de Canarias confirman una realidad atravesada por la desigualdad de género, la migración y la precariedad administrativa, y avisa de que las trabas para acceder a derechos básicos siguen actuando como un factor central de vulnerabilidad.

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