Dependencia en Canarias: familias con la ayuda concedida denuncian meses de espera, falta de respuesta y servicios de atención a domicilio que no llegan

Javier Quintana pensó durante meses que lo más complicado sería lograr que a su madre, de 89 años, le reconocieran el grado de dependencia. El proceso, en su caso, fue relativamente ágil frente a otras experiencias conocidas: «unos cuatro o cinco meses», calcula. La ayuda quedó aprobada y cuantificada. Sobre el papel, el derecho estaba reconocido. Pero ahí empezó otra carrera, más desgastante: encontrar una empresa autorizada que pudiera convertir esa prestación en horas reales de ayuda a domicilio.

El propio sistema le remitió al listado de empresas homologadas por el Gobierno de Canarias. Javier empezó a llamar. «Habré intentado contactar con ocho o diez y solo una me cogió el teléfono», relata. Después probó por correo electrónico y «de todas, me contestó una», resume.

Esa empresa le explicó a cuántas horas equivalía la cuantía asignada a su madre. En su caso, cuatro horas y cuarenta y cinco minutos semanales. Aceptó la propuesta y comenzó otra espera: visita de valoración, reparto de horas, organización del servicio. «Eso tardó una infinidad», cuenta. Llamaba y no le respondían. La explicación que recibía era que estaban «a tope».

Un largo proceso

Cuando por fin arrancó el servicio, tampoco lo hizo con normalidad. La primera visita fue bien. La segunda ya no se produjo y nadie llamó para avisar. Al contactar con la empresa, le dijeron que la trabajadora estaba de baja y que «se les había pasado» comunicarlo.

Una semana después, según relató, la situación volvió a torcerse: la hora prevista era a las 10.30 de la mañana, pero una trabajadora apareció a las siete de la tarde para realizar más de dos horas de servicio a una mujer de 90 años, cuando ya tenía su rutina hecha. «Funciona muy mal, te ves en un limbo», resume Javier, que atribuye la situación, sin disponer de datos, a la falta de personal y a las condiciones de un trabajo exigente y mal pagado

La familia de Javier puede sostener todavía parte de los cuidados. Son cuatro hermanos y se organizan por turnos. Su madre conserva aún cierta autonomía, aunque necesita ayuda para compras y labores de casa. «Yo digo que en nuestro caso no es especialmente grave a día de hoy, pero hay casos muy graves y muy urgentes para atender», advierte. Lo que reclama es que la Administración no se limite a reconocer el derecho y asignar una cuantía, sino que haga seguimiento hasta que el servicio se preste.

Esperar sin respuesta

La familia Montesdeoca vivió una espera parecida, pero con un desenlace más duro. En verano de 2025 inició la solicitud de ayuda a domicilio para sus padres, ambos de 95 años, por recomendación de la enfermera que los atendía en casa. Tras reunir certificados, informes, DNI compulsados y documentación de distintas administraciones, presentaron la solicitud en el Registro del Gobierno de Canarias a finales de agosto. Les dijeron que, dada la avanzada edad de ambos, la valoración iría por la vía más rápida.

La visita de la asistente social llegó a mediados de noviembre y, a finales de ese mes, se reconoció la dependencia: Grado III para el padre, con 720 euros mensuales, y Grado I para la madre, con 360 euros. La notificación por correo certificado, imprescindible para iniciar los trámites con las empresas, llegó a mediados de enero. Entonces comenzó otra espera.

Primero contactaron con dos empresas cercanas al domicilio familiar. Al no lograr hablar por teléfono, acudieron a una de ellas personalmente a sus oficinas. En una les dijeron que no tenían personal para el horario que pedían, pero que llamarían al día siguiente. «Jamás llamaron», relata la familia.

Búsqueda de más opciones

En otra les ofrecieron diez horas semanales: siete para el padre y tres para la madre. Aceptaron el presupuesto el 26 de enero y, después, silencio. Recurrieron entonces a otra empresa que no figuraba en el listado oficial del Gobierno y que, al principio, respondió con rapidez pero tampoco se materializó.

El 19 de febrero, el padre falleció sin haber recibido el servicio domiciliario. Días después, la primera empresa volvió a contactar para realizar la visita y firmar el contrato. Finalmente, el 5 de marzo firmaron para las cuatro horas correspondientes a la madre, pero la ayuda seguía sin empezar semanas después.

En esa familia queda una idea que se repite en otros hogares: el problema ya no está solo en el tiempo que tarda la Administración en resolver, el bloqueo aparece después, cuando el derecho ya está reconocido y el dinero asignado, pero la persona dependiente sigue sin atención.

Más allá de la vejez

El caso de Victoria Munguía añade otra dimensión al problema. Su hermano, de 58 años y con parálisis cerebral, vive con su madre, de 88. Ella reside en Inglaterra y otro hermano vive cerca, pero no siempre puede estar disponible. «Para nosotros esta empresa son nuestras manos», explica Victoria. La frase resume la dependencia absoluta de una ayuda que implica una pieza básica para que la familia pueda sostener la vida diaria.

El servicio comenzó la primera semana de diciembre, con dos horas al día de lunes a viernes. La función principal era atender a su hermano: asearlo, ayudarlo, garantizar que pudiera acudir al centro al que va habitualmente de 8.00 a 15.00 horas. «Mi hermano necesita ayuda 100%», recalca. Su madre, pese a su edad, sigue haciendo mucho, pero Victoria insiste en que no puede con todo.

Desde el inicio hubo faltas. Según Victoria, la trabajadora dejó de acudir varios días y esas horas no se recuperaron. Hace tres semanas, directamente, el servicio se interrumpió. La explicación fue la falta de personal y la baja de la empleada. «No pueden sustituir a la chica», le dijeron. Tampoco le ofrecieron un cuadrante alternativo, aunque ella pidió que, si no podían ir todos los días, al menos acudieran dos o tres veces por semana.

Empresas que realizan el cobro sin otorgar el servicio

En una ocasión, tras insistir mucho, enviaron a una trabajadora durante una hora. «Vino corriendo, apenas lo atendió y se fue», relata. La familia se siente abandonada por la empresa y por el sistema. Victoria ha presentado una reclamación ante Dependencia y ha comenzado a buscar alternativas por su cuenta.

Su crítica no se dirige solo a las empresas. También interpela a la Administración. «Los usuarios estamos limitados a las empresas que el Gobierno de Canarias nos dice», señala. Se pregunta por qué se mantienen empresas que no responden o no cumplen y por qué no se permite elegir con más libertad. También cuestiona que una entidad pueda seguir cobrando si no presta el servicio.

Tomás Morales describe el mismo atasco desde otra experiencia. En su caso, el reconocimiento de la dependencia se ha agilizado, pero la ayuda a domicilio no termina de funcionar. Su conclusión coincide con la de otras familias: al resolverse más expedientes, las empresas parecen estar desbordadas.

A su madre le correspondían tres horas y cuarto semanales. Tras contactar con varias empresas, solo una respondió. Hubo una visita, se habló de horarios y tareas, y la empresa dijo que tardaría unas dos semanas en empezar. Al final llamó mes después, pero la propuesta ya no coincidía con lo acordado.

Servicios interrumpidos

«Querían venir a una hora que no tenía nada que ver con lo que habíamos hablado», señala. La empresa ofrecía acudir a la una y media, pero la familia había indicado que el horario adecuado era de once a una. «Mi madre a la una y media tiene que estar comida y medio acostada ya», explica. Desde entonces, siguen esperando una nueva respuesta.

Tomás no ha presentado reclamación, pero conoce otros casos similares o peores: servicios que empiezan y luego se interrumpen, trabajadoras que no acuden, familias que no reciben aviso, empresas que no responden. «Si te lo dan, te lo dan mal», resume. En su caso la situación familiar no es tan grave como en otros hogares, pero eso no resta importancia al fondo del problema: una ayuda reconocida que no siempre se convierte en atención.

Desamparo institucional

Los testimonios dibujan un mismo recorrido. Primero, la solicitud. Después, la valoración. Más tarde, la resolución. Y, cuando las familias creen que por fin llega el alivio, aparece una nueva fase de incertidumbre: llamadas sin respuesta, correos ignorados, horarios imposibles, falta de personal, bajas sin cubrir y servicios que no arrancan. La dependencia deja de ser entonces una prestación efectiva y se convierte en un laberinto sin salida. En todos los casos, las familias evitan cargar únicamente contra las trabajadoras. Al contrario, muchas reconocen la dureza de su labor.

La consecuencia es una sensación compartida de desamparo institucional. Personas mayores, familiares con discapacidad, madres de casi 90 años, hijos que trabajan, hermanos que viven lejos y hogares que intentan sostenerse con turnos, favores y dinero propio. La ayuda existe, pero a veces solo en el papel. Y mientras la Administración, las empresas y las familias buscan responsabilidades, quienes necesitan el servicio siguen esperando en casa.

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