El presidente de Canarias acusa a la UE: "Pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles"

Canarias lleva años afrontando en solitario la crisis humanitaria derivada de la inmigración que llega a las Islas procedente del continente africano. No es un debate nuevo en el Parlamento, pero este martes volvió a ser protagonista debido tanto a la inminente puesta en marcha el 12 de junio del Pacto Europeo de Migración y Asilo como al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes abierta el 16 de abril en todo el Estado. No es de extrañar, por tanto, que en este contesto el presidente Fernando Clavijo eleve el tono: "El sistema pretende que los migrantes se queden recluidos en territorios limítrofes para que no molesten a los países ricos por sus calles".

La frase resume el malestar del Ejecutivo canario ante un marco europeo que comenzará a funcionar "en plena visita del Papa León XIV a Canarias" y que, a juicio del presidente, traslada la presión migratoria a las fronteras exteriores de la UE y deja a territorios como el Archipiélago expuesto a una sobrecarga difícilmente asumible y que puede convertir al Archipiélago en un espacio de retención prolongada de personas migrantes, especialmente si se aplican periodos de hasta seis meses para adultos.

Para Clavijo esa fórmula no solo tensionaría aún más los recursos de las islas, sino que consolidaría un modelo injusto, diseñado para contener la migración lejos de los grandes centros políticos y económicos europeos.

20.000 euros por ser humano

El presidente rechazó además la posibilidad de que los Estados miembros puedan pagar para eludir sus obligaciones de acogida, un mecanismo que "pone precio" -"20.000 euros por cabeza, ese es el precio de un ser humano", recordó el nacionalista David Toledo- a la gestión migratoria y permite que los países con más recursos descarguen la responsabilidad sobre regiones frontera.

Al respecto, repitió una idea que ya expuso hace semanas, basada en que esta lógica que propugna la UE convierte a Canarias en un "sumidero y un agujero negro" de incumplimiento de derechos humanos y refleja una "mala política" incapaz de afrontar el fenómeno migratorio desde la corresponsabilidad entre instituciones.

En este escenario, el jefe del Ejecutivo autonómico también cargó contra el Gobierno de España por la falta de diálogo en una materia que considera esencial para las Islas y lamentó que no se haya convocado hasta ahora "ni una sola conferencia sectorial de inmigración ni una conferencia de presidente" para fijar una posición común ante el nuevo reglamento europeo.

"¿Dónde está España?"

Al respecto, el nacionalista David Toledo también cuestionó el papel del Ejecutivo estatal ante este escenario y criticó que no se haya convocado la Conferencia de Presidentes para abordar un asunto de tal magnitud."¿Dónde está España en todo esto?", se preguntó.

Por ello, alertó de la falta de información operativa sobre la aplicación del pacto, señalando que ni las ONGs ni los cuerpos policiales conocen con claridad cómo se va a gestionar. «No hay coordinación, no hay planificación y no hay comunicación», denunció.

Al respecto, el presidente recordó que a próxima cita con el Estado para abordar este asunto será el 18 de mayo y confió en que ese encuentro suponga "un punto de inflexión" para aclarar la postura española, avanzar en la regularización y garantizar que el Archipiélago no quede nuevamente solo ante una realidad que supera su capacidad de respuesta.

"Colas de la vergüenza"

Las críticas al Gobierno que preside Pedro Sánchez se extendieron al operativo para proceder a la regularización extraordinaria de inmigrantes, que apoya, pero que considera que trata "de manera indigna" a quienes quieren regularizar su situación, a los que somete a "esas colas de la vergüenza que ahora mismo se están dando en los ayuntamientos".

"Estar del lado de las personas no es tener a la gente días en una cola, a la intemperie y bajo el solajero ni tratar este asunto desde el oportunismo político", afirmó.

Una situación que ha sucedido porque, a su juicio, el Estado no tuvo en cuenta antes de aprobar la medida ni a las autonomías ni a los ayuntamientos, que tienen que expedir certificados "que ni siquiera saben cómo emitir".

Ambigüedad presidencial

Esta argumentación presidencial fue aprovechada por el portavoz socialista, Sebastián Franquis, para acusar al jefe del Ejecutivo de mantener una posición ambigua para no molestar a sus socios del PP en el Gobierno, ya que por una parte dice que es positivo y que está de acuerdo, pero por otra "pone dificultades a lo que ha aprobado el Gobierno".

"Este debate no admite ambigüedades, porque hablamos de personas que ya viven y trabajan en nuestras islas, que forman parte de nuestro tejido productivo y social, aunque algunos prefieran seguir ignorándolo", afirmó el portavoz socialista.

Franquis insistió en que la regularización cuenta con una legitimidad social -una iniciativa legislativa avalada por 700.000 firmas y la Iglesia Católica-, política- 310 votos en el Congreso y el único rechazo de Vox- y económica, pues tanto la patronal como los sindicatos respaldan que para lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral, mejora los salarios y refuerza los derechos de las personas trabajadoras.

Dar certidumbre

Clavijo coincidió con el portavoz socialista en que la regularización es positiva porque esas personas "contribuyen y generan riqueza para el país" y dejarán de estar "condenadas a la economía sumergida, o a malvivir, o a la dependencia". Pero a la vez, subrayó que el Ejecutivo central debería haber convocado previamente a la Conferencia de Presidentes y dar certidumbre a los ayuntamientos para gestionar adecuadamente este proceso de regularización.

"La regularización es positiva, pero también es la expresión del fracaso de la política migratoria y del control de fronteras" y además "deberíamos hablar entre todos para hacerlo, por lo que nos hubiese gustado poder haber establecido una cita previa, reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos, haber tenido información correcta y haber preparado el dispositivo", concluyó el presidente.

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