Conflicto con el Estado
Canarias lleva a los tribunales al Ministerio de Agricultura por recortar 7,4 millones de los fondos europeos rurales
El Gobierno autonómico apela a que no abonar las ayudas se debió al ataque cibernético sufrido por la empresa pública GMR Canarias
Varios agricultores recogen zanahorias en un terreno. / José Carlos Guerra
Canarias ha decidido plantar cara al Estado ante la pérdida de más de 7,4 millones de euros de fondos europeos para el campo isleño. El Consejo de Gobierno acordó este viernes interponer un recurso contencioso-administrativo contra la comunicación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del pasado 5 de marzo de 2026 y contra el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del 27 de marzo, por los que se detraen 7,4 millones de euros de la asignación financiera de Canarias en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Prepac) 2023-2027.
La Comunidad Autónoma considera que esta minoración no responde a una falta de gestión ordinaria de los fondos, sino a circunstancias excepcionales que afectaron directamente a la tramitación y al abono de las ayudas debido al ataque cibernético sufrido por la empresa pública GMR Canarias, así como a graves incidencias en los sistemas informáticos que condicionaron el funcionamiento normal de los procedimientos administrativos durante el periodo correspondiente.
La posición del Gobierno canario es, tal y como explicó el portavoz Alfonso Cabello tras la reunión del Gabinete, que la penalización no puede aplicarse de forma automática cuando existe una causa ajena a la voluntad de la Administración autonómica y debidamente comunicada.
Varios agricultores trabajan en un terreno. / E.D. / L.P.
Partidas esenciales
Para cabello, la medida judicial busca evitar un perjuicio económico de gran alcance para el sector primario de las Islas, pues los millones que el Estado pretende detraer forman parte de los recursos destinados a agricultores, ganaderos y actuaciones de desarrollo rural, y su pérdida comprometería partidas esenciales para un sector especialmente sensible y estratégico en el Archipiélago.
Junto a la interposición del recurso contencioso-administrativo, el Gobierno solicitará la suspensión cautelar de los actos impugnados. El objetivo es impedir que la detracción de fondos produzca efectos irreversibles antes de que los tribunales puedan pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Con esta decisión, Canarias abre una batalla jurídica para defender que la ejecución de los fondos europeos no puede evaluarse al margen de una incidencia extraordinaria como un ataque informático. El Ejecutivo autonómico sostiene que no se trata de eludir responsabilidades, sino de impedir que el sector primario pague las consecuencias de una situación excepcional que alteró el normal funcionamiento de la Administración.
Un ganadero junto a sus cabras. / Andrés Cruz
Causa de fuerza mayor
Según el planteamiento jurídico que sostendrá Canarias ante los tribunales, el Estado no valoró adecuadamente la existencia de una causa de fuerza mayor, pese a que el Archipiélago informó de esta situación desde diciembre de 2025 y la reiteró posteriormente ante el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), la Comisión Sectorial y la propia Conferencia Sectorial.
El recurso se apoya en que el marco europeo y la normativa aplicable al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) permiten tener en cuenta situaciones excepcionales cuando concurren causas justificadas que impiden la ejecución ordinaria de los fondos.
Para el Ejecutivo autonómico, ignorar el impacto del ciberataque y de las incidencias técnicas supone desconocer una circunstancia extraordinaria con consecuencias directas sobre la gestión de recursos europeos.
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