El Parlamento de Canarias adopta la ley de conciliación laboral gestada en el 'pacto de las flores'

Durante los dos años y medio de esta legislatura, el Gobierno de Fernando Clavijo y tres de los cuatro grupos que lo apoyan (CC, PP y AHI) -ASG, que formó parte del anterior gabinete y del actual intenta mediar al afirmar que "ni todo lo anterior es malo ni todo lo de ahora está mal hecho"- han reiterado en debates parlamentarios y declaraciones públicas que el Ejecutivo del 'pacto de las flores' que presidió Ángel Víctor Torres fue nefasto para el Archipiélago. Enfrente, PSOE y NC-Bc han acusado a Clavijo durante 28 meses de presidir un Ejecutivo que "engaña", "gobierna para los más ricos" y carece de "sensibilidad social".

Por eso es reconfortante que tanto los grupos gubernamentales como los de la oposición, salvo Vox, hayan abandonado la dura confrontación en un asunto social de mucha relevancia y que, además hayan abrazado el consenso para sacar adelante que se gestó en el 'pacto de las flores'.

El Parlamento tomó en consideración en septiembre una proposición de ley de conciliación laboral y familiar que tiene su origen en el anterior Ejecutivo autonómico y busca avanzar en el reparto equilibrado de los cuidados y reducir las desigualdades laborales. Un texto que recoge el trabajo previo desarrollado en el seno del 'pacto de las flores' y lo convierte en un texto consensuado entre la mayoría de fuerzas políticas del que se desmarcó la formación de derecha radical.

Acuerdo previo con patronales y sindicatos antes de las elecciones de 2023

El diputado socialista Gustavo Santana, promotor de este 'milagro' parlamentario, recuerda que el germen de la ley se remonta a su etapa como viceconsejero de Empleo. "En la Mesa de Igualdad y Brecha Salarial se aprobó con las patronales y las centrales sindicales un anteproyecto al final de la legislatura que no se pudo tramitar al convocarse las elecciones", explica. Aquel documento, que decayó con el cambio de ciclo político tras la convocatoria a las urnas de 2023, sirvió ahora como base para una propuesta que el Parlamento ha ‘hecho suya’.

Lejos de quedar en un intento fallido, el texto tomó forma en la actual legislatura a través del diálogo entre grupos. “Fui poco a poco hablando con los grupos y Luz Reverón, del PP, recogió el guante y se puso manos a la obra para elaborar un texto conjunto en el que participamos todos", señala Santana, quien destaca el carácter transversal del acuerdo alcanzado.

La ley plantea un cambio de enfoque en la forma de entender la conciliación, que deja de considerarse una cuestión privada para situarse en el centro de las políticas públicas. El objetivo es corregir un desequilibrio persistente: la carga desigual de los cuidados, que sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres y condiciona su trayectoria laboral.

Implicación de las administraciones y el sector privado

Para ello, el texto incorpora medidas que afectan tanto a las administraciones como al sector privado. En el ámbito público, prevé la elaboración de un plan autonómico y el impulso de estrategias locales, además de introducir criterios de conciliación en la contratación y en las subvenciones. En paralelo, se busca implicar a las empresas mediante incentivos que favorezcan la flexibilidad laboral y contribuyan a reducir la brecha salarial.

El proceso de tramitación se ha prolongado más de lo previsto precisamente para reforzar ese consenso político y social. "Las prórrogas que han retrasado la aprobación final han sido para consensuar todos juntos las enmiendas, incluidas las sugerencias de las patronales y de UGT. El Consejo Consultivo hace una serie de apreciaciones que también hemos introducido", detalla el diputado socialista.

Vox pide que se aplique la "prioridad nacional"

Este consenso, de nuevo, lo rompió Vox a principios de abril presentó 21 modificaciones que son una enmienda a la totalidad de la norma. El cambio más relevante planteado por el grupo es terminológico, pero con claras implicaciones políticas, pues sustituye de forma sistemática conceptos clave del texto como "perspectiva de género" por "perspectiva de familia" y "brecha salarial de género" por "brecha maternal". A su juicio, la conciliación "debe abordarse desde una perspectiva familiar, no desde un conflicto entre sexos". En paralelo, introducen el criterio de "prioridad nacional" en el acceso a determinadas ayudas de la que no podrán beneficiarse los foráneos pese a que tengan residencia legal.

Pese a que Vox va en un carril contrario los otros seis grupos no se centran en solo en el ámbito laboral, pues la norma amplía su alcance a otros espacios como la educación, la atención a la infancia o los servicios sociales, con la idea de que la conciliación depende de la organización global de los cuidados y del tiempo en la sociedad.

Veinticinco millones de euros

Uno de los aspectos clave será su desarrollo económico. "Esta ley va a marcar una base presupuestaria importante, hasta ahora es el 0,2% de los presupuestos -25 millones sobre la base de las cuentas autonómicas de 2026- ,ese es el suelo, pero puede aprobarse que sea más", apunta Santana. Además, la propuesta busca extender el modelo al conjunto de las administraciones: "Instamos a todas las corporaciones locales, los cabildos y ayuntamientos a que hagan sus propios planes de conciliación con sus propios presupuestos”.

El texto incluye también la creación de una comisión de seguimiento que permitirá evaluar su aplicación y medir su impacto real, con el objetivo de evitar que la norma quede en una mera declaración de intenciones. Un órgano al que se opone Vox por entender que incrementa la burocracia.

El Gobierno estará obligado a destinar una partida de al menos el 0,2% de los presupuestos regionales

Solo dos autonomías tienen una ley de conciliación

Santana avisa e que "se va a seguir ampliando la presentación de enmiendas, porque seguimos queriendo incluir todos los matices necesarios para que su aprobación sea rápida" con un respaldo amplio que anticipa su aprobación, previsiblemente en el periodo otoñal de sesiones para que sea realidad antes de finalizar el año. Según subraya Santana, Canarias se sumaría así a un grupo reducido de comunidades autónomas con una regulación específica en esta materia: “Solo Castilla y León y Baleares tienen una ley como esta”.

Además del contenido de la ley, lo más positivo es que la Cámara regional adopta así una iniciativa que nació en el Ejecutivo anterior y que, tras superar el cambio político, regresa con mayor respaldo y vocación de convertirse en uno de los ejes de las políticas de igualdad en las islas. Lo que no es nada habitual.

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