Canarias cree que el apoyo de Moncloa facilitará que Bruselas permita limitar la venta de casas a no residentes

Canarias está en emergencia habitacional debido a su territorio limitado, un estructural crecimiento poblacional de 20.000 personas al año debido a la llegada de foráneos y la falta de viviendas en el mercado inmobiliario capaz de satisfacer tanta demanda. En este escenario, el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, compareció este martes en el Parlamento para abordar dos asuntos vitales: lograr que la Unión Europea (UE) permita restringir la venta especulativa de casas a no residentes y adoptar medidas propias para favorecer que la población canaria pueda acceder con facilidad a una vivienda pública.

Rodríguez subrayó que el gran hecho "novedoso" en el debate sobre la crisis habitacional es que el Gobierno de España se ha alineado con el Ejecutivo canario en la necesidad de estudiar medidas que limiten la compra de viviendas por parte de no residentes cuando exista un interés general acreditado y para evitar la especulación.

Elemento especulativo

"Hasta ahora íbamos solos, pero ahora tenemos el respaldo del Estado", aseguró tras recordar que un tercio de las operaciones inmobiliarias en Canarias han sido realizadas por no residentes, un dato que, a su juicio, obliga a actuar para evitar que la vivienda se consolide como "un elemento especulativo" en un territorio limitado, fragmentado y sometido a una presión demográfica y turística singular.

Rodríguez explicó que el Gobierno canario ha actualizado un informe jurídico elaborado en 2003, durante la Presidencia de Adán Martín, que sostiene que existen vías legales para limitar las segundas residencias y aplicar medidas fiscales siempre que respondan a razones de interés general, sean proporcionadas y no discriminatorias.

El encaje jurídico, según señaló, se encuentra en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reconoce las singularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP) y permite adaptar determinadas políticas a sus condiciones específicas.

Reforzar el arraigo

En paralelo , Rodríguez puso en valor las medidas internas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para garantizar un acceso más justo a la vivienda pública. En este sentido, destacó la reciente aprobación del decreto que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación.

Según explicó, esta norma supone "un cambio estructura" porque elimina definitivamente el sistema de sorteo y lo sustituye por un modelo de baremación objetiva, en el que se prioriza la situación real de necesidad de las familias solicitantes. El nuevo sistema, además, refuerza el arraigo en Canarias como criterio de acceso, con el objetivo de que la vivienda protegida responda mejor a la realidad social del Archipiélago.

Con esta reforma, el Gobierno canario pretende que la adjudicación de vivienda pública deje de depender del azar y se vincule a criterios de vulnerabilidad, necesidad habitacional y vinculación real a las Islas.

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