Las infracciones urbanísticas en Canarias se disparan a cifras de hace 20 años

La vulneración de las normas urbanísticas, la ocupación ilegal de suelo rústico y las construcciones ilegales siguen proliferando en las Islas. En 2025 la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural abrió 1.419 expedientes por edificaciones clandestinas, reparcelaciones y acciones sin licencia en terrenos rústicos. Esta cifra supera a la de 2024, con 1.394 expedientes, y retrotrae a números de hace 20 años con medias de entre 1.400 y 1.500 infracciones abiertas.

Entre los datos estadísticos del pasado año hechos públicos por la Agencia destaca los referidos a la isla de Tenerife, que acapara la mitad de todos los expedientes abiertos por la Agencia, tanto urbanísticos como de residuos, vertidos o costas. De las 2.124 sanciones impuestas el pasado año, 1.060 fueron en Tenerife. Especialmente significativa es la cifra de expedientes referidos a infracciones por construcciones fuera de la ley, que se elevaron a 651, frente a los 196 de Gran Canaria y los 95 de Lanzarote, las otras dos islas con más vulneraciones urbanísticas.

La proliferación de edificaciones clandestinas se ha ido acrecentando a medida que se ha agudizado la crisis habitacional. De hecho, entre las causas del incremento de infracciones detectadas se encuentra la ocupación de suelos rústicos agrarios o no urbanizables con parcelaciones ilegales, infraviviendas, cuartos de aperos que terminan convirtiéndose en construcciones sin licencia, contenedores e incluso ocupaciones para actividades económicas clandestinas como talleres o carpinterías. También se ha detectado un aumento de segundas viviendas construidas sin las debidas autorizaciones en zonas rurales o periféricas que se destinan al alquiler vacacional, sin contar con el registro legal pertinente.

Coto a las ocupaciones

Poner coto a las infracciones urbanísticas pasa por incrementar los efectivos que inspeccionan el terreno y aumentar las sanciones. La Agencia de Protección del Medio Natural lleva varios años con el objetivo de modificar la relación de puestos de trabajo (RPT) para incrementar la plantilla, si bien en los últimos años la Policía Canaria también se ha convertido en un medio para inspeccionar las actuaciones ilegales y levantar las actas de infracción, junto al Seprona de la Guardia Civil. El año pasado de los 2.124 expedientes abiertos, 936 los incoaron los agentes de medio ambiente de la Agencia y los cabildos; 525 los abrieron los ayuntamientos; 313 el Seprona y 155 corrieron a cargo de la Policía Canaria. En relación con las sanciones, en la reforma de la Ley del Suelo que se debate en el Parlamento se pasa de seis meses a nueve para intervenir en las infracciones, se endurecen las sanciones por daños ambientales, las multas leves pasan de 60 euros a 300 euros y las muy graves pueden llegar hasta los 600.000 euros, mientras que también se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, que pasa de cuatro a ocho años.

Desde que comenzaron las estadísticas hace 27 años, en 1999, los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas suman los 24.066 por construcciones ilegales y 9.308 por ocupación de suelo rústico o protegido, mientras que por vertidos de residuos se han abierto 24.192. Por vertidos al mar 2.695 sanciones y por vulneración de la Ley de Costas 2.695 expedientes.

Las islas han tenido un comportamiento desigual desde que hay datos sobre las actuaciones que se realizan en el suelo. Las islas capitalinas son las que más sufren la ocupación irregular del suelo o los vertidos clandestinos de residuos, si bien en Tenerife las infracciones por construcciones ilegales superan a Gran Canaria -9.220 frente a 6.374-, esta isla supera a Tenerife en las infracciones por residuos -8.072 frente a 5.916-. En el cómputo global los expedientes abiertos son similares: Tenerife acumula 19.813 sanciones abiertas desde 1999, mientras que en Gran Canaria se han incoado 19.553 expedientes de todas las categorías. Lanzarote, La Palma y Fuerteventura también cuentan con números similares de expedientes, rondando los 6.000 cada una.

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