Dependencia reconoce cientos de reclamaciones por la ayuda a domicilio y anuncia nuevas medidas para mejorar el servicio en Canarias
La Dirección General limita su margen de actuación al tratarse de contratos privados y apuesta por reforzar la inspección, ampliar la oferta y poner en marcha un modelo público para garantizar la atención
Una cuidadora permanece sentada con la mujer mayor a la que asiste. / Mariscal
La Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias reconoce que recibe «cientos de reclamaciones» de usuarios relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio, especialmente por problemas con las empresas que lo prestan. Sin embargo, insiste en que la Administración no puede intervenir directamente en estos casos al tratarse de contratos privados entre las familias y las entidades.
«Cuando concedemos una prestación económica vinculada al servicio, se genera un contrato privado entre una empresa y una persona con dependencia», explica la directora general, Concepción Ramírez. «La Administración no tiene la potestad de llamar a una empresa y obligarla a prestar el servicio», resume. Este marco limita la capacidad de actuación ante situaciones como las que denuncian las familias: retrasos, falta de personal o interrupciones en la atención. «Es el ciudadano quien tiene que rescindir ese contrato si no está conforme», añade.
Contratos privados y límites de actuación
Ante esta realidad, la Dirección General ha impulsado varias medidas. La principal es la puesta en marcha de un nuevo modelo de ayuda a domicilio como servicio público, a través de una licitación que se resolvió a finales de marzo y que comenzará a funcionar en mayo con la empresa adjudicataria BCM. Esta iniciativa permitirá atender a usuarios en islas donde hasta ahora no existía cobertura suficiente. Según detalla el Gobierno, el nuevo servicio contará con una inversión de 16,8 millones de euros y permitirá atender a unas 1.500 personas, que se sumarán a las más de 1.800 ya cubiertas en otras islas.
Cuidado de una anciana. / Europa Press
Ramírez explica que esta licitación se ha retrasado varios meses debido a recursos presentados por empresas privadas del sector, que cuestionaban la iniciativa pública. «No puede primar el interés particular de una empresa sobre el interés general del ciudadano», sostiene. Además, la Dirección General ha puesto en marcha un plan para reforzar la inspección y el control de calidad del servicio. «No se trata de ir a la empresa y que nos cuente su versión, sino de acudir a las casas y ver qué está pasando», señala. El objetivo es visitar a las personas que han presentado reclamaciones y, si procede, abrir expedientes sancionadores.
Plan para raforzar la inspección
Otro de los problemas detectados es la falta de personal. Aunque las empresas alegan dificultades para contratar, desde el Gobierno apuntan a las condiciones laborales. «Hay 6.200 personas con formación sociosanitaria en paro en Canarias», indica Ramírez.
«Hay 6.200 personas con formación sociosanitaria en paro en Canarias»
La directora general subraya que no todas las empresas funcionan mal y que algunas prestan el servicio con calidad. No obstante, reconoce la necesidad de mejorar el sistema. «Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad absoluta», recuerda.
Para paliar la falta de profesionales, el Ejecutivo también ha impulsado charlas para fomentar el trabajo autónomo en este ámbito, con el objetivo de ampliar la oferta y reducir la lista de espera, que ronda las 4.800 personas. «Tenemos claro que hay que tomar medidas», concluye Ramírez.
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