David del Pino Franquet: «La Policía Canaria debe asumir competencias integrales»

¿Cuáles son las líneas generales de las nuevas leyes de Seguridad Pública y de Policías?

Intentamos construir un modelo integral de seguridad pública fundamentado en dos aspectos. La Comunidad Autónoma, a raíz del artículo 148 del Estatuto, tiene competencias para definir las políticas públicas de seguridad y de protección de personas y bienes, así como también organizar su propia policía con unas funciones integrales dentro de ese concepto amplio que es la seguridad y con la participación de todas las administraciones públicas que tienen competencias en materia de seguridad, incluidos los cuerpos del Estado. Se crea el Consejo de Seguridad Pública de Canarias, que es un órgano consultivo en el que, además de todas las policías, también participará la Administración de Justicia. La ley también recoge la creación de un sistema de información recíproco, un aspecto fundamental para el intercambio de información entre los diferentes cuerpos policiales.

¿De alguna manera las policías locales quedan supeditadas al Cuerpo General de la Policía Canaria como se sugiere desde algunos sectores?

Ni mucho menos. De hecho hemos cuidado mucho la autonomía municipal en la nueva ley como no podía ser de otra manera. También es verdad que en el Estatuto de Autonomía actual se establece una ordenación general y una coordinación supramunicipal de ambos cuerpos, aglutinando materias que consideramos que pueden ser comunes y beneficiosas para los dos grupos policiales.

¿Entonces se descarta la reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que lleva pendiente varias legislaturas?

Exactamente. De hecho también quedaría derogada la ley actual de la policía autonómica y habrá un solo texto normativo que, como le digo, aglutina a ambos cuerpos. Como miembro de la policía autonómica que soy se echaba en falta un texto actualizado a los tiempos actuales, ya que venimos de una ley del año 1997, en el caso de las policías locales, y del 2008, en el caso de la Policía Canaria.

¿En qué situación se encuentra el despliegue del cuerpo autonómico en las islas no capitalinas? Va con retraso ¿no?

El despliegue de la policía autonómica está articulado desde un modelo de cooperación institucional real basado en criterios técnicos, en una planificación estratégica y la optimización de los recursos públicos. Actualmente hay unos 300 efectivos, hay convocatorias ya publicadas en la última fase y otras pendientes de publicar, con lo cual a medida que esos recursos se vayan incorporando el despliegue se podrá hacer más real. Actualmente tanto en Fuerteventura como en Lanzarote están en la adaptación de inmuebles cedidos para las comisarías de la policía autonómica. Recientemente en La Gomera contamos con un inmueble que tiene las características que nosotros ya avanzamos. No se trata de ocupar espacios, mandar a policías y ya está. Hay que implementar infraestructuras policiales, plenamente operativas y que cumplan con una serie de condiciones.

¿Se iniciará el despliegue a final de año o ya en 2027?

No me atrevo a decirle un plazo cerrado. Lo vamos a intentar por supuesto este año con los 143 efectivos que están en la última fase para entrar en la academia. Hay otra convocatoria de 150 policías también ya publicada en el boletín. Con este personal desde que tengamos las comisarías podremos ir desplegándolo en todas las islas no capitalinas.

¿Está el cuerpo autonómico en disposición de asumir nuevas competencias tras el reciente encontronazo con la Delegación del Gobierno debido al traslado de menores?

La respuesta es sí. El artículo 148 del Estatuto establece las competencias que, tras la definición del Tribunal Constitucional, abarcan un concepto amplio en el que cabe cualquier tipo de función en materia de seguridad y protección de personas y bienes. Y en eso estamos. En relación con el traslado de menores, se ha llegado a un acuerdo bastante satisfactorio para todas las partes y, en principio, hay una asunción de competencias gradual en materia de traslado de menores con medidas judiciales y a medida que se vayan incorporando efectivos la podremos ir asumiendo en su integridad.

Hemos empezado poco a poco, sobre todo en materia de seguridad ciudadana y orden público, que es una competencia también prioritaria para la policía autonómica. Se irá aumentando el marco competencial pero siempre va a estar ligado al incremento del personal claro.

¿Hay riesgos de que puedan chocar con las competencias de las fuerzas policiales del Estado?

No tendría por qué haberla. Si se refiere a la competencia de policía judicial, el cuerpo autonómico tiene esta competencia con carácter colaborador, cierto es, pero no deja de tenerla. Pero queremos ir más allá y que las competencias de la policía autonómica sean plenamente integrales, ni complementarias ni de colaboración, sino que sean integrales dentro de lo que marca el Estatuto. La Policía Canaria no viene a sustituir a nadie sino a ayudar al sistema de seguridad de las Islas. Yo siempre digo una frase que es importante y es que todos somos pocos.

¿Se ha resentido la imagen del cuerpo autonómico con la reciente denuncia de acoso laboral?

No conozco ningún cuerpo policial en donde no hayan problemas internos. Aquí lo importante es cómo se gestionan esos problemas y cómo se consigue solucionarlos. En relación con las denuncias de acoso lo que hemos hecho es abrir una información reservada interna para ver en qué estado se encuentran para establecer mecanismos de protección de la supuesta víctima, pero también teniendo en cuenta que existe un derecho fundamental que es el derecho a la presunción de inocencia. Desde la Dirección General y de la policía autonómica se ha actuado con rapidez y estamos a la espera del pronunciamiento de la autoridad judicial para ver qué camino tomamos. Creo que la imagen del cuerpo ha cambiado bastante y ahora es más respetado por las instituciones y la ciudadanía, aunque evidentemente sigue siendo un cuerpo joven.

El decreto Canarias reclama que el Estado financie 1.400 efectivos policiales ¿Lo cree posible?

Es una reivindicación justa diría yo. Dese cuenta que todas las comunidades autónomas que tienen cuerpo de policía propio están financiadas de una u otra manera por el Estado. Tras la reforma del Estatuto de 2018, con las competencias en materia seguridad pública y protección de personas y bienes, estamos a la par o casi a la par con las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía como Cataluña o el País Vasco

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