Beatriz Sánchez y Jaime Serrano-Jover aspiran a la Fiscalía Superior de Canarias

Beatriz Sánchez Carreras y Jaime Serrano-Jover González son los dos candidatos a ocupar la Fiscalía Superior de Canarias, la máxima representación del Ministerio Fiscal en el archipiélago. La plaza, con sede en Las Palmas, fue convocada el pasado 1 de abril al quedar vacante el cargo por el ascenso de María Farnés Martínez-Frigola como fiscal de sala jefa del Tribunal Supremo, en la sección Penal. Para optar al puesto se exige pertenecer a la segunda categoría y contar con al menos quince años de servicio. La candidatura de ambos fiscales sitúa el proceso en su fase decisiva, pendiente del informe del Consejo Fiscal que, previsiblemente se dará a conocer hoy.

La pugna enfrenta dos perfiles distintos dentro del Ministerio Público canario. De un lado, Sánchez Carreras, fiscal jefa provincial de Las Palmas, con una dilatada carrera marcada por su especialización en la protección de víctimas de violencia sobre la mujer y menores. Del otro, Jaime Serrano-Jover González, fiscal delegado de Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife desde 2022, también cuenta con un largo itinerario en la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Sánchez Carreras es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, promoción 1981-1986, ingresó en la Carrera Fiscal por Orden Ministerial de 12 de febrero de 1990, con destino en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Ha sido fiscal de menores hasta finales de 1995, fiscal delegada para la Protección de Víctimas entre 2005 y 2007, y fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer desde octubre de 2007 hasta que en 2017 fue nombrada fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. El nombramiento se produjo a propuesta del Ministerio de Justicia. En 2023 volvió a ser nombrada fiscal jefa de la misma Fiscalía, esta vez por Real Decreto 163/2023. Su perfil institucional se completa con su condición de vocal del Consejo Fiscal desde mayo de 2022.

La hoja de servicios de Sánchez Carreras también recoge una línea de especialización sobre víctimas menores y violencia sobre la mujer. Entre sus distinciones constan la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, el reconocimiento de la Delegación del Gobierno en Canarias por su labor contra la violencia de género, la Cruz de Plata al mérito policial de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y la Cruz con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Desde su u toma de posesión como fiscal jefa provincial de Las Palmas, Sánchez Carreras se comprometió a «combatir la corrupción económica, urbanística y medioambiental así como la desigualdad vinculada a la violencia de género».

Serrano-Jover ha investigado asuntos tan mediáticos como el caso Arona, Áridos o Mediador

Jaime Serrano-Jover se licenció en Derecho en la Universidad San Pablo C.E.U., en 1998. En mayo del 2003 aprobó la oposición de acceso a la Carrera Judicial y Fiscal y se decantó por esta última. Posee formación específica sobre delincuencia y corrupción urbanística, corrupción política/pública, delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, y especialidad en delitos económicos.

En abril de 2004 fue destinado a la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma, donde ejerció como fiscal coordinador. Un año más tarde llegó a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. En enero de 2008 ascendió a fiscal de segunda categoría. Entre marzo de 2009 y febrero de 2010 estuvo adscrito a la sección de Extranjería. Desde diciembre de 2011 trabajó en la Fiscalía para la Prevención de delitos relacionados con la corrupción. A partir de 2015 desarrolló su labor en la sección de Medio Ambiente y Urbanismo. Luego estuvo adscrito al Servicio Civil hasta marzo de 2020. En 2021 compaginó la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo con la sección de Anticorrupción hasta que un año más tarde, en 2022, fue nombrado fiscal delegado de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en régimen de exclusividad.

Sánchez Carreras ha actuado en causas relacionadas con menores y mujeres víctimas de la violencia

Ese nombramiento lo colocó en el centro de una de las posiciones más sensibles del Ministerio Público en Tenerife. La plaza quedó vacante tras el cese de María Farnés Martínez Frigola, nombrada entonces fiscal superior de Canarias. Serrano-Jover fue el único solicitante, aportó currículum profesional y su candidatura fue informada favorablemente por la fiscal jefa provincial de entonces, Carmen Almendral, y por el fiscal de Sala jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón Cánovas.

Su designación como delegado de Anticorrupción supuso un cambio relevante en su proyección dentro de la carrera fiscal al situarlo al frente de una materia especialmente sensible: la persecución de la corrupción y la criminalidad organizada.

Respecto a algunas de las actuaciones de los fiscales en procedimientos judiciales, Sánchez Carreras coordinó la investigación relativa a una presunta red de prostitución con menores tuteladas en Gran Canaria. También en 2022 se vinculó a la investigación tras la denuncia por tres delitos contra un centro de menores de Gran Canaria.

En el caso de Serrano-Jover, sus intervenciones en procedimientos judiciales penales han tenido una mayor visibilidad. El caso Arona, el caso Áridos o el caso Mediador son, quizás, los procedimientos judiciales que más repercusión mediática han podido tener durante su trayectoria como representante de la acusación pública. Pero también ha estado al frente de otros casos muy sonados por prevaricación administrativa urbanística y contratación pública con diversos mandatarios de las administraciones públicas locales e insulares de la provincia tinerfeña como imputados.

Como fiscal Anticorrupción, mantuvo en enero de este mismo año la acusación por cohecho contra los tres acusados de la primera pieza del caso Mediador, que fueron finalmente condenados tras el veredicto de culpabilidad del tribunal del jurado en la Audiencia Provincial. Durante la instrucción de esta macrocausa, cuya pieza principal se juzgará previsiblemente a principios de 2027 en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, pidió la prisión provisional para el general retirado Francisco Javier Espinosa Navas, al apreciar riesgo de fuga y ocultación o destrucción de pruebas.

En esa misma causa, Serrano-Jover intervino ante la petición policial para registrar el despacho del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el Congreso. Se opuso al acceso sin restricciones por la inviolabilidad de las Cortes, aunque planteó acudir al Congreso para recabar autorización sobre dispositivos y efectos del investigado.

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