Turismo de Canarias niega "una cacería" contra los propietarios de viviendas en zonas turísticas

"Aunque me vean como la enemiga por hacer cumplir la ley de 2013, no hay una cacería contra los propietarios de viviendas en zonas turísticas". La frase, pronunciada este martes por la consejera de Turismo, Jéssica de León, estaba dirigida a los representantes de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) presentes en el Parlamento para asistir al debate sobre la situación en la que se encuentran los expedientes sancionadores incoados a las familias residentes en zonas turísticas.

Tanto el PSOE, a través de Gustavo Santana, como NC-Bc, con la intervención de Esther González, pidieron explicaciones por lo que consideran el fracaso del decreto aprobado hace un año por el Ejecutivo autonómico para dar seguridad jurídica a estos propietarios pero De León fue taxativa al afirmar que no existe una vía legal para paralizar de forma inmediata los expedientes sancionadores abiertos contra quienes utilizan esas viviendas como residencia habitual o segunda residencia.

De León cifró en 176 los expedientes sancionadores abiertos debido a actuaciones de oficio derivadas de denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos. Ante esas denuncias, sostuvo, el Gobierno de Canarias no puede mirar para otro lado y tiene la obligación legal de actuar.

El Gobierno de Canarias admite que no puede frenar las sanciones impuestas a los propietarios

Cambiar la ley

Para la consejera, la única salida viable pasa por reformar el marco normativo del año 2013 que distinga entre tres realidades diferentes: complejos que se han residencializado, apartamentos usados como segunda residencia y viviendas explotadas como vacacionales sin gestor turístico.

Mientras tanto, pidió "serenidad" colaboración institucional y responsabilidad a los partidos de la oposición. También pidió disculpas a las familias afectadas y aseguró que el Ejecutivo lleva "meses" trabajando con cabildos y ayuntamientos para diseñar una nueva ordenación urbanística. En ese contexto, destacó el trabajo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que prepara una ordenanza municipal que podría servir de referencia para otros municipios turísticos del Archipiélago.

PSOE y NC-Bc denuncian el fracaso del decreto y el sufrimiento de miles de familias afectadas

La explicación no convenció a los grupos que forzaron la comparecencia. El socialista Santana recordó que el Gobierno prometió hace un año seguridad jurídica para los propietarios y que, desde entonces, la Consejería ha tramitado 62 nuevos procedimientos sancionadores. A su juicio, el Ejecutivo de CC y PP ha priorizado la unidad de explotación turística frente al derecho de los afectados a conservar y habitar sus viviendas.

"Gran sufrimiento"

Más dura fue la intervención de la ‘canarista’ González al denunciar el "gran sufrimiento" de familias sancionadas por residir en inmuebles ubicados en zonas turísticas, pero en suelo mixto y no exclusivamente turístico. La diputada afirmó que 2.000 familias han sido sancionadas y acusó a la Consejería de alimentar un clima de miedo entre vecinos obligados a elegir entre permanecer en sus hogares o enfrentarse a multas.

González sostuvo que la normativa vigente favorece la expulsión de población local para reforzar la explotación turística de estos inmuebles. Por ello, exigió la revisión de oficio de los expedientes sancionadores, que empujan a los afectados a acudir a los tribunales.

Suscríbete para seguir leyendo