Las patronales ven la regularización como remedio a la falta de trabajadores en Canarias

Las patronales canarias encaran el proceso de regularización de migrantes extraordinario con la vista puesta en uno de los principales problemas del tejido productivo, la falta de trabajadores en sectores clave del Archipiélago. El empresariado canario aplaude la medida, pero pone el acento en la necesidad de ajustarla a las demandas reales del mercado laboral y dotarla de garantías suficientes para que tenga un impacto efectivo. Una opinión compartida con las patronales nacionales.

Desde la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), su presidente, Pedro Ortega, enmarca la regularización dentro de un problema estructural que trasciende a Canarias. Recuerda que la escasez de trabajadores afecta a numerosos sectores en toda España y la vincula directamente con factores como el envejecimiento de la población o las dificultades para cubrir vacantes. «La inmigración es un pilar básico para el crecimiento económico», reconoce el empresario, quien tilda de «positivo» el paso de trabajadores desde la economía sumergida hacia la formal. «Si lo hacemos bien aumentarán las cotizaciones y eso es bueno para todo porque eleva el PIB y nos hace más competitivos», defiende.

Tejido productivo

No obstante, Ortega introduce matices. A su juicio, la regularización debe ir acompañada de una «estrategia migratoria integral» que conecte de forma directa los perfiles de los trabajadores con las necesidades del tejido productivo. Advierte de que no basta con regularizar, sino que es necesario hacerlo con criterios de eficiencia económica, reforzando la formación y la acreditación de competencias. De lo contrario, alerta del riesgo de generar desajustes. «Hay que intentar dejar de generar bolsas de empleo irregular o situaciones de sobrecualificación desaprovechada y eso solo se consigue colaborando», explica Ortega, quien insiste en la defensa del «diálogo social».

Una visión similar comparte el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, quien considera que la regularización puede resultar positiva en un escenario marcado por la dificultad para contratar en prácticamente todos los sectores. Subraya la paradoja de que Canarias mantenga una de las tasas de paro más elevadas del país mientras las empresas encuentran obstáculos para cubrir puestos, especialmente en actividades como la hostelería, el sector hotelero, la construcción, el comercio o la restauración. «Tenemos serias dificultades para la contratación en prácticamente todos los sectores, por lo que este proceso de regularización nos podría venir muy bien», reconoce el empresario.

Alta cualificación

Alfonso entiende que la incorporación de nuevos trabajadores podría aliviar parte de ese déficit, sobre todo en empleos que no requieren una alta cualificación. Sin embargo, expresa ciertas reservas sobre el desconocimiento del perfil profesional de las personas que se incorporarán al mercado laboral con esta regulación extraordinaria. Confía en que, una vez registradas en los servicios de empleo, se pueda evaluar su capacitación y facilitar su integración mediante formación específica. «Nos gustaría que estuviéramos alineados y se lo pediremos a la consejera en el próximo Consejo General de Empleo», explica Alfonso, quien insiste en que será necesario hacer un seguimiento estrecho para evitar desajustes y garantizar que la incorporación de estos trabajadores responda realmente a las necesidades empresariales.

El dirigente empresarial también pone el foco en el desarrollo del proceso y en sus posibles efectos. Advierte de que no será «rápido ni sencillo» y plantea interrogantes sobre cómo impactará en el volumen de personas inscritas en el paro. Ambos representantes coinciden en reclamar seguridad jurídica y estabilidad normativa para las empresas a la hora de formalizar contrataciones, de manera que se eviten problemas posteriores en materia de inspección laboral. «Esperamos que el proceso tenga todas las garantías para que cuando se contrate a estas personas no haya ningún problema», añade.

Las patronales también comparten la necesidad de reforzar el diálogo entre administraciones y agentes sociales para garantizar que la medida cuente con el mayor respaldo posible y se traduzca en resultados tangibles. En este sentido, Ortega insiste en que la coordinación y la colaboración serán claves para evitar que se repitan desajustes históricos del mercado laboral canario. En cuanto al debate político, Alfonso evita entrar en valoraciones sobre la tramitación de la medida, aunque apunta que aquellas decisiones que pasan por el Congreso suelen contar con mayor respaldo social. En todo caso, insiste en que debe primar el interés general y un diálogo eficaz que permita dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.

Un total de 42.790 personas habían solicitado hasta el domingo iniciar por vía telemática su proceso de regularización en España, desde la apertura del trámite el pasado jueves, según datos facilitados por el ministro Ángel Víctor Torres.

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