Los empresarios advierten: un año de prórroga es insuficiente para ejecutar todos los proyectos de renovables

El sector industrial y las patronales sectoriales valoran la opción de ampliar un año más la ejecución de los fondos europeos Next Generation para los proyectos de energías renovables, pero lo ven insuficiente y reiteran la necesidad de que sea por dos años, hasta diciembre de 2028. "La solicitud del Gobierno de España podría servir para que algunos proyectos puedan ejecutarse pero otros muchos no podrán hacerlo, por lo que Canarias perderá fondos europeos y dejarán de ejecutarse planes de energía sostenible", advierte el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa. En este sentido el dirigente empresarial recuerda que "están en riesgo proyectos por valor de casi 250 millones de euros y no podemos perder ninguno".

Tanto las organizaciones empresariales como los cabildos y el Gobierno regional han hecho causa común en esta reivindicación y reclaman que se contemple para las Islas lo mismo que el Ministerio de Transición Ecológica permite al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que ha ampliado dos años las ayudas a las renovables que gestiona, por lo que Canarias quiere el mismo trato. "Debemos pensar que la ejecución de este tipo de proyectos depende de autorizaciones, licencias, etcétera, que muchas veces retrasan su ejecución, máxime en una situación como la de Canarias donde logísticamente todo es más complicado y requiere de un mayor plazo", añade Correa, por lo que en el Archipiélago "debemos seguir solicitando la ampliación del plazo de ejecución y justificación".

Un poco de "oxígeno"

La presidenta de la Federación del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), Patricia Jiménez, cree que esta posible prórroga da cierto “oxígeno” para sacar una parte de los proyectos que ya están en marcha pero no es suficiente para llevarlos a cabo todos. "Se seguirán perdiendo fondos e inversión, además de una oportunidad para la transformación energética de Canarias", advierte. En opinión de Jiménez, con esta ampliación se podrían ejecutar el 60 o el 70% de los proyectos de los 242 millones de euros que están comprometidos.

Las organizaciones empresariales insisten en que las instalaciones de esta tipología son complejas, dependen de permisos administrativos, licencias de obra, de la importación de los elementos o maquinaria y, al ser islas, todo es más complejo y se tarda más, por lo que "necesitamos los dos años, no podemos bajar la guardia ni dejar de pedirlos", destaca la presidenta de Femepa, y avisa: "si los proyectos del IDAE van a tener la prórroga, Canarias solo pide lo mismo".

En la misma línea se pronuncia el presidente de la patronal del metal de Tenerife (Femete), Juan Antonio Jiménez, ya que "si la ampliación es de un año hay una parte de los proyectos que se va a quedar fuera, se van a solventar las pequeñas inversiones pero los grandes proyectos y las comunidades energéticas lo van a tener más complicado para acabar los planes". Llegar hasta 2028 "es la única manera de cubrir todos los proyectos y ejecutar las inversiones porque hay muchas que tienen una parte técnica complicada y solo en el desarrollo del proyecto un año se les queda corto".

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