Consejo de Gobierno de Canarias
Canarias pone en marcha un plan para sacar viviendas privadas vacías al alquiler asequible
El Ejecutivo licita un servicio integral de 1,8 millones de euros para captar casas infrautilizadas hacia arrendamientos baratos

Pablo Rodríguez, a la izquierda, con Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno. / Lp
Vivienda asequible y respuesta inmediata a la emergencia habitacional son los ejes sobre los que pivota la principal estrategia del Gobierno de Canarias en esta legislatura. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, explicó este lunes la puesta en marcha de la Bolsa Activa de Vivienda Asequible, una herramienta clave diseñada para movilizar las viviendas privadas que actualmente se encuentran vacías -en torno a 211.000 en Canarias-, con el fin de incorporarlas al mercado de alquiler barato con plenas garantías tanto para propietarios como para inquilinos.
Movilizar el mercado privado
El consejero remarcó que el principal objetivo de este mandato es activar todos los instrumentos posibles para incrementar la oferta alojativa. La Bolsa Activa de Vivienda Asequible surge para dar respuesta a un problema estructural, como es la retirada de miles de viviendas del mercado de alquiler debido a la "inseguridad jurídica" que percibían los propietarios particulares.
A diferencia de intentos previos, el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, actuará como un intermediario sólido. Rodríguez explicó que ya se ha publicado una licitación en la plataforma de contratación por un valor de 1,8 millones. Este contrato, con una duración de dos años prorrogables a otros dos, permitirá que organizaciones del tercer sector y entidades especializadas realicen la labor de captación y gestión, sirviendo de puente entre la administración, los dueños de los inmuebles y los ciudadanos.
Los incentivos para el propietario
Uno de los puntos en los que más ha insistió el consejero es en la necesidad de que el programa sea "atractivo" para que los propietarios decidan dar el paso y sacar sus casas del cierre. Para ello, la nueva Bolsa ofrece tres pilares de seguridad, como son la garantía de cobro, por la cual el propietario tiene la certeza de que percibirá la renta mensual sin incidencias, ya que la administración respalda el proceso. También se les garantiza el mantenimiento del patrimonio, de forma que al finalizar el contrato, la vivienda será devuelta en condiciones adecuadas y conformes a como fue entregada. Y otra de las cuestiones para 'enganchar' a los dueños de viviendas vacías son las ayudas a la rehabilitación, en aquellos casos donde la vivienda no esté en condiciones óptimas para ser habitada.
Rotundo fracaso
Rodríguez subrayó que, a diferencia del "rotundo fracaso" de la legislatura anterior —donde solo se logró captar una vivienda en cuatro años debido a la exigencia de ceder el usufructo por siete años y a rentas excesivamente bajas—, este nuevo modelo recupera fórmulas que ya funcionaron con éxito en Canarias entre 2002 y 2003.
Un 30% más barato
En este caso, el precio del alquiler será tasado, situándose aproximadamente un 30% por debajo del precio de mercado, tomando como referencia el módulo básico de la vivienda protegida (VPO). Por ejemplo, si una vivienda en el mercado libre cuesta 950 euros, en esta bolsa tendrá un precio sensiblemente inferior que permitirá a los inquilinos desarrollar un proyecto de vida sin asfixia económica, remarcó Pablo Rodríguez.
Una estrategia integral contra la emergencia habitacional
La Bolsa Activa es solo una pieza de un despliegue mayor. Pablo Rodríguez recordó que esta legislatura se ha movilizado "el mayor número de instrumentos de herramientas que hasta la fecha se habían puesto en marcha".
Entre estas acciones destacó las modificaciones legislativas para movilizar suelo, la transformación de inmuebles para que locales comerciales, oficinas administrativas y edificios inacabados se conviertan en nuevos hogares, el decreto ley para la agilización administrativa, o un presupuesto récord para las políticas de vivienda, que supera los 200 millones de euros, a lo que se suman 36 millones de euros específicamente para ayudas al alquiler.
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